Monseñor Darío Monsalve desde hace dos años afirmó que hay «una venganza genocida contra los excombatientes para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios donde se enfoca, tenía o tiene influencia subversiva» [1].
Categoría: Solución Política
El 28 de junio la Comisión de la Verdad presentó su informe al mundo en extensos documentos, sintetizados en la Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
La Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico (Civp) presentó los 5 tomos del Informe sobre la violencia racial y estructural que sufren, como su aporte a la verdad indispensable para construir la paz desde el territorio y su cosmovisión [*].
desigualdad y la pobreza, y una ínfima implementación del Acuerdo de Paz, según el Informe redactado por más de 500 organizaciones sociales y Defensoras de Derechos Humanos (DDHH) [1].
Desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 4 de junio bajo Duque han asesinado 930 líderes sociales de los cuales 126 eran lideresas, 245 excombatientes, y perpetraron 261 masacres, 45 en lo corrido de este año, que dejan 1.144 víctimas fatales.
Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) cerca de 200.000 personas permanecen desaparecidas en Colombia, pero los familiares estiman que existe un subregistro [1], Crímenes de Lesa Humanidad por los que deben responder la élite gobernante.
ser despojados de sus territorios son revictimizados en las ciudades en donde se refugian, Práctica Genocida que hoy se ensaña contra los pueblos étnicos del Pacífico.
El Narcoestado además de eliminar a sus opositores y a los Defensores de Derechos Humanos (DDH), emprende la criminalización de asociaciones de abogados y juristas que defienden a las víctimas, persecución por la que es llamado a juicio en la Corte Interamericana de DDHH (Cidh).
El 10 de mayo la Comisión de la Verdad (CV) organizó el ‘Encuentro por la Verdad: Reconocimiento de responsabilidades sobre las ejecuciones en Bogotá y Soacha’, donde participaron las Madres de los Falsos Positivos de Soacha (Mafapo) y oficiales de las Brigadas 15 y 30 del Ejército.
Silenciar a Otoniel con la extradición, la verdad a medias de militares ante la JEP, la negación de Molano de la masacre de Putumayo y la negativa del Gobierno a asumir responsabilidades por la Masacre de Bojayá, demuestran que la élite dominante eterniza la impunidad para perpetuar la Guerra contra el pueblo.
La persecución del régimen contra sus opositores se mide en las estadísticas de violaciones de Derechos Humanos (DDHH), las que en 2021 fueron peores que antes debido al trato de Guerra que propina a la protesta social, por medio de sus Fuerzas Armadas (FFAA) y sus paramilitares.
“Si un pueblo sale a manifestarse en medio de una pandemia es porque su Gobierno es más peligroso que un virus”: apoyo al Paro Nacional del cantautor puertorriqueño René ‘Residente’; estallido social que parte en dos la historia colombiana y crece cada día su portentoso grito por los cambios.