EL COLMO: VICTIMARIOS SE APODERAN DE CURULES DE LAS VÍCTIMAS

Himelda Ascanio

Es tanto el cinismo de la dictadura mafiosa colombiana que en su propósito de “hacer trizas la paz”, se ha apoderado de las curules en la Cámara de Representantes, que estaba acordado que se asignarían a las víctimas del Conflicto no a los victimarios.

Tras 5 años de implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, en vez de existir un posconflicto Colombia sufre un Nuevo Ciclo de Guerra, que demuestra que la estrategia de Guerra Perpetua que aplica Estados Unidos es más potente que la voluntad de paz que existe en el país; estrategia bélica que protege el saqueo de bienes naturales colombianos, por medio de exterminar a los líderes sociales y políticos que defienden la vida, la permanencia en el territorio y buscan cambios en el modelo económico y el régimen imperante.

La grave crisis humanitaria que se desbordó a partir de la firma del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016 cobra la vida de más de 1.326 líderes y 315 excombatientes, este año han asesinado a más de 40 líderes y 11 excombatientes, además de ejecutar 25 masacres; en el 2021 se contabilizaron 180 líderes asesinados y 102 masacres [1].

El Nuevo Ciclo de Guerra obedece a que el Acuerdo no logró incidir en los problemas estructurales que reproducen el Conflicto Interno, además de haber sido triturado por la decisión de la élite dominante de “hacer trizas la paz”, lo que motivó que el 27 de enero la Corte Constitucional en la Sentencia SU-020 del 2022 declarara “el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad para los excombatientes”, Sentencia que también aplica para la mayoría de los puntos del Acuerdo [2]. 

Entre el Estado y los clanes mafiosos capturaron las curules de paz

Producto del Acuerdo de Paz en el punto de Reforma a la Política establecieron 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), para representar a los 9 millones de víctimas del Conflicto Armado, en 167 municipios de los departamentos de Cauca, Nariño, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Huila, Chocó, Meta, Guaviare, Bolívar, Sucre, Valle del Cauca, Putumayo, Cesar, La Guajira, Magdalena, Córdoba y Tolima; la oligarquía en 2017 en el Congreso hundió estas 16 Citrep pero la Corte Constitucional las revivió en mayo del año pasado. 

En la contienda electoral fueron mínimos los procesos sociales y de víctimas que lograron curules de paz, porque la Registraduría obstaculizó la inscripción, no hubo recursos para sus campañas y debieron enfrentar a los narcoparamilitares que los asediaron en todo el proceso [3].

En total se inscribieron 403 candidatos, 18 de ellos renunciaron a pocos días de las elecciones por falta de garantías de seguridad, pues competían contra el hijo del narcoparamilitar Jorge 40; en las zonas rurales participaron 533.664 personas (42 por ciento) de las 1.246.634 que estaban habilitadas, lo cual es contradictorio si se tiene en cuenta que la mayoría de desplazados están en las cabeceras municipales y ciudades.

Jorge “Yoyo” Tovar hijo del narcoparamilitar alias Jorge 40 responsable de más de 600 crímenes, entre ellos 333 masacres, homicidios selectivos y desplazamientos forzados, fue el candidato más votado con 17.457 votos para representar a las víctimas de su padre en el Cesar, Magdalena y La Guajira; estuvo apoyado por Víctor Hugo Mosquera, Director territorial de la Unidad de Víctimas, y por los clanes mafiosos Gnecco y Araujo.

No es la primera vez que Yoyo se beneficia de las víctimas, en 2016 la Gobernación del Cesar lo contrató como Asesor de paz, luego Duque lo nombró coordinador del Grupo de Articulación para la Política Pública de Víctimas del Ministerio del Interior, y además cobra más de 238 millones de Pesos mensuales por el alquiler de la Torre 40 a la oficina de la Unidad de Víctimas del Cesar [4].

