CONTINUA EL ASEDIO PARAMILITAR EN ANTIOQUIA
Himelda Ascanio
La colusión entre la Séptima División del Ejército y los narcoparamilitares del Clan del Golfo, mantienen bajo amenaza las comunidades de Segovia, Remedios y Argelia en Antioquia.
Durante el mes de enero del presente año las comunidades de la región de Los Dos Ríos, que comprende municipios del Bajo Cauca y nordeste antioqueño, sur de Bolívar y Magdalena Medio, se mantuvieron en Paro durante 5 días denunciando la avanzada paramilitar en la zona. Ante esto el gobierno reconoció la existencia de una crisis humanitaria y una grave violación de derechos humanos debido a la reconfiguración del paramilitarismo. A pesar de los compromisos del gobierno con las comunidades la situación no cambió. La respuesta del gobierno departamental de Antioquia fue fortalecer la presencia militar con soldados de la Séptima División del Ejército.
Agravan la situación
Los primeros días de junio pobladores de varias veredas de Segovia, Remedios y Argelia en Antioquia, empezaron a denunciar la incursión de paramilitares del Clan del Golfo instalando retenes e intentando empadronar a la población. El pasado 26 de junio en la vereda Arenales de Segovia, Antioquia, se denunció que este mismo grupo paramilitar recorrió el territorio hostigando y amenazando a líderes y lideresas campesinas, preguntaron por los miembros de la Guardia Campesina, destruyeron pancartas de las organizaciones sociales e hicieron pintas en la mayoría de las casas.
Esta situación ha generado que se produzcan desplazamientos y que muchas familias hayan decidido abandonar sus casas por temor. En veredas como Rancho Quemado, en el mismo municipio de Segovia, se han creado espacios para el albergue y recepción de cientos de familias. Organizaciones defensoras de Derechos Humanos que vienen acompañando, lanzaron alertas por la posibilidad de que se agrave la situación.
El plan de la estrategia paramilitar es vaciar los territorios y despojar de ellos a los pobladores para imponer la explotación de los recursos auríferos que se encuentran en la región. A lo que se suma las artimañas que desde las entidades estatales emplean para impedir la titulación minera colectiva que por décadas han exigido las comunidades.
La denuncia hecha por las propias comunidades señala directamente la connivencia de la Séptima División del Ejército con los paramilitares, el envío de tropas lo que ha hecho es fortalecer y hacer aún más crítica la situación de los habitantes de estas veredas, por ello exigen una política de desmantelamiento del paramilitarismo.
Desde la propia comandancia del Ejército de Liberación Nacional también se ha denunciado la connivencia del Ejército y los paramilitares. El asedio que viven las comunidades y la amenaza a los liderazgos sociales. Es el momento que el gobierno nacional cumpla con el mandato popular y se trace el desmonte del paramilitarismo con la seriedad que exige la vida misma de comunidades enteras.
Perseguidos y ejecutados de esta semana
Rigoberto Mendoza era excombatiente, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bajo Londres y miembro de la Asociación Unidos Producimos Paz (Upropaz) y Asocamper, fue asesinado el 8 de julio cuando regresaba a su vivienda después de participar en una reunión en el corregimiento de La Aguililla de Puerto Rico, Meta.
Alex David Ul Rivera era excombatiente que realizaba su proceso de reincorporación en el ETCR Dagoberto Ortíz en Monterredondo, Miranda, Cauca, fue asesinado el 10 de julio en la vereda Tierreros en Toribió, Cauca.
En la vereda Montebello de San Andrés de Cuerquia; Antioquia, el 11 de julio perpetraron una masacre que dejó como víctimas a tres jóvenes.
Alex Germán García Guanga era integrante de la Guardia Indígena del Resguardo Palma Imbi, fue secuestrado y posteriormente asesinado el 13 de julio en Ricaurte, Nariño. Franklin Pabón Camacho era defensor de derechos de la población LGBTIQ+, fue asesinado el 14 de julio en el barrio Mesolandia, en Malambo, Atlántico.