CIDH CONDENA LA ATERRADORA ESTRATEGIA GENOCIDA
Himelda Ascanio
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) emitió el histórico fallo donde condenó al Estado colombiano por el exterminio sistemático de más de 6.000 integrantes de la Unión Patriótica (UP), igualmente la Corte realizó la primera Audiencia por las desapariciones forzadas ocurridas en la Operación Orión en Medellín.
“La memoria de estos sufrimientos y el testimonio de quienes fueron destruidos por tan aterradora estrategia Genocida, son patrimonio de la humanidad y llevan en sus despojos una semilla de resurrección, la que será fecunda en un ‘tiempo oportuno’, cuando cesen los vendavales y las tinieblas y cuando una nueva claridad permita ver a la humanidad el horror de lo sucedido y recuperar lo sembrado por quienes fueron exterminados”.
Padre Javier Giraldo, julio de 1999 [*]
Desde 1993 las víctimas reclamaron verdad y justicia, por lo que esta Sentencia de la Cidh es una condena al sistema judicial colombiano por negligente, encubridor y negacionista, fiel instrumento de la estrategia contrainsurgente ejecutada en el país desde 1947, para cumplir con la Doctrina de Seguridad que declara objetivo militar a los Enemigos Internos, como denominan a los líderes populares y opositores políticos.
La verdad nos hará libres
La Sentencia de la Cidh sobre el Genocidio Político de la UP, indica que el Estado debe poner en funcionamiento una Comisión para buscar la identidad y paradero de las víctimas, iniciar investigaciones para esclarecer la verdad de estos crímenes de Lesa Humanidad y determinar las responsabilidades, realizar actos públicos de reconocimiento de responsabilidad internacional, declarar un Día nacional de estas víctimas y hacer indemnizaciones, entre otros.
Durante los 19 operativos militares realizados por las tropas del General Mario Montoya en colusión con los narcoparamilitares de alias Don Berna en 2002, contra las comunidades de la Comuna 13 de Medellín, perpetraron numerosas Desapariciones Forzadas en cumplimiento de la política de Seguridad Democrática del Gobierno de Uribe (2002-2010); casos que investiga la Cidh para lo que ha convocado la Segunda Audiencia para marzo de 2023. La abogada que representa al Estado colombiano aceptó la responsabilidad en estos crímenes y dispuso la voluntad del Gobierno para facilitar la búsqueda de más de 459 víctimas de Desaparición Forzada, perpetradas en la Comuna 13 entre 1978 y 2016.
Es igualmente histórico que el actual Gobierno colombiano asuma una actitud reparadora, reconozca la responsabilidad y catalogue el Estado de asesino, disponiéndose a cumplir lo ordenado por la Cidh.
El ‘gota a gota’ del Genocidio Continuado
José Isaías Yandi Pacho era Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del Alto Palmar en el corregimiento de Ríochiquito en Páez, Cauca, fue asesinado el 22 de enero.
En la vereda El Recreo del corregimiento Santa Rosa en San Carlos, Córdoba, el 28 de enero perpetraron una masacre que dejó tres víctimas identificadas como Eder Plaza, Kevín y Alfonso Aguilar.
En el barrio Los Guayacanes en Ciudad Bolívar, Antioquia, perpetraron el 28 de enero una masacre que dejó tres víctimas, dos correspondían al nombre de Jorge Durán y Alberto Barcos.
En el barrio El Santuario de Barranquilla, Atlántico, el 29 de enero perpetraron una masacre que dejó cuatro personas asesinadas cuyos nombres corresponden a Javier Guevara, Ever Lizama, Ronald Zabala y Reinaldo Orozco, otras seis personas resultaron heridas.
Berna Nastacuas Pai era integrante de la Guardia Indígena del Resguardo El Gran Sábalo del pueblo Awá, murió el 29 de enero tras pisar un artefacto explosivo en Tumaco, Nariño.
En la vereda La Frisolera, de Campamento, Antioquia, el 30 de enero cuatro jóvenes fueron sacados de sus viviendas y asesinados en la vía entre La Frisorela y Manzanillo.
Gerardo Vásquez era candidato por la Colombia Humana a la Alcaldía de Mogotes, Santander, fue asesinado el 30 de enero en esa localidad.
Edilsan Andrade era integrante del Procesos de Mujeres Maciceñas, de la Guardia Regional del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima) y excandidata al Concejo por la Alianza Social Independiente (ASI) en las pasadas elecciones, fue asesinada el 31 de enero en la vereda Loma Baja en Rosas, Cauca.
Jorge Luis Jaraba Plata era integrante de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú y beneficiario del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), fue torturado y asesinado el 4 de febrero en la vereda Aguas Vivas de Tierralta, Córdoba.
José Antonio Santiago Pérez era Presidente de la JAC de Socoavó y delegado de la Federación de Juntas del Departamento, fue asesinado el 4 de febrero al salir de una reunión comunal en la vereda La Serena de Tibú, Norte de Santander.
En Tucurinca límites entre Zona Bananera y Ciénaga en Magdalena, el 2 de febrero perpetraron la masacre de cuatro mineros artesanales.
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[*] Revisión de episodios del Genocidio estructural. Javier Giraldo SJ. 2022.