RESOLVER LA CRISIS HUMANITARIA

RESOLVER LA CRISIS HUMANITARIA

Himelda Ascanio

En Colombia continúan aumentando las muertes violentas, en enero se registraron 1.041 homicidios de los cuales 10 correspondían a liderazgos sociales y 38 como resultados de las 12 masacres perpetradas, un incremento de 33 casos más que en el mismo periodo del año anterior [1].

Persisten las amenazas de muerte e intimidación contra líderes ambientales especialmente en la región del Magdalena Medio. Los departamentos con mayores agresiones del narcoparamilitarismo son el Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar y Cauca, que registraron el 36 por ciento de los homicidios, mientras que en las ciudades capitales como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Cúcuta continúan los índices de violencia crónica por disputas de bandas. 

Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 hasta el 31 de enero de 2023 se ha documentado el asesinato de 1.426 líderes sociales, 79 desde la llegada del Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez; las masacres ascienden a 360 desde 2018 hasta enero de 2023 de las cuales 45 se perpetraron en el Gobierno actual  según Indepaz.

Los sectores sociales que más sufren este Genocidio continuado son los indígenas, negros, campesinos, dirigentes comunales, ambientalistas y sindicalistas que reivindican derechos fundamentales como el uso y tenencia de la tierra, la conservación y permanencia en sus territorios y mejoras en las condiciones laborales. La impunidad que ronda estos crímenes es del 90 por ciento.

Frenar el exterminio de dirigentes populares

El Gobierno de Petro ha manifestado la intensión de salvar vidas, para ello reinstaló la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), para buscar el “desmantelamiento de las organizaciones responsables de homicidios y masacres, que atenten contra Defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación los Acuerdos y construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” [2].

Instaló también los Puestos de Mando Unificado (PMU) para resolver la crisis humanitaria de las comunidades en los territorios rurales y urbanos, mientras persisten causas estructurales que generan la violencia, como la derivada del modelo económico basado en la explotación desenfrenada de bienes naturales, resguardado por las Fuerzas Armadas en colusión con los narcoparamilitares. 

Si el Gobierno quiere aportar a reemplazar el viejo régimen sostenido con el Genocidio de sectores sociales y partidos políticos de izquierda, debe empezar por cambiar la Doctrina de Seguridad y actuar en dirección a superar el modelo económico depredador, para cambiarlo por uno enfocado a servir a la mayoría de los colombianos, transformaciones que abrirían caminos para el ejercicio pleno de la democracia participativa.

Los matarifes no descansan

Rubiel Zapata Valencia era militante del Partido de Gobierno Colombia Humana y aspirante a la Alcaldía de Mistrató, fue desaparecido el 26 de enero y el Primero de febrero encontraron su cuerpo  sin vida en la finca La Florida de Riosucio, Caldas.

Cesar Augusto Ruiz Gómez era excombatiente de las antiguas Farc, estaba articulado en la Agencia Nacional de Reincorporación en el eje cafetero, fue asesinado el 6 de febrero en el barrio Los Mangos de Cali, Valle del Cauca.

En el barrio Primero de Mayo de Soledad, Atlántico, el 7 de febrero perpetraron una masacre que dejó tres víctimas, identificadas como Oscar Hidalgo, Elkin Mendoza y Stiven Araujo.

Marcos López Enríquez era el representante por Nariño en la organización Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), ejerció como Gobernador de su Resguardo y en 2019 fue Concejal de Mallama, fue asesinado el 10 de febrero cuando se desplazaba hacia Ipiales a participar en una reunión de  Aico con el Ministerio del Interior.

En el barrio Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar de Bogotá, el 10 de febrero perpetraron una masacre que dejó tres víctimas, dos de ellas eran menores de edad.

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[1] Boletines semanales (1,2,3,4,5) de comportamiento de las lesiones de causa externa en Colombia. Medicina Legal, enero de 2023.

[2] Acuerdo de paz: lo que viene tras reactivación de CSIVI y CNGS por parte de Petro. El Espectador, 03-11-2022. 

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