LAS PRÁCTICAS GENOCIDAS DEL VIEJO RÉGIMEN
Himelda Ascanio
El viejo régimen sigue buscando el exterminio de líderes sociales para sofocar la movilización, organización y protesta social; práctica genocida que cubre con la impunidad reinante, con la que acalla las denuncias e investigaciones de violaciones de Derechos Humanos (DDHH).
Temblores ONG publicó el Informe ‘Estado de la Impunidad’ en el que realiza un diagnóstico sobre el estado procesal de las investigaciones y las prácticas institucionalizadas dentro del sistema de administración de justicia, que perpetuán la impunidad de los crímenes de violencia física, homicida y sexual cometidos por las Fuerzas Armadas (FFAA), denunciados entre 2015 y el 2020. [1].
En el periodo de análisis arroja que las FFAA cometieron 79.796 agresiones físicas, 1.215 asesinatos y 948 casos de violencia sexual, perpetraron los crímenes en escenarios públicos como las movilizaciones sociales o en lugares e instituciones del Estado como los CAI, APJ y Estaciones de Policía entre otros. La Policía Nacional es responsable del 98 por ciento de las agresiones físicas, el Ejército participó en el 66 por ciento de los asesinatos, mientras que en las violaciones sexuales la Policía es responsable del 56 por ciento y el Ejército el 44 por ciento.
Impunidad reinante
La Universidad de las Américas de Puebla, México, en el año 2017 confeccionó el Índice Global de Impunidad, en el que Colombia ocupó el octavo lugar entre 59 países; según este Informe, en Colombia los mayores agentes de impunidad son la Fiscalía, la Policía Nacional y el sistema penitenciario.
En el cuanto a la violencia sexual la impunidad ronda el 90 por ciento, perpetuando la aceptación social de la violencia machista y patriarcal de las FFAA. Aunado a esto, el Estado colombiano no es realmente garante de la integridad sexual de las mujeres, por el contrario, avala la violencia sexual y la violencia basada en género, es decir, que el sistema de administración de justicia no funciona a favor de encontrar justicia, reparación y no repetición y es nula frente a la violencia sexual llevada a cabo por sus funcionarios.
Las cifras entre la Fiscalía y Medicina Legal sobre los asesinatos no coinciden entre sí. No hay hipótesis legal que sustente este desfase. El Informe sugiere que podría tratarse de una desviación del ejercicio investigativo y judicial.
Temblores identifica cuatro elementos que caracterizan el actuar desproporcionado de la Policía: 1) gozan de la legitimidad estatal que los blinda ante la ley, 2) la violencia es perpetrada por varios miembros simultáneamente, 3) aíslan a las víctimas dentro de edificaciones y/o lugares pertenecientes a la institución, 4) cuentan con armas de dotación de letalidad alta y reducida.
Los investigadores concluyen que en Colombia al contrario del “deber ser” el Estado y las FFAA se convirtieron en los verdugos y jueces de las acciones populares y cotidianas, razón por la cual su función no es la eliminación de la violencia sino su institucionalización, demostrada en la nula voluntad para reconocer su responsabilidad y las artimañas para esquivar juzgarse a sí mismos.
La población organizada será quien garantice y exija los verdaderos cambios en la Doctrina de Seguridad que deje de calificar como Enemigos Interno a quienes expresan inconformidad con las políticas agresivas y excluyentes del régimen; las transformaciones deben iniciar por sacar la violencia de la política.
Las víctimas de esta semana
José Eduardo Morquera era Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Sub Estación de la Comuna Uno, fue asesinado el 19 de marzo en Quibdó.
Gonzalo de Jesús Parra Forero era Presidente de la Asociación de Mineros (Asomipaz) fue asesinado el 25 de marzo en la vereda Zulia de El Guarumal en Maripí, Boyacá.
Mariela Martínez Gaviria era Presidenta de la JAC del barrio Villa del Prado y promotora de salud del Hospital Divino Niño, fue asesinada el 26 de marzo en Tumaco, Nariño.
Linder Stiven Sepúlveda era líder juvenil y artista fue asesinado el 27 de marzo en el corregimiento de La Espriella de Tumaco, Nariño.
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[1] Informe Estado de la Impunidad. Temblores ONG, 26-03-2023.