Leonor Palencia se hizo a la curul de paz por Córdoba con la tal Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó (Asomuvij), quien recibe apoyo de clanes mafiosos condenados por narcopolítica y corrupción como Amín–López, Barguil y Besaile, entre ellos está Fabio Otero el Exalcalde de Tierralta investigado por el asesinato de la lideresa reclamante de tierras María del Pilar Hurtado, ocurrido en junio de 2019; además directivos de Juntas de Acción Comunal y Gobernadores de Resguardos Indígenas denunciaron fraude al sufragante, elección ilícita de candidato, corrupción de sufragante y tráfico de votos.

James Hermenegildo Mosquera heredero del clan narcoparamilitar Sánchez Montes de Oca, logró de manera exprés la acreditación como “víctima”, inscribió su candidatura para la curul de paz por el Chocó con el aval del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita (Cocoman) en la cuenca del río Tamaná, pese a que no hay constancia que sea miembro o que viva recientemente en esa jurisdicción; Mosquera fue el abogado en el proceso por corrupción del condenado Patrocinio Sánchez.

John Fredy Núñez Ramos se quedó con la curul del Caquetá por la Fundación Igualdad Social, fue Directivo del narcopartido PIN que se camufló como Opción Ciudadana, ha sido contratista de varias gobernaciones, actualmente es ahijado político de Álvaro Pacheco Exgobernador condenado por narcoparamilitarismo, y también apoyado por el Gobernador Arnulfo Gasca ambos del Partido Liberal.

Karen Astrid Manrique Olarte llegó por la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional a la curul de paz de Arauca, recibió apoyo de Anibal Mendoza Alcalde de Tame por el Partido Liberal.

Diógenes Quintero obtuvo la curul de paz por el Catatumbo con la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí (Asofadhaca), recibió el apoyo del Alcalde del municipio Deivy Bayona del Partido ASI y del Representante a la Cámara Wilmer Carrillo por el Partido de la U del Clan Villamizar, quien tiene desde octubre de 2021 abierta una investigación por corrupción en obras en Arboledas, Norte de Santander.

Jhon Fredy Valencia con el aval del Consejo Comunitario de Los Andes se quedó con la curul del Putumayo, recibió el apoyo del Exgobernador Buanerges Rosero Peña de Cambio Radical, quien tiene medida de aseguramiento por corrupto y de Carlos Adolfo Ardila Espinosa representante a la Cámara por el Partido Liberal. 

Víctimas del terror estatal de esta semana

Richard Betancourt era Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Clara y ayudaba a desplazados, fue asesinado el 20 de marzo en dicha vereda de Argelia, Cauca.

Domingo Mancilla Cundumí de 37 años, era excombatiente y hacía parte a la Asociación de Balsiteños por la Paz, fue asesinado el 20 de marzo en la vereda Temuei sector Bonanza en Guapi, Cauca.

Jorge Canchi Ramos de 42 años, era excombatiente y administraba una finca, fue asesinado el 23 de marzo en la vereda 20 de Julio en El Tambo, Cauca. 

En Robledo, en la Comuna 7 de Medellín, el 23 de marzo perpetraron la masacre de Edison Pereira, Darwin Alejandro Ochoa y Víctor Hugo Echeverri, de nacionalidad venezolana.

En el barrio Compostela de la localidad de Usme en Bogotá, perpetraron una masacre el 23 de marzo que dejó tres víctimas fatales.

Fredy Pallares Amaya de 40 años, era veedor de movilidad y había denunciado injusticias y abusos de funcionarios de Tránsito del Área Metropolitana, fue asesinado el 24 de marzo en el barrio Siete de Agosto de Cúcuta, Norte de Santander. 

En la vereda La María de El Águila, Valle del Cauca, el 25 de marzo perpetraron una masacre que dejó cuatro víctimas fatales. 

Alcibíades Moreno Moreno era Presidente de la Asociación de Esmeralderos Artesanales (guaqueros), cargo al que debió renunciar por amenazas de muerte, además presidía el Comité de los Acopios de Tierra; el 22 de marzo denunció pésimas condiciones laborales de los trabajadores artesanales y dos días después fue asesinado en el casco urbano de Muzo, Boyacá.