LA MACROCRIMINALIDAD DE LAS FFAA DURANTE EL PARO NACIONAL
Himelda Ascanio
Se revelaron interceptaciones telefónicas que evidencian la existencia de una red de tráfico de armas en el Ejército, que además confirman la participación directa de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la estructuración del paramilitarismo urbano que asesinó manifestantes durante el Estallido Social del 2021.
El 25 de enero fueron capturados Eduardo Molina Berrio y su hijo Eduardo Molina Obando integrantes de una red de traficantes de armas, socios del Sargento Johnny Moreno el principal comprador de armas robadas a la Tercera Brigada del Ejército en Cali; operativo en el que también capturaron otros cinco militares en Bogotá, Cali y Florencia.
El 9 de mayo de 2021 los Molina compraron armamento y municiones por 28 millones de Pesos, posteriormente se comunicaron con un Policía de apellido Soto, a quien le confirmaron que ellos y otro grupo de civiles dispararon a los ‘indios y guerrilleros’ el 28 de mayo en Ciudad Jardín de Cali, y que no utilizaron armas traumáticas -como dijo el paramilitar Andrés Escobar-, además de coordinar con la Policía ‘las actividades de limpieza’ que realizaron durante las manifestaciones [1].
Los que dieron la orden
Estas revelaciones de la Fiscalía confirman la investigación y la Sentencia del Tribunal Popular de Siloé (TPS) contra el Estado colombiano, por el Genocidio Continuado contra la juventud y sus formas organizativas, por medio de la perpetración de Crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra ordenados y ejecutados por Iván Duque, Diego Molano, Eduardo Zapateiro, Hoover Pinilla subdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos León y Juan Carlos Rodríguez comandantes de la policía de Cali, Edgar Vega comandante operativo y Néstor Mancilla comandante del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), Clara Luz Roldan Gobernadora y Jorge Iván Ospina Alcalde de Cali.
Durante el Estallido en Cali, Iván Duque por medio del Decreto 575 ordenó la Asistencia Militar avalando la comisión de graves Crímenes de Lesa Humanidad, y la ejecución de maniobras de combate contra manifestantes, como fueron evidenciadas en la Operación Siloé dirigida por Eduardo Zapateiro el 28 de mayo de 2021.
El Informe ‘Torturar y castigar a quien protesta’ afirma que las FFAA dieron trato de Guerra a las personas que se movilizaron en el Paro Nacional, dejando el saldo 133 personas asesinadas, 80 casos de tortura durante detenciones administrativas y/o con fines de judicialización y 2.607 heridos de ellos 107 con trauma ocular grave [2].
No penalizar la protesta social
Las organizaciones que conforman la Mesa por la Reforma Policial rechazan las actuaciones criminales de las FFAA, para amedrentar y vulnerar el derecho a la vida e integridad de los manifestantes, a la vez que exigen investigaciones que cuenten con un enfoque sobre la macrocriminalidad de las FFAA, responsables de graves hechos de arbitrariedad en Cali, Popayán y Bogotá durante el Paro Nacional [3].
El actual Gobierno ha prometido cambios en la Doctrina de Seguridad, que respete la dignidad de las víctimas, sancione a los máximos responsables de violaciones a los DDHH y realice cambios estructurales en las FFAA, para que dejen de actuar como un ente autónomo que no acata al ejecutivo.
Los perseguidos de esta semana
El 13 de marzo en el barrio Los Almendros de Soledad, Atlántico y en la zona rural de Puerto Gaitán, Meta, perpetraron dos masacres, cada una dejó tres víctimas fatales.
Wilson Sarria era excombatiente de las Farc, fue asesinado el 14 de marzo en Belén de los Andaquíes, Caquetá.
Néstor Yesid Martínez Pinto era defensor de los derechos de los pueblos étnicos, fue asesinado el 15 de marzo en Riohacha, La Guajira.
Wilson Bomba era Concejal y Comisario mayor del Resguardo San Lorenzo, fue asesinado el 15 de marzo en Caldono, Cauca, en el ataque resultó herido Cesar Peña coordinador de la Guardia Indígena.
Miguel Ángel Arrieta era excandidato al Concejo Municipal por el Partido Colombia Humana, había denunciando actos de corrupción de la actual administración, fue asesinado el 16 de marzo en Soledad, Atlántico.
____
[1] Red de tráfico de armas del Ejército habría dotado a civiles en el Paro Nacional. El Espectador, 14-03-2023
[2] Torturar y castigar a quien protesta. A Defender la Libertad, 06-04-2022.
[3] Rechazamos el tráfico de armas y municiones de miembros del Ejército durante el Paro Nacional 2021. Mesa por la Reforma Policial, 14-03-2023.