NEGACIÓN DE CRÍMENES BURLA A LAS VÍCTIMAS

Himelda Ascanio

Silenciar a Otoniel con la extradición, la verdad a medias de militares ante la JEP, la negación de Molano de la masacre de Putumayo y la negativa del Gobierno a asumir responsabilidades por la Masacre de Bojayá, demuestran que la élite dominante eterniza la impunidad para perpetuar la Guerra contra el pueblo.

Juliette de Rivero Representante de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos (DDHH), el 2 de mayo en el acto de conmemoración de los 20 años de la Masacre de Bojayá, Chocó, responsabilizó al Estado colombiano por la omisión en su deber de proteger a estas comunidades, aseguró que un mes antes de la tragedia la Oficina y la Defensoría del Pueblo emitieron alertas por la llegada de refuerzos narcoparamilitares en helicópteros, lo que dejaba más expuesta a la población [1].

Para la Representante “es fundamental que el Estado reconozca su responsabilidad para poder reparar integralmente y para hacer justicia”, 20 años después las mismas comunidades chocoanas siguen sufriendo el asedio de los narcoparamilitares, además empeoró la exclusión social, la corrupción y la pobreza que sume a los pueblos étnicos y campesinos en una mayor indignidad.

El Consejero Presidencial para los DDHH calificó la declaración de Juliette de Rivero como una “desfachatez que irrespeta a los colombianos”, desconoce este burócrata que el Tribunal Administrativo de Chocó en la Sentencia N°26 del 28 de mayo de 2015, señaló que hubo omisión por parte de la Fuerzas Armadas lo que permitió el ataque a la población, por ello “el Presidente, los Ministros y los Comandantes militares deben responder con su patrimonio por el daño causado, pero adicionalmente responder desde el punto de vista disciplinario, penal y de responsabilidad fiscal” [2].

Leyner Palacios líder de las víctimas de Bojayá expresó “gran indignación y sorpresa por la actitud negacionista de algunos funcionarios del actual Gobierno, respecto a la grave crisis humanitaria que sufre el Chocó y el Pacífico (…), no le parece extravagante que Quibdó tenga la tasa de homicidios cinco veces mayor que la del resto del país y, que el 72 por ciento de los habitantes se encuentren en riesgo”; también la Diócesis de Quibdó y los obispos del Pacífico se han pronunciado sobre esta crisis humanitaria, y organizaciones defensoras de DDHH nacionales e internacionales lo han ratificado; también convocó a la población colombiana a solidarizarse con esta región para obligar al Estado a responder por estos territorios [3].

Persecución para hacer trizas la paz

María Elvia Gómez era Expresidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Magdalena, fue asesinada el 29 de abril en dicha vereda del municipio El Peñol, Antioquia.

María José Arciniegas Salinas de 27 años, era comunera del pueblo Zio Bain perteneciente a la Organización Nacional de los Pueblo Indígenas de la Amazonía (Onpia), fue asesinada el 30 de abril en el Resguardo El Hacha de Puerto Leguízamo, Putumayo.

Misael Fernando Ávila Solarte de 37 años, era miembro del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol), fue asesinado el Primero de Mayo en el barrio Alfonso López de Cali, Valle del Cauca.

Mauricio Fori Balanta de 56 años pertenecía al Sindicato Mixto de Trabajadores y Empleados Públicos de la Universidad del Valle (Sintraempuvalle) y al Comité de DDHH, fue asesinado el 3 de mayo en Cali, Valle del Cauca.

Elkin Echávez Cañavera de 46 años, era líder campesino y militante del Pacto Histórico, en las elecciones legislativas de marzo denunció fraude electoral y estaba asignado para testigo electoral en las próximas elecciones presidenciales, fue asesinado el 3 de mayo en la vereda Buenos Aires en La Mojana de Sucre, Sucre.

Rafael Rodríguez Barrios era Presidente de la JAC de la vereda La Gloria de San Pedro, Sucre, fue asesinado el 5 de mayo en dicha localidad.

Ever Ortega Monroy era Presidente de la JAC de la vereda Santa Helena, fue asesinado el 5 de mayo en esa vereda de Norosí, Bolívar.