Sergio Torres
El régimen colombiano da trato de Guerra a la protesta social, por esto atacó el Estallido Social del 2021 y descarga su aparato justiciero contra los manifestantes que luchan por cambios en el país. Nuevos Informes internacionales critican este trato.
No son pocas las iniciativas, condenas, recomendaciones y/o llamados de atención que se han hecho sobre las barbaridades que la Policía y el Ejercito cometieron durante el Estallido Social en 2021. Así como sobre las represalias, persecuciones y condenas que han tenido los liderazgos sociales que participaron en las manifestaciones. Organizaciones de diverso tipo se han expresado, coincidiendo en las evidentes violaciones y tratamiento de guerra que el Estado colombiano le dio a las protestas y la saña que continuó dándole desde el punto de vista judicial, condenando y negando las posibilidades de recobrar la libertad a los capturados.
Otro informe que cuestiona el trato de Guerra
Hace 3 semanas se conoció el Informe del Grupo de Relatores Especiales, que forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que coinciden con los planteamientos hechos por varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos, al señalar el tratamiento desproporcionado y amedrentador que la justicia colombiana ha dado a los manifestantes presos durante el Estallido Social del 2021.
En dicho Informe se plantea que: “utilizar cargos tan atroces para perseguir conductas violentas durante las protestas supone una grave amenaza para la defensa y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y para la legitimidad de los marcos y leyes internacionales contra el terrorismo”. Además enfatiza que “tiene un efecto amedrentador y fomenta las campañas de vilipendio contra los movimientos de protesta en el país».
Este informe se suma a las múltiples voces que denuncian la desproporcionalidad con la que se han tratado a las 228 personas que participaron en las protestas de 2021 y que fueron acusadas con cargos tan graves como terrorismo, por lo que algunas enfrentan a penas hasta de más de 22 años.
A las evidencias y denuncias sobre los múltiples crímenes cometidos por la Policía y el Ejercito durante las protestas. También se suman las irregularidades en la detención posterior de varios de los liderazgos sociales y manifestantes, en muchos casos no hubo notificaciones sobre las razones de la detención o incluso no hubo ningún registro de la captura. Capturas ilegales con las que aún continúan privados de la libertad.
El Fiscal General Francisco Barbosa encabeza los entrampamientos y montajes judiciales y sigue oponiéndose ferozmente a la posibilidad de dejar en libertad a los presos del Estallido Social. Es quien ha orientado a los despachos de las fiscalías regionales para impedir que esto ocurra.
Es de recordar que el Estallido Social del 2021 fue la voz más fuerte de un pueblo que asumió, en su mayoría jóvenes, jugarse la posibilidad de un cambio, hacer sentir la absoluta convicción de nuevas formas de gobierno por vía de la movilización y la protesta callejera. Si el nuevo gobierno no corresponde jugársela por su libertad, seguirán quedando en entredicho la realidad de los cambios y tendrá que ser el mismo pueblo quien retome la calle y se la vuelva a jugar.
Últimos líderes asesinados
Luis Alberto Quiñones Cortés, era el representante legal del Consejo Comunitario La Voz de los Negros en Magüi Payán, Nariño, fue asesinado el 9 de abril en Cali, Valle del Cauca.
Diego Mauricio Mejía Rojas, era firmante del Acuerdo de paz, miembro del Consejo Departamental del Partido Comunes Colombia en el Putumayo, lo asesinaron el 9 de abril en Puerto Asís, Putumayo.
Rodolfo Holguín Martínez, era miembro de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda San Vicente en el Carmen de Viboral, Antioquia, fue asesinado el 9 de abril.
Alfonso Medina, era el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Jaidith de Valledupar, lo asesinaron el 10 de abril en Valledupar, Cesar.
Diana Carolina Rodríguez Madrigal, lideraba la JAC en La Florida de San Cayetano, Norte de Santander, fue asesinada el 11 de abril.
Carlos Julio Tautiva Cruz hacía parte del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (Sintrapaz), lo asesinaron el 11 de abril en Bogotá.
María Cecilia Cuenu Cuenu y Juan Hilario Banguera Colorado, eran integrantes del Consejo Comunitario Afro del Alto Guapi y de la Junta Local del río Yantin, comunidad del Chiguero en Guapi, Cauca, fueron asesinados el 9 de abril.
