LA SITUACIÓN DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO
Himelda Ascanio
Organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos acompañadas de observación internacional desarrollaron una caravana humanitaria a la zona de Segovia, Antioquia; constataron la presencia paramilitar y sus implicaciones nefastas para la población.
La caravana realizada entre el 31 de julio y el 2 de agosto recorrió algunas veredas como Arenales y Las Palmas, poblaciones que han sido afectadas desde hace varios meses por la presencia de paramilitares del Clan del Golfo en connivencia con el Ejército.
La presencia paramilitar en esta región se ha incrementado y ha cobrado la vida de líderes sociales; entre las varias denuncias hechas por la comunidad está el bloqueo al ingreso de combustible que afecta a toda la población y en especial a los pequeños mineros tradicionales. Así mismo, la derribada de torres de energía para afectar el desarrollo de las actividades de la gente, el asesinato del líder social Carlos Mario Roldán, en la vereda Rancho Quemado, crimen con el que terminaron de amedrantar a la población.
Sociedad militar y paramilitar
Una de las denuncias más graves que aún sigue siendo desconocida es la connivencia de militares del Ejército y los paramilitares del Clan del Golfo; las propias comunidades dan cuenta de este actuar permisivo y coordinado, además avalado por las autoridades administrativas como la Gobernación de Antioquía y la Alcaldía de Segovia, que lejos de prestar atención y buscar soluciones han tratado de ignorar la situación y hacerla pasar como falsa.
Según la información recogida por las organizaciones durante la caravana, uno de los temores más grandes de la población es la llegada de la coca auspiciada por esta sociedad armada legal e ilegal, pues dicen que detrás del Ejército vienen los paramilitares y estos llegan a imponer cultivos de coca en una región donde no hay.
Refugio humanitario y abandono estatal
Dada esta situación, las tensiones y hostigamientos permanentes, varias familias organizaron un refugio humanitario en la vereda Rancho Quemado, donde alrededor de 400 personas tratan de protegerse; sumado a esta situación, el abandono estatal es evidente, pues la región no cuenta con servicios públicos e incluso las pocas instituciones educativas no tienen agua, ni electricidad, dejando a la población prácticamente sola y con muy pocas condiciones.
Como ya se ha denunciado, este abandono estatal abona el desarrollo de la estrategia paramilitar de vaciar los territorios y despojar a pobladores para imponer la explotación del oro que se encuentra en la región; además de las dinámicas de posicionamiento y control territorial que acaban con la organización y el trabajo colectivo comunitario.
La connivencia del Ejército y los paramilitares se ha denunciado desde diferentes sectores, es un asunto que debe atenderse con urgencia si es que se pretende de verdad desarrollar políticas de cambio; desmontar el paramilitarismo y cambiar la doctrina militar son temas fundamentales para nuevas dinámicas políticas. Es el momento que el gobierno nacional cumpla con el mandato popular.
Asesinados esta semana
Luis Felipe Rolón de 24 años, pertenecía a la comunidad LGTBIQ+, fue asesinado el 31 de julio en el barrio El Ferry en Barranquilla; es la décima víctima de esta comunidad que deja la violencia en el departamento del Atlántico durante este año.
Eduardo Timaná fue asesinado en Pradera, Valle del Cauca, el 04 de agosto de 2023. Era un líder indígena y exautoridad del resguardo Kwet Wala, miembro de la asociación Nasa.
El 06 de agosto de 2023, perpetraron una masacre en Cúcuta, Norte de Santander, que cobro la vida de tres personas en el barrio Toledo Plata de esta ciudad.