COMUNIDADES EXIGEN PARAR EL BAÑO DE SANGRE
Himelda Ascanio
Desde los territorios aclaman para que la paz no se quede en un baño de sangre contra los liderazgos populares, a la vez que denuncian la colusión entre las Fuerzas Armadas y las bandas narcoparamilitares.
Esta semana organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos efectuaron varios encuentros regionales en el país: en el Catatumbo el Primer Encuentro de Resistencia Barí y el Tercer Encuentro de Cultivadores de Coca, en Córdoba se instaló la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz y en Cundinamarca la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas; con el propósito de plantear propuestas para superar la crisis humanitaria, direccionar acciones colectivas en defensa de la política de paz y concretar propuestas para participar en los diálogos territoriales vinculantes [1].
Para las Organizaciones es vital que el Gobierno asuma el compromiso por la defensa de la vida, active los mecanismos para un Cese Humanitario que desvincule las prácticas de Guerra contra bienes protegidos, lugares sagrados, territorios colectivos y fuentes de supervivencia social y económica, poner fin al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes con la utilización de prácticas cívico-militares en el territorio, respetar la autonomía y determinación de los procesos sociales y garantizar el acceso a los bienes y servicios necesarios para una vida digna.
También exigen el cumplimiento del Acuerdo de Paz, en específico el Programa Nacional Integral para la Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), en el que es necesario la actualización del valor de los proyectos productivos, revisar la contratación y prácticas de los operadores que ejecutan los recursos, costos y calidad de los materiales y elementos adquiridos, revisar las listas de suspendidos y excluidos del programa durante el Gobierno Duque; reactivar todas las instancias de participación comunitaria del Programa, tales como la Junta de Direccionamiento Estratégico, los Consejos Territoriales y los Comités Municipales y atender a los recolectores que es el grupo más rezagado en la implementación [2].
Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) convocan para movilizaciones el 15 de noviembre para ratificar su respaldo a las políticas del nuevo Gobierno que cumple cien días, pero a la vez para rechazar las amenazas y atentados contra sus dirigentes, desapariciones y el asesinato de 110 indígenas en lo corrido de este año.
Las Organizaciones ven con preocupación la implementación de la Seguridad Humana del Gobierno de Petro, debido a que las Fuerzas Armadas siguen violentando las comunidades y en los últimos meses han capturado 12 coroneles, sargentos y soldados por alianzas con bandas criminales, entre ellos está el Coronel Oscar Amado quien habría extraído armas de Tolemaida y el Sargento Andrés Saldarriaga que vendía información clasificada a los narcoparamilitares del Clan del Golfo.
Según el Fiscal 11 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, el Ejército Nacional es el principal traficante de armas en el país, armas extraídas de 8 batallones ubicados en Caquetá, Meta, Putumayo, Tolima, Cesar, de Indumil en Soacha y del Cantón Norte en Bogotá. Esta organización criminal es la misma que dirige el General Leonardo Barrero Gordillo alías El Padrino, Excomandante de las Fuerzas Militares quien quedó al descubierto en la captura de alias Matamba, jefe de la narcobanda La Cordillera [3].
No cesan las hostilidades
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denunció que, en el último mes narcoparamilitares del Clan del Golfo en connivencia con la Brigada XVII del Ejército, cometieron 16 acciones entre hostigamientos y asesinatos en este territorio, que cuenta con medidas cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
60 familias de campesinos sin tierra de la Comunidad 20 de Julio ubicadas en el predio La Gasolinera en Chimichagua, Cesar, en su mayoría víctimas de desplazamiento forzado denunciaron que el 5 de noviembre fueron amenazados e intimidados por hombres armados de Juan Manuel Fernández, un Palmicultor que ha sido denunciado por despojo de tierras e implicado en el robo de Agro Ingreso Seguro durante el Gobierno de Álvaro Uribe.
Carlos García Sepúlveda de 22 años, era Coordinador de la Guardia Indígena de la comunidad Pilvicito del Resguardo Inda Sabaleta del Pueblo Awá, fue asesinado el 30 de octubre en Tumaco, Nariño.
Johnny Agudelo era un líder de reclamación de tierras en la finca Alpes de Sevilla en Galapa, Barranquilla, fue asesinado el 30 de octubre mientras asistía a una reunión.
José Alirio Quitumbo Cayapú era excombatiente articulado al Etcr Carlos Perdomo, hacia parte de la Unidad de Protección vinculado a un esquema de seguridad colectivo y del Sindicato Memoria Viva, fue asesinado el 5 de noviembre en Caloto, Cauca.
_____
[1] Resistencia Barí, histórico primer encuentro. Trochando sin Fronteras, 04-11-2022.
[2] Campesinos cocaleros están comprometidos con la paz total. Prensa Rural, 1-11-2022.
[3] Así operan los militares corruptos que venden armas y datos a bandas criminales. El Tiempo, 06-11-2022.