SENTENCIAN AL ESTADO QUE PERSIGUE LA JUVENTUD
Himelda Ascanio
El Tribunal Popular de Siloé (TPS) emitió la Sentencia donde responsabiliza al Estado colombiano de Genocidio Continuado de carácter clasista y racista contra la juventud y sus formas organizativas, por la perpetración de crímenes por parte de las Fuerzas Armadas (FFAA) y grupos paramilitares urbanos.
La Sentencia fue emitida el 20 de febrero por este TPS de carácter extrajudicial, copresidido por Daniel Feierstein y Jo-Marie Burt junto a otros 12 Magistrados y Magistradas de Argentina, Cuba, Alemania, México, Portugal, Bolivia y Estados Unidos, quienes durante más de un año investigaron y documentaron la violación sistemática de los Derechos Humanos (DDHH) entre el 28 de abril y el 19 de junio de 2021 en Siloé, uno de los 35 puntos de resistencia que se levantaron en Cali, durante el Estallido social [*].
Los Magistrados sentencian que “la apelación a la violencia por parte del Estado en Colombia tiene una magnitud diferente a la de cualquier otro país de América Latina”, pues en 46 días registraron 18 acciones violentas en Siloé, dejando como saldo 159 víctimas las cuales pueden serlo de una o varias modalidades de violencia, entre ellas, hay 16 asesinatos de los 47 registrados en Cali, 6 tentativas de desaparición forzada, 74 casos de tortura y tratos inhumanos, 48 heridos con arma de fuego, 73 detenciones ilegales y 94 víctimas amenazadas o estigmatizadas.
En la Sentencia el TPS señala como máximo responsable a Iván Duque quien mediante el Decreto 575 ordenó la “asistencia militar”, al ex Ministro de Defensa Diego Molano y el ex General Eduardo Zapateiro comandante del Ejército quien dirigió la Operación Siloé el 3 de mayo donde masacraron a tres jóvenes, desaparecieron uno e hirieron a 23, Clara Luz Roldan Gobernadora del Valle del Cauca y Jorge Iván Ospina Alcalde de Cali; asimismo al Brigadier General Hoover Pinilla subdirector de la Policía Nacional, los Brigadier General Juan Carlos León y Juan Carlos Rodríguez comandantes de la Policía de Cali, coronel Edgar Vega comandante operativo y teniente Néstor Mancilla comandante del Grupo de Operaciones Especiales (Goes).
Siloé símbolo de lucha y resistencia
Siloé es un barrio de la Comuna 20, uno de los lugares de la marginalidad histórica en las lomas de la ladera occidental de Cali, donde el 83 por ciento de sus habitantes pertenecen al estrato uno, el 23 por ciento están en la pobreza, el 58 por ciento no cuentan con agua potable y el 12 por ciento se reconocen como afrocolombianos; el barrio se conformó con la toma de tierras y la autoconstrucción por desplazados provenientes de la parte andina de Nariño y Cauca, quienes introdujeron las experiencias organizativas y solidarias.
El creciente empobrecimiento y exclusión social trajo el aumento de la conflictividad delincuencial, el consumo de drogas y el establecimiento de fronteras invisibles que delimitan los espacios. La Doctrina de Seguridad impartida desde Estados Unidos, que declara como enemigo interno a todos los luchadores sociales, llevó a que en diciembre de 1985 en Siloé, las FFAA durante seis días efectuaron la operación militar “Cali Navidad Limpia”, con 3.500 efectivos de los Batallones Rifles, Colombia, Mecanizado Cabal, Pichincha, agentes del Goes y de la Policía militarizada, con la que asesinaron a 17 pobladores según cifras oficiales, aunque la comunidad dice que fueron 40.
Lo que esperan las víctimas
Las víctimas son conscientes que el Fallo del TPS no es vinculante, pero aspiran a que el Presidente Petro reconozca el carácter Genocida del Estado, como lo asumió en sus declaraciones en el pedido de perdón por las masacres de Ituango y el Aro, y por el exterminio de la Unión Patriótica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que esta Sentencia sea tenida en cuenta en la justicia ordinaria, para que entro otras medidas se cumpla el compromiso de excarcelar a las víctimas de los montajes judiciales hechos contra la juventud que participó en el Estallido Social.
Este Fallo también es para romper el silencio político y social, denunciar el daño colectivo y sus implicaciones ideológicas, de impedir que lo sucedido sea tirado a la desmemoria nacional, de reivindicar la digna rabia, de dignificar el nombre de quienes fueron asesinados, de recordarle al Estado que no puede asesinar a un joven por tirar una piedra y que la impunidad de los crímenes de Estado cometidos en esta zona de Cali atenta contra su memoria y favorece al olvido.
Víctimas de esta semana
Jorge Alejandro Chica era Directivo sindical de asociación de empleados bancarios, fue asesinado el 18 de febrero en Carepa, Antioquia.
En Soledad, Atlántico perpetraron el 19 de febrero una masacre que dejó tres víctimas entre ellas un menor de edad.
Milton Rocha Peña era líder campesino y activista del partido político Colombia Humana, había denunciado amenazas de muerte en el año 2021, fue asesinado el 19 de febrero en San Sebastián, Magdalena.
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[*] Sentencia del Tribunal Popular de Siloé (TPS). CMLK.org, 20-02-2023.