VIOLENCIA MÚLTIPLE CONTRA MENORES INDÍGENAS
Himelda Ascanio
Impacta la grave denuncia sobre múltiples violaciones a una población doblemente vulnerada, que visibiliza la explotación sexual de menores indígenas en el Guaviare y desnuda la violencia del Estado, a través de victimarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas (FFAA).
Un trabajo periodístico publicado el pasado diciembre hizo visible la situación que viven cientos de menores pertenecientes a las etnias Nukak-Maku y Jiw en San José del Guaviare. Lo relatado en dicha investigación plantea una de las más terribles violaciones a menores, al narrar cómo el abandono y el hambre las deja en una absoluta vulnerabilidad, de la cual miembros del Ejército estatal se aprovechan de manera perversa para explotarlas sexualmente. En esta zona opera la Brigada de Selva N°22.
Recurrencia que exige justicia
Para completar la gravedad de esta situación, la nueva denuncia resalta que no se trata de hechos novedosos, ya que desde hace varios años se vienen presentando denuncias similares, donde los principales victimarios son soldados del Ejército junto a asesores militares provenientes de Estados Unidos (EEUU).
Las cifras que empiezan a reportarse desde las entidades estatales son escalofriantes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) dio a conocer que cada año se reciben al rededor 192 denuncias por violencia sexual a menores en la región, cuatro por semana. Mientras que Medicina Legal informa que entre 2019 y 2022 hubo 1.521 casos de violencia sexual, en el Guaviare la tasa es de 23,8 casos por cada 10.000 niños, niñas y adolescentes.
Hay casos documentados, denunciados y en supuesta investigación como el presentado en agosto de 2019 cuando una niña de 15 años fue secuestrada y abusada sexualmente por varios soldados. Sobre este particular el entonces jefe del Ejército, Eduardo Zapateiro, cínicamente reconoció la investigación a 118 de sus miembros involucrados en abusos y violaciones sexuales, de aquellas supuestas investigaciones no hay ningún resultado.
En 2021 el diario El Espectador expuso una investigación que documentaba con fuentes de la zona, como un militar estadounidense se había aprovechado de las condiciones de hambre de una menor indígena de 10 años para violarla varias veces. Hoy la respuesta de la Embajada de EEUU, es que para ese año no habían militares norteamericanos en el Guaviare. Negando la denuncia y con ello sellando la impunidad sobre este caso.
Con las nuevas denuncias se comprueba que a pesar de la gravedad, esta es una situación de varios años en la que el Estado colombiano hace gala de la más absoluta negligencia e inoperancia. Pues ni el Icbf, ni ningún ente de justicia, ha actuado para acompañar, prevenir y/o sancionar a los responsables. Es la prueba más horrible de como un Estado no responde, ni garantiza derechos fundamentales y por el contrario los violenta a través de sus FFAA. Es decir, es la materialización de un Estado criminal.
Una múltiple violación de derechos
Se trata de niños y niñas entre los 7 y 15 años, principalmente provenientes de las etnias indígenas Nukak-Maku y Jiw en situaciones de hambre y mendicidad, a los cuales entes como el Icbf debiera proteger y garantizarles condiciones fundamentales para el buen desarrollo de la niñez. Nuevamente, al igual que en la Alta Guajira, las condiciones de precariedad y hambre son inhumanas para los menores de estas etnias.
Al tratarse de menores pertenecientes a pueblos indígenas, queda en evidencia el absoluto desinterés, abandono y violencia con que el Estado colombiano trata a quienes son patrimonio ancestral y cultural. Recordemos que los Nukak-Maku fue uno de los últimos pueblos nómadas de la gran Amazonia. Hoy lejos de velar por el mantenimiento de su cultura, son desarraigados, violentados y sometidos a su desaparición. Otra clara violentación a los derechos de los pueblos, perdiendo sus costumbres, tradiciones y cultura alimentaria.
Que sus principales victimarios sean miembros de las FFAA, responsabiliza directamente al Estado. Y es una muestra de la perversión de esta institución y su doctrina, alejada totalmente de valores populares y cualquier sentido de respeto. Este es otro de los grandes derroteros que un Gobierno diferente tendrá que empezar a resolver. Una situación de tal gravedad, requiere acciones urgentes y efectivas.
Las masacres de esta semana
El 15 de enero fueron asesinadas 3 personas en La Unión, Valle del Cauca, entre ellos un menor de 8 años.
El 13 de enero asesinaron 3 personas en Riohacha, Guajira.
El 13 de enero fueron asesinadas 3 personas en Ipiales, Nariño.
El 8 de enero fueron asesinadas 3 personas en Cucuta, Norte de Santander.