SE MECATEARON LA PLATA DE LAS VÍCTIMAS
Himelda Ascanio
El Estado tiene una deuda histórica con los más de nueve millones de víctimas, con la intención de saldarla se creó la Unidad para las Víctimas mediante la Ley 1448 de 2011, en la que se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del Conflicto Armado Interno.
Patricia Tobón Yagarí directora de la Unidad para las Víctimas quien asumió el cargo en agosto de este año, enfatizó que de las 9.361.995 víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas de las cuales más de 7.000.000 son sujetos de atención inmediata, y de los 857 sujetos de reparación colectiva como los pueblos étnicos o grupos particulares victimizados solo 56 han recibido atención del Estado; en 10 años que lleva creada esta entidad solo han reparado el 10 por ciento de las víctimas por un monto de 9,86 billones de Pesos [1].
Tobón afirma que el retraso y la deficiencia en la ejecución de la reparación obedece a las múltiples irregularidades halladas en el manejo del Fondo para la Reparación a las Víctimas, como lo constataron en el empalme con los funcionarios de la anterior administración del Gobierno de Iván Duque; el Fondo recibe principalmente bienes incautados de los paramilitares sometidos a la Ley de Justicia y Paz desde 2005, y el modus operandi es muy similar al denunciado con los recursos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Se constató que de 2.346 bienes bajo custodia de la Unidad, 932 presentan ocupación irregular, deterioro o falta del cumplimiento del objetivo principal que es la monetización; identificaron que 43 bienes inmuebles entre los que se encuentran fincas, lotes y parcelas en su mayoría rurales tienen cánones de arrendamiento cuyo valor oscila entre los 4.437 y 103.000 Pesos, pero además no existe información ni contratos, lo que dificulta la verificación del valor que se recibe por el bien e identificar las condiciones de arrendamiento.
Encontraron que varias propiedades fueron arrendadas a la misma persona, no se tenía en cuenta los perfiles de los arrendatarios, ya que aparecen con antecedentes penales, sin codeudor y sin póliza. Tobón denunció la existencia de nepotismo dentro del Fondo de Reparación, dado que permanecen hasta 13 grupos familiares trabajando dentro de la entidad y varias redes regionales conformadas por más de 40 personas de las mismas familias.
Los funcionarios de la Unidad que realizaron las denuncias fueron objeto de amenazas, asalto a sus casas e intimidaciones; los antiguos funcionarios de la administración Duque se niegan a entregar la información que se les solicita para establecer el registro de todos los bienes, ya que a pesar de la existencia en el inventario de la compra de un software especializado para sistematizar información esta se encuentra en el método rudimentario de Excel.
Patricia Tobón solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía y la Procuraduría, aseguró que el compromiso del actual Gobierno es “defender los recursos y la transparencia de las instituciones, realizar acciones de reparación integral y atender las necesidades de las víctimas, y no es posible que los recursos con los que esperan ser indemnizados estén afectados por posibles hechos de corrupción” [2].
¡Qué paren el Genocidio!
Wiston Arroyo Caicedo es Excombatiente, fue secuestrado el 4 de noviembre en el río Cajambre en el sector Punta Bonita en el distrito de Buenaventura, Valle del Cauca.
Edgar José Ayala era Presidente de la Junta de Acción Comunal El Rodeo, Cúcuta, Norte de Santander, fue asesinado el 8 de noviembre en esa localidad.
Juvencio Cerquera era autoridad ancestral y miembro de la Guardia Indígena del pueblo Kokonuko perteneciente al Resguardo Paletará, murió el 9 de noviembre tras ser gravemente herido junto a otros comuneros por la seguridad privada de la multinacional Smurfit Kappa Cartón de Colombia, quienes intentaron desalojarlos del predio que recuperaron en la vereda Casas Nuevas en Sotará, Cauca.
Armando Hanipe Cabrera era autoridad cultural del pueblo Embera y ambientalista en la Reserva ecológica de Nuquí, Chocó, murió el 9 de noviembre, luego de haber resultado gravemente herido con arma blanca.
Dositeo Ojeda Mena era Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guayacanal y militante de la Colombia Humana, fue asesinado el 11 de noviembre en esa localidad del municipio Taminango, Nariño.
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[1] Unidad para las Víctimas denuncia posibles irregularidades en la administración de los bienes del Fondo para la Reparación a las Víctimas. Unidad para las Víctimas, 02-11-2022.
[2]Amenazados funcionarios de la Unidad de Víctimas por denunciar ilegalidades. Noticias Uno, 06-11-2022.