LOS COMPROMISOS PARA SALDAR DEUDAS HUMANITARIAS
Himelda Ascanio
El 6 de agosto las organizaciones populares entregaron al Presidente Petro y a la Vicepresidenta Francia Márquez, un Mandato para la transformación del modelo económico extractivista, la Doctrina de Seguridad y reemplazar la fracasada Guerra contra las drogas [1].
El Mandato de los movimientos populares clama por la superación de la grave crisis humanitaria, agudizada con la persecución y el asesinato sistemático de líderes sociales, el desplazamiento forzado en las regiones, a causa de los intereses económicos del viejo régimen en la explotación de minerales e hidrocarburos, la agroindustria y mega proyectos, que aplica una estrategia de acumulación capitalista por despojo; que se sostiene con la persecución a los activistas.
Acuerdos incumplidos
El balance del Acuerdo de Paz hecho en Audiencia Pública, evidenció que un 66 por ciento de las deudas están en trámites de normativas legislativas y otro 33 por ciento aún no se han presentado los proyectos donde las incluyan, pero además en el Plan Nacional de Desarrollo faltó incluir indicadores y metas del Acuerdo de Paz que vayan más allá del Plan Marco de Implementación [2].
Según la Agencia Nacional de Tierras solo ha formalizado 680.000 hectáreas y adjudicado 681.372 hectáreas de tierra en 19 departamentos; la Restitución de las tierras usurpadas solo ha avanzado en un 3 por ciento, siendo los pueblos étnicos los más rezagados, de los 812 territorios colectivos reclamados con 14 millones de hectáreas (70 por ciento de indígenas y el 30 por ciento de negros), solo cursan en trámites judiciales 24 procesos [3].
El Plan de Acción Inmediata para prevención y protección a los liderazgos y las comunidades, quedó en manos de las Fuerzas Militares (FFMM), lo que es contradictorio porque estas siguen actuando como ejércitos privados de las empresas y en connivencia con los paramilitares, además de la corrupción sistémica que los invade [4]. A su vez que se mantienen altos índices históricos de impunidad de los determinadores y perpetradores de los crímenes.
Reclamos legítimos
Diversas comunidades mediante plantones y bloqueos de vías han exigido al Gobierno el desmantelamiento de las estructuras paramilitares, que se les permita acceder a la justicia y conocer la verdad de la colusión de los poderes estatales y privados con narcotraficantes, que han ejecutado una estrategia de descomposición social y el despojo de los territorios, una de las causas estructurales de la Guerra que pervive hasta hoy.
Tal es el caso de la comunidades de la región de los Dos Ríos que se movilizaron hasta Lizama, Santander, donde el 26 de enero firmaron un acuerdo para la instalación de una Comisión de Declaratoria y Solución de la Emergencia Humanitaria que debía realizarse el 12 y 13 de febrero, pero que no se desarrolló por incumplimiento del Gobierno, con el agravante que después de la movilización los narcoparamilitares profundizaron los enfrentamientos, amenazas y panfletos contra las comunidades.
La mayor petición que el pueblo movilizado y cansado de vivir los estragos de la explotación y la Guerra, es “No nos fallen”, al Gobierno le queda la opción de contar con una mayoría dispuesta a movilizarse para respaldar sus propuestas, que también está dispuesta a presionar y exigir el cumplimiento de los compromisos.
Persecución política y matanza
La Policía antinarcóticos asesinó al campesino Abraham Caret y causó heridas a Esteban Montiel, Héctor Mascara y Marcelino Polo, los hechos se presentaron el 13 de febrero en la vereda Quebrada Seca en Tierralta, Córdoba.
En la vereda Buena Vista de Ciudad Bolívar, Antioquia, el 14 de febrero perpetraron una masacre que dejó tres víctimas.
En la vereda El Moral en Cerrito, Valle del Cauca, el 16 de febrero perpetraron una masacre de tres personas identificadas como Cristian Martínez, Jessica Hernández y Cristian Ulcué, cuyas edades eran de 25 y 24 años.
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[1] Posesión popular y exigencia de vida digna hacia el nuevo Gobierno. Desinformémonos, 6-08-2022.
[2] Audiencia Pública: alerta sobre la implementación del Acuerdo de paz. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,16-02-2023.
[3] En 12 años, solo se ha resuelto el 3 por ciento de casos de restitución étnica de tierras. El Espectador, 16-02-2023.
[4] Boletín Nº 46574 de la Fiscalía de Colombia, 31-10-2022.