DESPOJO Y RACISMO CONTRA LOS INDÍGENAS
Himelda Ascanio
Los indígenas ponen el 6,6 por ciento de las víctimas del conflicto, cuando solo representan el 4 por ciento de la población, la Corte Constitucional ha declarado por esto un Estado de Cosas Inconstitucional, además de advertir el riesgo de extinción física y cultural de 36 de los 115 pueblos indígenas [1].
Investigaciones periodísticas recientes han revelado que la Policía y la Fiscalía diseñaron un plan para infiltrar y criminalizar a las Autoridades Indígenas de Bakatá (AIB), representantes de más de 2.000 indígenas desplazados de siete pueblos, que acamparon el 29 de septiembre de 2021 en el Parque Nacional de Bogotá, luego de ser desalojados de los inquilinatos [2].
El 6 de abril de 2022, las AIB decidieron bloquear la Carrera Séptima para visibilizar y denunciar falta de atención en salud, alimentación y vivienda que ha causado la muerte de 22 niños, luego de varios diálogos fallidos con el gobierno, la respuesta fue atacarlos con la policía militarizada del Esmad, donde hirieron a 15 indígenas, entre ellos tres mujeres embarazadas y dos niños menores de un año.
Los policías Tangarife e Ibañez adscritos a la Unidad de Antiterrorismo de la Policía, solicitaron autorización para infiltrar a los indígenas “que por su naturaleza violenta, son de alta peligrosidad”, señalan a las AIB de instrumentalizar a los niños y las mujeres para “atacar los funcionarios”, consumo de sustancias psicoactivas y embriagantes, recibir recursos y adiestramiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de caracterizarlos como un Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO), que es “una agrupación de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, con los que pretenden obtener beneficios económicos o materiales”.
Hay que recordar que la colusión entre Fuerzas Armadas y paraestatales han asesinado 397 líderes indígenas desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, junto a la discriminación que sufren en los entornos urbanos, contra sus tradiciones culturales, costumbres y rituales amenazadas de desaparición.
Poderosos intereses económicos contra los territorios indígenas
El despojo continuado que sufren los pueblos indígenas, lo sigue encabezando el Estado que con leyes como la Ley 160 de 1994, les arrebata tierras para venderlas a empresas multinacionales, aplastando la función sagrada y ambiental que tiene el territorio para los pueblos ancestrales. La ofensiva legal la complementan con la guerra sucia narcoparamilitar, encomendada a los Carteles mafiosos que pululan en todo el país.
En la Agencia Nacional de Tierras (ANT) existen cerca de 1.199 solicitudes de formalización y restitución de territorios indígenas, de los que solo han tramitado el 20 por ciento; 687 solicitudes se ubican en los siete departamentos con mayor registro de homicidios contra indígenas, territorios donde están en curso solicitudes para la explotación de hidrocarburos, minería y proyectos de infraestructura; y lo que es peor, ya están formalizados contratos de explotación en zonas de reserva forestal y lugares sagrados, que producen alta contaminación de las fuentes hídricas y deforestación intensiva, que afectan además la soberanía alimentaria y la economía propia, que obliga a los indígenas a desplazarse.
Durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), con la excusa de combatir el narcotráfico, los pueblos indígenas soportaron la militarización y la instalación de la Brigadas militares de Estados Unidos en las denominadas Zonas Futuro, localizadas en el Pacífico nariñense, el Catatumbo, Bajo Cauca y sur de Córdoba, Arauca, Parque Natural Nacional Chiribiquete y otros Parques Nacionales Naturales.
Genocidio en curso
Yenifer Córdoba Henao era de la Junta de Acción Comunal y del Comité de Tierras de la Inspección Barranquilla en Miraflores, Guaviare, fue asesinada el 16 de mayo en la vereda Agua Bonita de Calamar, Guaviare.
En los Estrechos límite entre Caquetá y Amazonas, el 17 de mayo perpetraron la masacre de cuatro menores, uno de ellos de la comunidad Guaquira del Pueblo Murui, quienes habían escapado de las filas de un grupo armado.
Henry Buitrago era excombatiente asesinado el 17 de mayo en Vista Hermosa, Meta.
Sergio Luis Castro era precandidato al Concejo Municipal de Tibú por Colombia Humana, fue asesinado el 18 de mayo en el barrio la Esperanza de Tibú, Norte de Santander.
Alfonso Correa Zapata era excombatiente articulado al Etcr Georgina Ortiz, La Reforma, fue asesinado el 20 de mayo en el Tropezon, Vista Hermosa, Meta.
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[1] Tiempos de vida y muerte. Informe Nacional de Pueblos Indígenas, Onic, 2018.
[2] Racismo y estigmas: el plan de la Policía y la Fiscalía contra los indígenas del Parque Nacional de Bogotá. El País América, 14-05-2023.