LA AGENDA DE INCUMPLIMIENTOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Himelda Ascanio
Los diferentes Gobiernos sin importar su vertiente política históricamente han incumplido los Acuerdos que hacen los movimientos y sectores sociales; esto constituye un antecedente nefasto que mina la confianza y que hace imperativo que el Estado como tal subsane el dosier de Acuerdos incumplidos.
Los movimientos sociales y populares de Colombia han soportado durante décadas los estragos de la Guerra contrainsurgente que los caracteriza de “Enemigo Interno”, lo cual está ligado a la estigmatización de la lucha por la defensa de bienes comunes. Los informes y estadísticas de organizaciones sociales demuestran la continuidad y el aumento de la estrategia de eliminar a los líderes y lideresas, que desde los territorios reivindican planes de vida alternativos a los impuestos en el modelo económico del régimen.
Durante el Gobierno de Gustavo Petro las comunidades y sus procesos organizativos no han encontrado el goce de sus derechos ni las garantías y seguridad para la defensa de los mismos, por tanto, las rutas para obligar al Estado para que cumpla sus deberes continúan siendo las acciones de hecho: movilización, protesta y denuncia.
Esta semana una delegación conformada por nueve representantes de comunidades del pueblo indígena Wayyú de Riohacha, La Guajira, arribó a Bogotá para denunciar ante el Ministerio del Interior la estigmatización por parte del alcalde José Ramiro Bermúdez, los abusos de la fuerza pública en cabeza del inspector de policía Francisco Peñaranda Pinto y el capitán Diego Amorocho, y el contubernio con paramilitares que apoyan los desalojos y ataques contra las comunidades.
El Movimiento Social Indígena Sumainwayuu exige al Gobierno que desde las instancias nacionales realice acciones concretas que frenen el despojo de territorios ancestrales, los cuales llevan más de un año y tienen como propósito ampliar el poder de clanes políticos como los Char y la instalación de proyectos de expansión urbana que incluye la construcción de más de 1300 apartamentos, la cárcel de mediana seguridad para una población de 10 mil internos y una laguna de oxidación.
Adicionalmente, las comunidades Wayyú del Resguardo de la Alta y Media Guajira, exigieron el cumplimiento de consulta previa e informada, pero a la vez rechazaron la intención de construir un parque eólico, que comprende 55 torres de 261 metros de altura y 12 aerogeneradores en al menos dos kilómetros de playa entre la zona de Taroa hasta Punta Espada por parte de la empresa española BlueFloat. Este proyecto afecta la pesca ancestral y los ingresos económicos a razón del turismo y causa un grave impacto ambiental.
En los municipios de Tame, Fortul, Saravena, Arauca y Arauquita durante varios días las comunidades estuvieron en la Jornada de Movilización Departamental, exigiendo atención a las afectaciones por la Crisis Invernal que los obligó a desplazarse de sus viviendas, en tal sentido se logró la instalación de una Mesa de Interlocución y Concertación para abordar el pliego de peticiones, llegando a un acuerdo para dar soluciones inmediatas y una ruta de seguimiento para verificar el cumplimiento de las mismas.
Las comunidades indígenas y procesos sociales cuestionan una vez más los incumplimientos constantes por parte de los gobiernos de turno, pero a la vez buscan construir escenarios de participación que les permita articular todos los Acuerdos pactados con este y los anteriores Gobiernos, para construir una hoja de ruta que articule salidas comunes a los problemas estructurales que siempre los ha afectado.
Las víctimas de esta semana
Hover Hernán Esquivel Tapicero era excombatiente articulado al ETCR Marco Aurelio Buendía, hizo la reincorporación en Guaviare e integraba un esquema de protección de la Subdirección Especializada, fue asesinado el 17 de junio en el municipio La Plata, Huila.
En el barrio Los Ángeles de la Comuna 6 de Buenaventura, Valle del Cauca, el 17 de junio perpetraron una masacre que dejó tres víctimas.
Alexander Chocué Peña era autoridad tradicional del Resguardo La Laguna Siberia y pertenecía a la Guardia Indígena, fue asesinado el 19 de junio en la vereda La Buitrera en Caldono, Cauca, en el ataque quedó herido John Jairo Velasco, también de la Guardia Indígena.
Elder Alexander Daza Ordoñez era excombatiente, adelantó su proceso de reincorporación en el ETCR La Fila, fue asesinado el 18 de junio en el barrio Bolívar en Balboa, Cauca.
Temístocles Beltrán era representante de víctimas, líder campesino y precandidato al Concejo de El Copey, fue asesinado el 19 de junio en el corregimiento la Caracolito del municipio El Copey, Cesar, por un sujeto que vestía uniforme de las Fuerzas Armadas y portaba arma larga. Armando Mosquera Trujillo era Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mesa Redonda y Exconcejal del municipio de Tello, Huila, fue asesinado el 23 de junio en sector conocido como La Batea cerca del casco urbano.