LAS MÁS MUJERES SON LAS MÁS PERSEGUIDAS Y VICTIMIZADAS

Himelda Ascanio

A pesar de que en la actualidad existe un Gobierno progresista proteccionista de los Derechos Humanos (DDHH), la política de Enemigo Interno del régimen sostiene el exterminio de líderes sociales como mecanismo para contrarrestar el movimiento popular y la protesta social.

Uno de los elementos preocupantes y aún no resueltos en lo corrido del 2022 es el aumento en los niveles de persecución a líderes y lideresas sociales; un Genocidio que no termina y que por el contrario sigue cobrando las vidas de dirigencias sociales y políticas en todo el territorio nacional. Las mujeres han sido las más vulneradas y las que padecen mayores violaciones a los DDHH.

Acuerdos y Convenciones en el papel

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (1994) plantea: afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.  A esta declaración adhirió el Estado colombiano en 1996.

Es decir que desde el derecho convencional y los acuerdos multilaterales el Estado tiene ya un reconocimiento y obligatoriedad en la prevención, atención y tratamiento de gravedad a estas situaciones de violencia contra las mujeres. Sin embargo, la realidad salta a la vista cada vez  con más saña.  Pues no se atiende el problema ni desde la raíz, ni desde las ramas. En todas las esferas de la sociedad se siguen reproduciendo relaciones de poder de origen patriarcal, que dentro de un marco del conflicto social y la ausencia del Estado constituyen un escenario donde las mujeres quedan expuestas.  Siendo víctimas en sus cuerpos e identidades femeninas, además de sus procesos identitarios étnicos, políticos y culturales.

Con la llegada al gobierno por primera vez en la historia de Colombia de una vicepresidenta negra y caracterizada como de izquierda. Se abre la expectativa de avance hacia acciones que posibiliten realmente el desarrollo los derechos humanos y los derechos de las comunidades históricamente  marginadas del poder político y económico del país.

Recientemente se aprobó la constitución del Ministerio de la Igualdad y Equidad, en el que se espera que sea la propia Francia Márquez quien lidere sus funciones. Que pueda desarrollar y concretar políticas de real desarrollo de derechos humanos y de los pueblos. Activar mecanismos y resoluciones firmadas, e incumplidas, por el propio Estado colombiano como la Resolución 1325 de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, adoptada desde el 31 de octubre del 2000 por el Consejo de Seguridad.

Dicho de otra forma, pasar del papel a la práctica. Para eso es fundamental comprender y vincular a las mujeres de los territorios e implementar acciones que contribuyan a transformar realmente sus vidas. Pues está claro que en materia de acuerdos, resoluciones y derecho convencional, existen una amplia retorica no aterrizada, en una demostración de desinterés, permisividad y connivencia del Estado colombiano.

Es claro también, que la reproducción de las violencias hacia las mujeres y las relaciones de poder de origen patriarcal están sustentadas en las relaciones que dominan la sociedad capitalista. Solo cambiando este modelo podrán cambiar dichas relaciones que hoy nos dominan. Y cambiar el modelo es una tarea que no vendrá desde las instancias de gobierno. Esta es una tarea que tenemos que emprender como pueblo transformado, organizado y movilizado en sus prácticas más cotidianas.

Asesinados de esta semana

Rafael Navarro Salgado era firmante del Acuerdo de Paz con las FARC. Fue asesinado el 21 de diciembre de 2022 en Simití, Bolívar.

José Ricaurte Quintero tenía 56 años y era líder comunitario y miembro de la fundación de familiares de desaparecidos, Sobrevivientes de Maná. Fue asesinado el 21 de diciembre de 2022 en Armenia, Quindío.

Manuel Antonio Torres Varela era firmante del Acuerdo de Paz con las FARC. Fue asesinado el 17 de diciembre de 2022 en Norosí, Bolívar.