LOS INDÍGENAS LE EXIGEN AL GOBIERNO CUMPLIR LOS ACUERDOS
Himelda Ascanio
El Movimiento Indígena Nacional (MIN) se declaró en Asamblea Permanente debido a los incumplimientos sistemáticos del Gobierno de Gustavo Petro a los acuerdos suscritos, además afirman que de persistir la falta de diálogo directo con el Presidente realizarán movilizaciones a nivel nacional.
Los 115 pueblos indígenas que agrupa la Mesa Permanente de Concertación (MPC) exigieron el cumplimiento de la Consulta, Previa, Libre e Informada, la implementación del Acuerdo de Paz, reactivar la construcción de una Política Pública para la protección de los Derechos Humanos (DDHH) de los Pueblos Indígenas.
Entre los acuerdos incumplidos señalan la inoperancia del Bienestar Familiar para erradicar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de los Pueblos Indígenas, el desacato a la Sentencia T-302/17 de la Corte Suprema, que declaró la vulneración masiva de derechos del pueblo Wayuú y ordenó al ejecutivo reconocerlos como sujeto de derechos.
Los indígenas exigen al Gobierno políticas eficaces que detengan el exterminio físico y cultural que están soportando, las víctimas pasaron de 6.381 en 2017 a 553.018 en 2022; el 60 por ciento de las víctimas son por desplazamiento, confinamiento y hostigamiento, el 36 por ciento corresponden a asesinato de líderes sociales. El 30 por ciento de los líderes populares asesinados corresponde al sector indígena.
Despojo e intereses económicos en los territorios indígenas
En la Agencia Nacional de Tierras (ANT) existen cerca de 1.199 solicitudes de formalización de territorios indígenas, solo están en trámite el 20 por ciento; 687 solicitudes se ubican en los siete departamentos con mayor registro de homicidios contra indígenas, sobre estos territorios hay traslape de solicitudes para la explotación de hidrocarburos, minería y proyectos de infraestructura.
La falta de acceso a la tierra afecta notoriamente los procesos de soberanía alimentaria y desarrollo de la economía propia, pese a que los resguardos formalizados están en zonas de reserva forestal y lugares sagrados, presentan contaminación en algunas fuentes hídricas producto de la explotación minera y la deforestación lo que ha obligado a los indígenas a desplazarse.
Durante el cuatrienio de Iván Duque los pueblos indígenas soportaron la intensiva militarización bajo el sofisma de combatir el narcotráfico en las Zonas Futuro ubicadas en el Pacífico nariñense, el Catatumbo, Bajo Cauca y sur de Córdoba, Arauca, Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales, áreas que se traslapan con territorios de pueblos indígenas. Además de la aprobación de proyectos sumamente devastadores como la Ley 160 de 1994, que arrebata las tierras, las vende a multinacionales y de esa forma eliminan su función ecológica y ambiental para los pueblos.
Le corresponde al Gobierno de Gustavo Petro cumplir los acuerdos quebrantados, y así garantizar los derechos étnicos que durante décadas se le ha negado al pueblo indígena. De esta forma empezar a saldar la deuda histórica con la población excluida.
¿Los cambios para quiénes?
Weimar Possu Díaz era representante legal y Presidente del Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro y representante de los consejos comunitarios ante el Consejo Territorial de Planeación de Puerto Tejada; fue asesinado el 19 en la vereda Brisas, Puerto Tejada, Cauca.
José Eduardo Cárdenas era Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio la Sub Estación de la comuna Uno en Quibdó, Chocó, fue asesinado el 19 de marzo en esa localidad.
Javier Sánchez Ortega era excombatiente e integró el ETCR El Negro Eliécer Gaitán de Caño Indio en Tibú, fue asesinado el 19 de marzo en la vereda Santa Lucía en Ábrego, Norte de Santander.
Ruby Eliana Mestizo era comunera del Pueblo Nasa, fue asesinada el 19 de marzo en la vereda Palmar, Santander de Quilichao, Cauca.
En el barrio Villanueva, Barranquilla, el 19 de marzo perpetraron una masacre que dejó cinco personas muertas y 14 heridas.
En la vereda La Primavera municipio de Balboa, Cauca, el 21 de marzo perpetraron una masacre que dejó tres personas muertas.
Albert Camilo Mendoza era Fiscal del Consejo Local de Mayores de la Comunidad de Kankuamos de Valledupar, fue asesinado el 21 de marzo en el corregimiento Sabana Crespo de Valledupar, Cesar.
Diego Jair Orbes era comunero Nasa del cabildo Selva Hermosa y Fiscal de la JAC de la comunidad de Jerusalén, corredor San Pedro Arizona, Puerto Caicedo, Putumayo, fue asesinado el 21 de marzo.
En la vereda el Filo, corregimiento La Esmeralda en Rosario, Nariño, el 22 de marzo perpetraron una masacre que dejó cuatro personas muertas.
En el corregimiento Cuestecitas, Albania, La Guajira, el 23 de marzo perpetraron una masacre que dejó de tres personas muertas.