MANCUSO: EL ESTADO DE LA IMPUNIDAD
Himelda Ascanio
Mancuso el jefe paramilitar en confesiones recientes mencionó diversas empresas que los financiaban para hacer terror contra las organizaciones populares, entre ellas los grupos Ardila Lulle, Bavaria y Santo Domingo, y las multinacionales Coca Cola, Chiquita, Drummond, Dole y Del Monte.
En lo corrido del año se han demostrado múltiples pruebas que confirman el actuar de las Fuerzas Armadas en completa colusión con el paramilitarismo. Diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos y periodistas investigativos independientes han publicado informes y denuncias que vinculan y revelan la estrecha relación, doctrinaria, entre las FFAA, entidades de Estado, políticos, empresarios y el narcoparamilitarismo en diversos momentos, formas y operaciones con el único de fin de perpetrar la guerra contrainsurgente, impuesta desde la Misión de Asesores Militares de Estados Unidos (EEUU) comandada por el General Yarborough en 1962 [1].
Además de las evidentes operaciones y acciones militares, resalta el gran componente de impunidad que ha sido soporte de toda la arquitectura criminal creada por el Estado colombiano, con el objetivo de destruir el tejido social y generar las condiciones para el despojo y acaparamiento de tierras, garantizar la seguridad a grandes proyectos inversionistas para la explotación de minerales, la agroindustria y de infraestructura; una deliberada cooptación del Estado por intereses privados, en casos como Urabá, Ituango, Valle y Norte del Cauca, Costa Caribe, Norte de Santander, Orinoquía, Putumayo, Nariño, entre otros.
La superación de poderes estatales
En las declaraciones entregadas por el jefe paramilitar Mancuso, mencionó empresas financiadoras del proyecto criminal como Postobón de la organización Ardila Lulle dueños la cadena de radio y televisión RCN y la planta de Incauca, también mencionada en varios informes por víctimas de despojo de tierras; a Bavaria que hasta el 2005 perteneció al Grupo Santo Domingo dueños de Caracol, El Espectador y Blu Radio; la empresa Estatal Ecopetrol y las multinacionales Coca Cola, Chiquita, Drummond, Dole y Del Monte, así mismo señaló que desde el periódico El Tiempo “nos ayudaron muchísimo a legitimar el discurso” [2].
El país ya conocía que los grupo narcoparamilitares favorecieron campañas políticas como la reelección de Álvaro Uribe en 2006, en la que monopolizaron gran parte del Congreso de la República que estalló en el escandalo de la Parapolítica; mientras con la Ley de Justicia y Paz escenificaron una falsa desmovilización de estos grupos; así mismo, el Comisionado de paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, garantizó que bloquearán las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional hasta 2009, además de pactar la extradición de los capos que se llevaron la verdad a los EEUU [3].
Está interrogado el sistema de investigación y justicia en el país, por archivar y ocultar la verdad; el sepultamiento de los procesos lo incrementaron en 1998, cuando el Fiscal General Alfonso Gómez Méndez, ordenó el traslado de los Expedientes del Parqueadero Padilla de Medellín a Bogotá, que revelaban las relaciones y operaciones del Cartel de la cocaína de Medellín y su terrorífica Oficina de Envigado, que ya había cobrado la vida de 14 investigadores del CTI [4]; lo mismo ha sucedido con las más de 16.000 noticias criminales de Justicia y Paz, que demuestran el predominio mafioso terrorista sobre todo el Estado.
El Estado le debe a las víctimas una respuesta en justicia, ellas siguen padeciendo el Genocidio social continuado e impune; por esto, la exigencia para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) establezca las responsabilidades individuales de los determinadores de la estrategia de terror de Estado, dado que continua la saturación de información sobre crímenes de lesa humanidad que siguen en total impunidad.
Últimos perseguidos y ejecutados
Johan Marcelo Montaño Montaño era un líder que participaba en el Colectivo Activos y Pendientes Buenaventura, fue asesinado el 9 de mayo en el barrio Los Pinos en ese puerto del Valle del Cauca, en el ataque otra persona que lo acompañaba quedó herida.
Luis Gabriel Pereira Arango era periodista y director del Portal Notiorense, fue asesinado el 9 de mayo en el barrio Julio Manzur en Ciénaga de Oro, Córdoba.
Dania Sharith Polo era defensora de DDHH y activista LGBTIQ+, lideró el proceso en el Carmen de Bolívar como sujeto de reparación colectiva ante la Unidad de Víctimas. El 30 de abril fue herida con arma de fuego y el 12 mayo falleció en Carmen de Bolívar, Bolívar.
Jhon Fredy Rueda Rodríguez era Veedor Ciudadano en Sincelejo, fue asesinado el 11 de mayo entre los barrio Bitar y San Pablo Sexto, en Sincelejo, Sucre.
_____
[1] Dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia. Renán Vega Cantor.
[2] Mancuso: “el paramilitarismo surge de la mano del Estado”. Colombia Informa, 11-05-2023
[3 ]Los audios de Santa Fe de Ralito. La Raya,07-09-2022.
[4] Algo más sobre Parqueadero Padilla. El Espectador, 19-04-2021.