Sitio oficial del Ejército de Liberación Nacional de Colombia
Se revelaron interceptaciones telefónicas que evidencian la existencia de una red de tráfico de armas en el Ejército, que además confirman la participación directa de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la estructuración del paramilitarismo urbano que asesinó manifestantes durante el Estallido Social del 2021.
Himelda Ascanio Los conflictos ambientales en Colombia pasaron de 58 en 2015 a 137 en 2022, principalmente asociados a megaproyectos de infraestructura, minería y agroindustria, ….
El seis de marzo es el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, iniciativa que responde a las limitaciones de la Ley 1448 de 2011, que cubre con un manto de impunidad la responsabilidad del Estado y sus agentes en el Genocidio en curso.
El Tribunal Popular de Siloé (TPS) emitió la Sentencia donde responsabiliza al Estado colombiano de Genocidio Continuado de carácter clasista y racista contra la juventud y sus formas organizativas, por la perpetración de crímenes por parte de las Fuerzas Armadas (FFAA) y grupos paramilitares urbanos.
El 6 de agosto las organizaciones populares entregaron al Presidente Petro y a la Vicepresidenta Francia Márquez, un Mandato para la transformación del modelo económico extractivista, la Doctrina de Seguridad y reemplazar la fracasada Guerra contra las drogas [1].
En Colombia continúan aumentando las muertes violentas, en enero se registraron 1.041 homicidios de los cuales 10 correspondían a liderazgos sociales y 38 como resultados de las 12 masacres perpetradas, un incremento de 33 casos más que en el mismo periodo del año anterior [1].
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) emitió el histórico fallo donde condenó al Estado colombiano por el exterminio sistemático de más de 6.000 integrantes de la Unión Patriótica (UP), igualmente la Corte realizó la primera Audiencia por las desapariciones forzadas ocurridas en la Operación Orión en Medellín.
El 27 de enero luego de cinco días del Paro en la región de Los Dos Ríos, el Gobierno reconoció que “existe una crisis humanitaria y una grave violación de derechos humanos debido a la reconfiguración del paramilitarismo, desde el punto de vista militar, político, cultural, económico y social”.
El Bajo Calima y el Medio San Juan están habitadas por pueblos indígenas y afrodescendientes, víctimas del peor genocidio de la historia durante la conquista de África y América, allí estuvo la Caravana Humanitaria acordada por la Mesa de Diálogos.
El contratista de los cementerios de Bogotá denuncia que un General de la Policía Nacional usó los hornos crematorios para desparecer manifestantes asesinados durante el Estallido Social, práctica genocida desprendida de la orden de reprimir la protesta social, que dio Duque.
Impacta la grave denuncia sobre múltiples violaciones a una población doblemente vulnerada, que visibiliza la explotación sexual de menores indígenas en el Guaviare y desnuda la violencia del Estado, a través de victimarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas (FFAA).
A pesar de que en la actualidad existe un Gobierno progresista proteccionista de los Derechos Humanos (DDHH), la política de Enemigo Interno del régimen sostiene el exterminio de líderes sociales como mecanismo para contrarrestar el movimiento popular y la protesta social.