TORTURAN PARA SILENCIAR SECTORES POPULARES
Himelda Ascanio
Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos (DDHH) nuevamente evidencian y ratifican la responsabilidad del Estado colombiano en prácticas genocidas, utilizan la tortura para diezmar a los sectores populares para evitar su organización y el ejercicio de los derechos esenciales.
“Es imposible construir un futuro legal y humano
sobre la persistencia impune de un pasado ilegal e inhumano”.
Padre Javier Giraldo. Revista Noche y Niebla N.º 66
La Coalición Colombiana Contra la Tortura (CCCT) y otras organizaciones de DDHH presentaron el Informe Alternativo en la Sesión 76 del Comité Contra la Tortura (CAT), dedicada a examinar a los Estados partes de la Convención, sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas para efectos de erradicar e investigar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984 [*].
El Informe documenta que en Colombia se cometieron 495 torturas entre el primero de enero de 2015 y el 30 de junio de 2022, el 12 por ciento de las víctimas son mujeres, el 55 por ciento hombres y 12 casos fueron reportados contra niñas y niños. La práctica de sometimiento como mecanismo para enviar mensajes ejemplarizantes la realizaron en 27 departamentos, incluido el Distrito Capital; la mayor concentración de victimizaciones está en el Cauca con 68 casos, Norte de Santander 50, Bogotá 46, Antioquia 42 y Valle del Cauca 37.
Se registraron 546 hechos de violaciones de DDHH, tales como técnicas corporales y psicológicas en el mismo instante o después de llevarse a cabo la tortura entre diciembre de 2015 y 2018. Las Fuerzas Armadas (FFAA) son responsables del 53 por ciento de las torturas, mientras que sus aliados los narcoparamilitares cometieron el 15 por ciento, del 22 por ciento no se identifica el autor.
En cuanto a las violencias sexuales entre el primero de enero de 2017 y octubre de 2022 se cuentan un total de 3.811 víctimas, de las cuales 3.449 son mujeres, 277 son hombres y 85 son LGBTI. Los principales responsables son miembros de las FFAA y servicios de inteligencia con un total de 286 casos.
Crueldad para sofocar la protesta social
Los investigadores encontraron que los actos de tortura se recrudecieron durante la pandemia del Covid-19 y el Estallido Social de 2021. El Gobierno de Duque (2018-2022) decretó restricciones que afectaron la salud de un número importante de personas privadas de la libertad y profundizaron la sistemática violación de DDHH, declarada por la Corte como Estado de Cosas Inconstitucionales en las cárceles, que llevó a protestas y huelgas en los centros penitenciarios, donde se documentaron 24 muertes y 173 heridos, perpetrados con linchamientos, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura.
Las medidas de Duque durante la pandemia facilitaron que las FFAA violentaran la integridad de la población. En septiembre de 2020 asesinaron a Javier Ordoñez lo que generó rechazo social, la Policía respondió masacrando a 13 personas e hiriendo 305 más. Durante el Estallido Social del 2021 se documentaron 133 asesinatos y 2.820 casos de torturas.
La CCCT concluye que el Estado colombiano no ha cumplido con las recomendaciones emitidas por el CAT, por el contrario, la tortura sigue siendo un crimen no investigado perpetuando la impunidad, especialmente porque los principales responsables son las FFAA y utiliza las investigaciones judiciales para criminalizar la protesta social.
Liderazgos sociales decapitados
Jairo Zuleta fue directivo de la Colonia de Nariño en Medellín y miembro de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Morro Azul de Nariño, Antioquia, fue asesinado en esa localidad el 17 de abril.
Sorelsi Johana Echavarría Cañas de 41 años, integrante de la JAC del Barrio Popular N°2 en Medellín que ejercía como Madre Comunitaria, fue asesinada el 17 de abril en el sector Finca La Mesa.
En Río Quito, Chocó, el 17 de abril perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales.
José Isaías Quiguanás era Médico Tradicional del Pueblo Nasa en Tacueyó, fue asesinado el 18 de abril en la vía que comunica El Palo con Corinto, Cauca.
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[*] Colombia pasará examen ante la ONU sobre prevención y atención de la tortura. Comisión Colombiana de Juristas, 19-04-2023.