LA TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CREAN POBREZA
Claudia Julieta Parra
La estructura del sistema de la energía eléctrica lo hace deficitario para solventar este servicio en las esferas sociales bajas; su estructura neoliberal lo hace altamente costoso, lo que ha sumido a 9,6 millones de colombianos en pobreza energética y a más del 20 por ciento de la población la tiene en auto racionamiento.
A finales de la década del sesenta del siglo anterior el Gobierno decidió integrar todos los sistemas eléctricos existentes en el país, para crear el Sistema Interconectado Nacional (SIN) que integra todas las líneas de transmisión de energía y subestaciones, por tanto, las centrales de generación no atienden la demanda de energía del municipio o región donde están ubicadas, ya que la energía va directamente al SIN.
La CREG es una unidad administrativa autónoma sin personería jurídica adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como función regular la distribución equitativa, masiva y al menor costo posible de la energía eléctrica, el gas natural y el gas licuado, entre otros. A su vez, esta entidad no es la encargada de fijar el precio básico del kilovatio hora (KWh), este es determinado por las empresas generadoras, que establecen su valor por los estándares comerciales internacionales (valor cambiario en Bolsa de los combustibles), además, se debe indexar los costos de transmisión, distribución y comercialización, su sumatoria determina el valor bruto del KWh, por si fuera poco este valor esta mediado o inferido por la oscilación del Índice de Precios al Productor (IPP) -inflación-.
Cunde el pánico
En el más reciente consejo de ministros televisado, quedó en evidencia los problemas estructurales que tiene el modelo tarifario de energía eléctrica, que tiene a punto de la insolvencia los subsidios que gozan los estratos 1, 2 y 3 y, que más allá de la incompetencia administrativa, el núcleo del problema radica en la enajenación de este servicio que casi en su totalidad fue concedido al sector privado, y en una ecuación tarifaria que deja el valor del Kwh en manos de la especulación del mercado bursátil.
Esta semana el Contralor General de la República, en un acto de pánico económico y energético, “encendió las alarmas”, por el incremento del déficit en el pago de subsidios a las empresas de energía; según cifras oficiales el déficit por razón de subsidios asciende a los 2,7 billones de pesos y, en caso de un desmonte de los mismos las ya altas tarifas de la energía eléctrica se incrementarían hasta en un 140 por ciento. Actualmente los estratos 1, 2 y 3, tienen subsidios que cubren el consumo hasta los 130 Kwh –de ahí en adelante se factura tarifa plena–, el estrato 4 paga tarifa plena, mientras los estratos 5, 6 y comercial tienen una sobretasa del 20 por ciento.
Soluciones al alcance de la mano
Lo más sensato sería incrementar la sobretasa en un 10 por ciento a los estratos 5 y 6, y un incremento del 15 por ciento en la sobretasa de las empresas y comercios categorizados como grandes, megaempresas y trasnacionales; esto permitiría en solo el primer mes recaudar más de 1,5 billones, lo que aliviaría el actual déficit, ¿lo lógico no es que entre mayor capital y poder adquisitivo, mayor debe ser la contribución al Estado?
Incrementar la sobretasa en los estratos altos y las grandes empresas es una medida urgente y necesaria, pero que no resuelve los problemas de fondo que tiene el sistema energético colombiano. El déficit de acceso a electricidad existente en nuestro país es incoherente, teniendo en cuenta la gran riqueza hídrica existente, además los altos costos del fluido eléctrico, nos debe hacer reflexionar en cómo un servicio público esencial se convirtió en mercancía y su modelo está regulado para favorecer las utilidades de la empresa privada y no las necesidades de la población, en especial la población excluida y empobrecida.
El problema de fondo del costo de los servicios públicos en general es que producto del sistema neoliberal estos fueron privatizados, lo cual dejó estos servicios fundamentales esclavos de la lógica capitalista, donde el principal fin es la obtención de utilidades.
Disminuir o regular el precio de los servicios públicos va más allá de extender o incrementar los subsidios otorgados por el Estado, una primera medida debe otorgarle la fijación de tarifas al Estado y en el largo plazo retornarle el monopolio de estos servicios esenciales al Estado; desde luego, estos cambios necesarios implican un nuevo paradigma económico que vaya en función del deber ser de la economía, que es el bienestar y beneficio de la población, esto sin duda generaría avances en la atención del déficit de Gasto Social e implicaría una ruptura con los bancos multilaterales y con la plutocracia local y global, ¿está dispuesto este Gobierno a romper la lógica neoliberal y generar una economía de orden social, que democratice las tarifas de los servicios esenciales?