CHOCÓ, TAN VIOLENTAMENTE RICO
Himelda Ascanio
Los análisis sobre el departamento de Chocó reflejan los contrastes de un territorio rico pero condenando a la miseria, cambiar esta historia de sometimiento y depredación requiere atención y cambios estructurales, más allá de unos alivios coyunturales.
En un acto reciente de reconocimiento de responsabilidad estatal, la vicepresidenta Francia Márquez, pidió perdón por los crímenes cometidos por militares y paramilitares durante la Operación Génesis realizada en 1997 en Cacarica, Chocó, donde mataron y desplazaron comunidades, les despojaron sus tierras y las mafias se apoderaron de ellas para dedicarlas la monocultivo.
Violencia, pobreza y exclusión
El Informe del Cinep ¿Por qué continúa la Guerra en Chocó?, evidencia la situación del departamento desde 2011 hasta 2021, donde describe la relación entre violencia y muerte como requisito para hacer proyectos extractivos de minerales que operan legal e ilegalmente, en Río Sucio, Quibdó e Istmina. En los municipios que sufren las tasas más altas de homicidios, se concentran los mega proyectos de agroindustria, explotación de minería y rutas de exportación de cocaína.
El Chocó es el segundo productor de oro en un país que obtiene el 41 por ciento del Producto Interno Bruto (PBI) de la explotación de minerales. En contraste con su riqueza natural, el departamento experimenta la mayor tasa de Pobreza Monetaria en la región del pacífico. El índice de Pobreza Multidimensional es de 57 por ciento y el 20 por ciento de la población vive en la miseria, la mortalidad infantil tiene una tasa de 150 por 100.000 habitantes.
Despojo y minería
Chocó tiene una extensión de 4.653.000 Hectáreas, de las cuales el 27 por ciento están inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (Rtdaf), solo el 36 por ciento de los 128 procesos étnicos en curso han finalizado la fase administrativa para ser reconocidos. El 28 por ciento del territorio departamental está afectado por solicitudes o Títulos Mineros y el 16 por ciento está solicitado para explotar recursos naturales.
Los megaproyectos y las mafias extractivas son respaldadas militarmente por el Ejército y la Infantería de Marina en colusión con los narcoparamilitares; el despliegue de tropas estatales pasó de 2.500 hombres en 2014 a 5.000 en el 2020, al tiempo que la avanzada del narcoparamilitarismo arrasa y despoja comunidades enteras; así, el Estado colombiano sigue siendo el responsable, como en Cacarica en 1997, de la crisis humanitaria que genera la codicia depredadora de las mafias en el poder.
La epidemia de corrupción
Otro de los grandes males del departamento es la corrupción. Las elecciones a cualquier cargo público se han concentrado en al menos 4 clanes:
1) el de Niltón Córdoba Manyoma representante a la cámara (2014-2018) investigado por la participación en Cartel de la Toga;
2) los Torres, asociado a Edgar Ulises Torres investigado por concierto para delinquir por vínculos con grupos paramilitares.
3) el clan de Julio Mosquera Ibargüen investigado por concierto para delinquir;
4) el de los hermanos Sánchez Montes de Oca, donde Patrocinio Sanchez fue gobernador y alcalde de Quibdó, condenado por peculado culposo; Odín Sanchez fue Concejal, Diputado y Representante, investigado por concierto para delinquir con grupos paramilitares y Astrid Sanchez que fue alcaldesa, Representarse a la Cámara y Senadora, el Concejo de Estado le adelanta un proceso por fraude electoral.
Últimos líderes perseguidos y asesinados
Herney Muñoz hacía parte del Comité de deporte del corregimiento La Planada de Balboa, Cauca, fue asesinado el 5 de abril.
Jaime León López Carmona, reconocido líder ambientalista, director de la fundación protectora de animales en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia, fue asesinado el 4 de abril.
Jorge Pérez Lopera era un reconocido líder comunitario, hacía parte de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Quebrada del Medio en el municipio de Ituango, Antioquia., asesinado el 3 de abril.
John Jairo Valencia Soto era líder comunitario, Concejal del municipio de Abejorral, Antioquia, hizo parte de la campaña presidencial con el Pacto Histórico, fue asesinado el 3 de abril.
Lenis Yaneth Salazar Vera, lideresa de la JAC del corregimiento de San Pablo, fue asesinada el 2 de abril en Teorama, Norte del Santander.
Tres personas fueron asesinadas en la vereda La Cristalina, zona rural del municipio de Puerto Gaitán, Meta.