HASTA LAS VERDADES A MEDIAS LES INCOMODAN

Himelda Ascanio

El 10 de mayo la Comisión de la Verdad (CV) organizó el ‘Encuentro por la Verdad: Reconocimiento de responsabilidades sobre las ejecuciones en Bogotá y Soacha’, donde participaron las Madres de los Falsos Positivos de Soacha (Mafapo) y oficiales de las Brigadas 15 y 30 del Ejército.

El Comisionado Alejandro Valencia adelantó que el Informe que entregará la CV el próximo 28 de junio en Bogotá dirá, que los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de combates simulados se exacerbaron durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010), fueron Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad perpetrados como parte de una política del Gobierno, para incrementar las cifras de bajas al enemigo, legitimar la Doctrina de Seguridad y publicitar su efectividad [1].

Se constituyó un entramado criminal de agentes estatales y no estatales, entre Ejército, Policía, Gaula, DAS, Armada, el Consejo Superior de la Judicatura, Justicia Penal Militar, empresas multinacionales y paramilitares, que escogieron sus víctimas en su mayoría hombres jóvenes empobrecidos y de territorios estigmatizados pensando que serían invisibles para la sociedad.

Pese a que estos crímenes se exacerbaron en 2002 esta política la vienen ejecutando las Fuerzas Armadas (FFAA) desde los años 80 bajo la justificación de “eliminar al Enemigo Interno”; las denuncias de defensores de Derechos Humanos no fueron tenidos en cuenta para frenar la macrocriminalidad de las FFAA, por el contrario la profundizaron con los recursos asignados por los Estados Unidos a través del ‘Plan Colombia’; la CV tiene una cifra preliminar de 6.402 víctimas, pero hay numerosos crímenes que no han sido denunciados y la alarmante cifra de desaparecidos demuestra un subregistro.

Furibundo Álvaro Uribe calificó a la CV de “irresponsables y de ser un mecanismo impuesto por las Farc” [2]; otra reacción a este Informe fue la renuncia el 3 de mayo a la CV del exmilitar Carlos Guillermo Ospina porque “no podía estar de acuerdo con la verdad que se quiere contar del Conflicto Armado” [3]; si a los principales victimarios les incomodan las verdades a medias indica que no están dispuestos a dar un paso serio en un Proceso de Paz, asumir responsabilidades y dar garantías de no repetición, bases fundamentales para satisfacer los plenos derechos de las víctimas.

El Genocidio continuado

Aldemar Urquina Cruz era Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Morrocoy de El Doncello, Caquetá, fue asesinado el 7 de mayo en la vereda El Guayabo en San Vicente del Caguán.

En Nóvita, Chocó, el 8 de mayo perpetraron una masacre de cuatro comerciantes identificados como Euner Bedoya Pérez, Jairo Acevedo Zapata, Yelissa Martínez Mosquera y Alexander Barrio López.

José Evangelista Monroy Vargas de 48 años, excombatiente que desarrollaba un proyecto de producción individual, fue asesinado el 10 de mayo en Villalobos en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Oveimar Tenorio es Coordinador de la Guardia Indígena de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN), el 9 de mayo cuando se desplazaba del Resguardo López Adentro en Caloto hacia Santander de Quilichao, Cauca, sufrió un ataque sicarial del que salió ileso.

Adin Cerquera Huaca Expresidente de la JAC del Paujil en Puerto Guzmán, Putumayo, fue asesinado el 10 de mayo y su hijo John Fredy Cerquera actual Presidente de la JAC fue secuestrado por la narcobanda que los atacó en su vivienda.

Yeison Mosquera Coordinador de la Guardia Cimarrona en el Chocó, el 10 mayo fue víctima de un atentado del que salió ileso, los sicarios efectuaron varios impactos con armas de fuego contra su vivienda en la ciudad de Quibdó.

La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, denunció que el 11 de mayo la Policía disparó indiscriminadamente contra campesinos, que exigen el cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (Pnis), en el corregimiento Santa Fe Las Claras de San José de Uré, el ataque dejó cinco campesinos heridos de gravedad de La Danta y Alto Cristal.

Franklin Bejarano Mosquera de 41 años, era excombatiente articulado en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) Santa Rosa de San Antonio de los Monos en Caldono, Cauca, fue asesinado el 12 de mayo en el barrio Siloé en Cali, Valle del Cauca.

En el barrio La Revolución en Buga, Valle del Cauca, el 13 mayo perpetraron la masacre de tres jóvenes identificados como Bryan Rodríguez de 18 años, Germán Valdez Rodas de 19 y Jean Pierbi Cardona de 25; y un joven de 16 años quedó herido.

Socio Fernando Domicó era Autoridad indígena, músico y docente del Pueblo Embera Eyábida, fue asesinado el 14 de mayo en el Resguardo de Chigorodó en Dabeiba, Antioquia.

Edgar Quintero era Expresidente de la JAC de Lomitas en Santander de Quilichao, Cauca, y víctima de despojo de tierras, fue asesinado el 14 mayo en El Crucero entre el corregimiento de Timba y Buenos Aires.