Sitio oficial del Ejército de Liberación Nacional de Colombia
Uribe la semana pasada sentenció, ‘no se puede resolver los problemas de tierras al costo de permitir invasiones que generen de nuevo sangre a manos de la justicia privada’, al día siguiente más de 400 terratenientes desfilaron en camionetas blancas en Plato, Magdalena, para atemorizar los pobladores.
El 9 y 10 de septiembre se conmemoraron dos años de la masacre de 14 personas y más de 305 heridos a manos de la Policía en Bogotá y Soacha, lucha contra la crueldad policial que hoy se mantiene pues militares y paramilitares continúan atacando la protesta social.
El Informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (Gitoc) ubica a Colombia como el segundo país con más cantidad de organizaciones y mercados criminales superado solo por la República Democrática del Congo, el estudio abarcó los 193 países miembros de la ONU [1].
La participación cuando es ‘de verdad’ es democracia, es el pueblo no sólo las élites incidiendo en su propio destino, la participación será un componente decisivo en el Proceso de Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Luego de presentarse el Informe Final de la Comisión de la Verdad, y a escasas dos semanas del inicio del nuevo Gobierno, el país cuenta con una nueva investigación sobre el arma paramilitar, necesaria para avanzar en la superación la violencia endémica que amenaza nuestra existencia como sociedad.
La semana pasada en su visita a Bogotá los voceros de Estados Unidos afirmaron que sus políticas del pasado contra el narcotráfico han marginalizado a algunas personas en Colombia, narrativa edulcolorada de los desastres humanos y medioambientales que acarrean.
El Gobierno de Santos en 2016 con la Ley 1776 creó la Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), para entregar baldíos a megaproyectos mineros y de agronegocios, desde entonces allí recrudecieron el exterminio de la dirigencia popular.
La ONU declaró el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para honrar a los 370 millones de personas de más de 5.000 Pueblos en 90 países, que hablan 7.000 lenguas, población amenazada de extinción por el sistema depredador imperante.
“Hay gente que ha ahogado el país en sangre para evitar cualquier cambio y estamos ante esta etapa aguda, pero a su vez ante una respuesta colectiva de simpatía nacional por un proyecto de Pacto Histórico que pareciera suscita mucha esperanza por la vida”: Darío Monsalve, Arzobispo de Cali [1].
Los cuatro años nefastos del Gobierno de Duque se caracterizaron por la exacerbación de la crisis humanitaria, la involución del Estado de Derecho y los mecanismos de la democracia, el incremento de la desigualdad social y la ínfima implementación del Acuerdo de Paz [1].
La Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda declaró que ‘hay bases razonables para creer que los “Falsos Positivos” han sido una política de Estado; estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar podrían considerarse Crímenes de Lesa Humanidad, dichos actos también pueden ser catalogados como Crímenes de Guerra’.
Michel Forst Relator Especial de la ONU en su visita de 2019 informó que “Colombia sigue siendo el país con el mayor índice de asesinatos de personas Defensoras de Derechos Humanos (DDHH) en América Latina, con un alto índice de amenazas, ataques, desplazamientos y otras violaciones” [1].