AMAZONÍA COLOMBIANA UN ‘BOTÍN DE GUERRA’

Himelda Ascanio

El régimen mata Defensores de Derechos Humanos para abrir paso a la gran minería en la Amazonía, como dice Morcadei Ogada: “el amor de un extranjero por nuestra fauna suele darnos la medida de su odio por nuestros pueblos indígenas”.

Los Informes de Front Line Defenders desde el 2016 al 2021 han registrado el asesinato de 1.907 defensores ambientales en el mundo, el 70 por ciento corresponde a defensores de los derechos de los pueblos étnicos y campesinos, del medioambiente y que reclaman tierras usurpadas; en Colombia se perpetraron 765 de esos asesinatos (40 por ciento), siendo durante cinco años consecutivos el país más letal para los ambientalistas [1].

Operaciones militares contra indígenas y campesinos

Colombia posee el 6 por ciento del Bioma Amazónico que representa el 42 por ciento del territorio nacional, poblado en un 70 por ciento por etnias indígenas; en 2018 la Unesco declaró el Parque Nacional Natural (PNN) Serranía de Chiribiquete, Patrimonio Mixto de la Humanidad, allí en 2016 el Gobierno había desplegado la Operación militar “Burbujas Medioambientales” y en 2017 realizaron la Operación “América Unida”, en la que tropas de Estados Unidos comandaron militares de Perú, Brasil, Canadá y Argentina [2].

En abril de 2019 Duque lanzó la Operación “Artemisa” supuestamente para combatir la deforestación en los PNN de La Macarena, Tinigua, Los Picachos, Chiribiquete, La Playa y Caño Cuma en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Vichada, en la que desde las Bases gringas de Larandia y Tres Esquinas desplegaron las tropas del Comando Conjunto No. 3 Suroriente (Ccon 3).

La Operación “Artemisa” ha realizado 17 ataques contra comunidades indígenas y campesinas, han capturado y judicializado a 182 personas, una de ellas es Reinaldo Quebrada Quilcué, Gobernador del Resguardo La Esperanza [3]; los campesinos e indígenas capturados son obligados a firmar documentos donde se comprometen a abandonar la región a cambio de no judicializarlos, lo que consuma su destierro.

Mientras tanto, la deforestación en la Amazonía sigue acelerada, en 2020 perdió 109.302 hectáreas de bosque, 11 mil más que en 2019, el 70 por ciento de ella a causa de la ganadería extensiva y la agroindustria de palma aceitera, sin embargo, por este desastre medioambiental no hay un solo político, empresario o terrateniente judicializado [4].    

Tropas abren paso a la gran minería

A Buenaventura llegaría el Oleoducto Tapir después de atravesar el Parque Cordillera de Los Picachos, en el Caquetá programan perforaciones en 44 Bloques Petroleros violando Resguardos Indígenas, además de entregar allí en Concesión más de 50 Títulos Mineros, junto a la construcción de 14 hidroeléctricas sobre los principales afluentes del río Amazonas, atravesados todos por la carretera Marginal de la Selva [5].

La empresa canadiense Cosigo Resources Ltd desde 2007 le otorgaron ilegalmente la Concesión Minera en la Serranía de La Libertad al interior del Resguardo Yaigojé Apapori en Vaupés; también minera Auxico Resources en 2018 firmó un contrato con el Gobernador corrupto Javier Zapata quien le concedió el 80 por ciento del departamento de Guainía para explotar oro y coltan, para legalizar este saqueo en 2019 Duque anunció la creación del nuevo municipio Barrancominas, para neutralizar  el reclamo indígena de respetar sus derechos sobre la tierra [6].

Geopark llamada antes Amerisur, desde 2006 tiene licencia de exploración y producción de hidrocarburos en 13 Bloques, 1 en la cuenca Llanos y 12 en el Caguán sobre el territorio indígena Siona declarado en peligro de extinción física y cultural, y dentro de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (Zrcpa) en Putumayo. El pasado 3 de abril Jeff Bezos visitó el PNN de Chiribiquete, junto a Duque, para en el terreno conocer posibilidades de traer su capital a la Amazonía.

Últimos Defensores de Derechos Humanos asesinados

Fabinson Ducuara Barreto era Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Horizonte del municipio La Montañita, Caquetá, estaba desaparecido desde el 10 de abril tres días después fue hallado sin vida. 

Pablo Baquero Cárdenas desempeñó varios cargos en la JAC de la vereda La Independencia de la Inspección de Arizona en Puerto Caicedo, Putumayo, fue asesinado el 11 de abril.