IMPUNIDAD PARA EL VICTIMARIO Y VERDADES QUE LE INCOMODAN

IMPUNIDAD PARA EL VICTIMARIO Y VERDADES QUE LE INCOMODAN

Himelda Ascanio

Durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002 – 2010) se implementó la política de Seguridad Democrática, que desencadenó el asesinato de miles de inocentes para ser mostrados como bajas en combate, ejecuciones sumariales que se conocen como Falsos Positivos, y que hoy continúan en completa impunidad.

“El Estado quiere presentar su ventaja militar con la insurgencia a través de acciones que atentan contra los derechos humanos como los falsos positivos”

Javier Giraldo Padre Jesuita y defensor de Derechos Humanos, 2012.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el desarrollo del caso 03 dedicado a investigar las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas presentadas por agentes del Estado como bajas en combate, realizó entre el 27 y 29 de junio la Audiencia de Reconocimiento de Verdad en Dabeiba y en la Terminal de Transportes del Norte en Medellín, Antioquia; escenario en el que, una vez más, 8 militares admitieron que por orden desde altos mandos, implementaron sistemáticamente patrones macrocriminales para perpetrar 49 asesinatos. 

En el acto participaron los coroneles (r) Efraín Prada excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 y Edie Pinzón comandante del BCG No. 26, los sargentos (r) William Capera, Fidel Ochoa y Jaime Coral, los mayores (r) Yair Rodríguez y Hermes Alvarado, y el soldado profesional Levis Contreras; los militares aceptaron haber presentado campesinos como guerrilleros dados de baja en combate, para lo cual el Ejército Nacional se alió con paramilitares de la zona y emprendieron ofensivas contra los campesinos a quienes previamente estigmatizaron.  Aseguran que esta práctica criminal aumentó bajo el cargo del General (r) Mario Montoya como comandante de la Séptima División.

Este proceso se abre luego de que en las exhumaciones al cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, se hallaron 29 fosas y una bóveda, correspondientes a 75 hallazgos forenses. Posteriormente, Medicina Legal determinó que aquellos correspondían a 49 cuerpos.

Según los informes de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de sobrevivientes, las víctimas de ejecuciones sumarias serían 10.000, esta macabra práctica de medir los resultados en “litros de sangre” se exacerbó en el Gobierno de Uribe a través de política de Seguridad Democrática, especialmente con la Directiva secreta 29/2005 que dispuso el pago de recompensas por el tipo de cabeza entregada.

En la etapa más cruenta, entre 2006 y 2008, las Fuerzas Militares cometieron el 68 por ciento de los Crímenes de Lesa Humanidad, en ese periodo el Gobierno desembolsó 29,5 millones de pesos para pago de recompensas a más de 2 millones de informantes. En 2009 la CIA desclasificó documentos que revelaban que el Gobierno de Estados Unidos sabía de los nexos entre Fuerzas Militares y paramilitares como una práctica usual desde 1994 para perpetrar ejecuciones sumarias, pero continúo desembolsando dinero para gastos militares al Gobierno de Colombia [1]. 

Las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en 29 de los 32 departamentos del país; sin embargo, Antioquia, Cesar, Meta, Norte de Santander y Casanare fueron los más afectados. La Primera, Segunda, Cuarta y Séptima Divisiones del Ejército concentraron el 60 por ciento de casos.

La JEP aceptó a 2.124 miembros de la Fuerza Pública de los cuales 965 se beneficiaron con libertad transitoria. Estos comparecientes están clasificados así: 255 oficiales, 488 suboficiales, 1.380 soldados y 1 civil. De este total, 774 miembros del Ejército Nacional permanecen en actividad y 1.350 en retiro.

Las verdades de los militares son secretos a voces que la inmensa mayoría conoce, pero además sabe que ese episodio trágico de las ejecuciones sumarias no solamente está en la impunidad total, sino que se siguen presentando. Y esto sucede porque quienes diseñaron las políticas contrainsurgentes aún controlan los poderes en el país, y mientras la justicia timorata no se atreva a tocar los determinadores de estos crimines, las Fuerzas Militares continuarán “manchando la Seguridad Democrática” impulsada por los Estados Unidos.  

Las víctimas de esta semana

Erasmo Antonio Pino Giraldo era líder campesino y miembro de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento La Granja, Itango, Antioquia, fue asesinado en dicha localidad el 26 de junio.

Nelson Medina Muñoz era miembro de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico en la represa El Quimbo (Asoquimbo) y de la Asociación de Pescadores de Puerto Seco en el municipio de Gigante, Huila, fue asesinado el 26 de junio en esta localidad.

Pablo Enrique Rodríguez era Presidente de la JAC del corregimiento Anacleto García, fue asesinado el 26 de junio en la vereda El Bosque, Tello, Huila.

Asentamiento Brisas del Mirador ubicado en el barrio Antonia Santos de Cúcuta, el 27 de junio perpetraron una masacre que dejó tres víctimas identificadas como Edinson, Deisimar y Marilaudir Montañez.

Ángel Miguel Ariza Rojas era excombatiente que adelantó el proceso de reincorporación en el Etcr Filipinas ubicado en Arauquita, fue asesinado el 28 de junio en el municipio de Tame, Arauca.

En el barrio Villa Campestre en Puerto Colombia área metropolitana de Barranquilla, Atlántico, el 29 de junio perpetraron una masacre que dejó tres víctimas.

En el barrio La Isla al norte Cali, Valle del Cauca, el 29 de junio perpetraron una masacre que dejó como víctimas tres jóvenes entre los 18 y 20 años.

Luis Aníbal Martínez Higuita era Excombatiente y realizó su proceso de reincorporación en el Etcr Román Ruiz en Santa Lucía, Ituango, actualmente hacia parte de un proyecto asociativo en Dabeiba para excombatientes, fue asesinado el 30 de junio el corregimiento La Balsita, Dabeiba, Antioquia.

____

[1] Falsos Positivos en Colombia y el papel de los Estados Unidos. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, 2014.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *