El 2021 fue otro año de Genocidio contra el pueblo, pero recrudecido contra las organizaciones sociales y políticas de la costa Pacífica, que en el reordenamiento territorial imperialista están destinadas a megaproyectos, por lo que necesitan desplazar su población.
Categoría: Solución Política
El régimen a través del Congreso donde es mayoría crea leyes para restringir derechos civiles y constitucionales, a la vez que legaliza el paramilitarismo urbano, lo que demuestra cómo el Gobierno de Duque encabeza una Narcodictadura.
Algunos miembros de la Fuerzas Armadas (FFAA) a regañadientes han confesado que miles de ellos son responsables por ejecutar a millares de inocentes, Práctica Genocida que intentan justificar como “conducta omisiva”, cuando la realidad demuestra que se trata de una política de terror de Estado.
Durante décadas las Fuerzas Armadas (FFAA) colombianas se han caracterizado por dar trato de Guerra a las manifestaciones populares, y utilizar los entes de control del Estado para encubrir violaciones de Derechos Humanos y garantizar la impunidad.
enocidio contra Defensores de Derechos Humanos (DDH) y la oposición de izquierda, dejar de perseguir a los comunicadores sociales y respetar la libertad de expresión.
En el Gobierno de Álvaro Uribe se implementó la política de Seguridad Democrática, la cual desencadenó el asesinato de miles inocentes para ser mostrados como bajas en combate, lo que se denominó Falsos Positivos, Genocidio que continúa en el día de hoy.
Iglesias y organizaciones de Defensoras de Derechos Humanos (DDH) documentan las prácticas genocidas de agentes estatales y narcoparamilitares, contra las comunidades para abrir campo a megaproyectos mineros, de infraestructura y agronegocios, castigo que también aplican a los manifestantes del Paro Nacional.
La Doctrina de Seguridad categoriza el liderazgo social como Enemigo Interno, de esta manera el régimen justifica el ataque sistemático a las comunidades en colusión con los paramilitares para favorecer que las multinacionales se apropien de los territorios.
La Primera Línea surge como mecanismo de autoprotección integrada por jóvenes para defender las protestas de la agresión policial, no son agrupamientos para la acción destructiva, ni grupos de terroristas, como los presentan el Gobierno y las grandes empresas de comunicación.
ado el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, que deja la desmovilización guerrillera, la eliminación de 300 excombatientes, centenares continúan en las cárceles, y miles han debido resguardarse para esquivar el exterminio y la reducción que les aplica el régimen.
El 4 de noviembre los secuaces de Uribe Vélez que mandan en la Unidad Nacional de Víctimas reconocieron como víctima y le concedieron una indemnización al convicto narcopolítico Jorge Visbal Martelo, maniobra perversa con la que blanquean la imagen de uno de los mayores victimarios de comunidades campesinas.
Los ataques a los Defensores de Derechos Humanos (DDH), ambientalistas, periodistas, líderes sociales, manifestantes y opositores, hacen parte de las prácticas Genocidas del régimen de dictadura mafiosa con las que pretende sofocar el reclamo de la gente que lucha por justicia y libertad.