CARBÓN GUAJIRO:  MISERIA WAYUÚ Y RIQUEZA PARA EUROPEOS

Carmen Tarazona

La Guajira posee una inmensa reserva de carbón, cobre, petróleo y gas, además de condiciones eólicas para la generación de energía limpia; en trágico contraste su población sufre los mayores índices de Pobreza Multidimensional, Monetaria y Extrema del país.

En La Guajira se encuentra una de las principales minas carboníferas a cielo abierto del mundo y un gran potencial eólico por las características de su territorio; cuenta con una población de 880.500 habitantes, y su índice de Pobreza Monetaria es de 61,8 por ciento, muy por encima de media nacional que es 43,4 por ciento, solo Riohacha -capital del departamento- tiene 72.000 personas en condiciones de miseria [1].

Las condiciones de pobreza y miseria que tiene La Guajira es la principal causa de mortalidad infantil en ese departamento, entre los años 2008 y 2021 han muerto por desnutrición y otras causas asociadas 5.320 niños, de los cuales el 20 por ciento eran menores de 5 años y 74 por ciento pertenecían a las etnias indígenas [2].

Despojo, opulencia y muerte

Desde 1984 Carbones del Cerrejón Limited copó 69.000 hectáreas, en 2018 esta empresa tenía 23 Títulos Mineros otorgados, 2 en explotación en el municipio de Barrancas, y solicitudes por más de 600.000 hectáreas en la Media y Alta Guajira, en áreas próximas a Bahía Portete y al Cabo de la Vela, y en los municipios de Fonseca, Hato Nuevo y Albania.

Carbones del Cerrejón en 2021 exportó 23,4 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 89 por ciento con respecto al año anterior, y una ganancia para los dueños extranjeros (la anglo australiana BHP Billiton, la suiza Glencore y la Anglo American) de 4.000 millones de Dólares [3], a costa de del desmejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, por la destrucción de los escasos bosques y el daño irreversible de 17  fuentes hídricas, esto conlleva el desplazamiento de más de 25 comunidades afro, campesinas y de la etnia Wayuú.

Los impuestos y regalías que recibe el erario por esta explotación carbonífera son considerablemente bajos, por si fuera poco, el 77 por ciento de las familias indígenas están afectadas por la inseguridad alimentaria, solamente 3 de los 16 hospitales ofrecen atención especializada para casos de desnutrición, y en la Alta Guajira hay un solo hospital [4]; esta lamentable situación en 20 años ha generado 14 fallos judiciales, diferentes Sentencias de la Corte Constitucional amparando los derechos fundamentales de la población, sin embargo, todo va de mal en peor y las comunidades siguen sin beneficiarse de la bonanza minera.

Energía eólica para acelerar el saqueo del carbón

Tienen proyectado instalar 65 Parques Eólicos antes de 2030, 16 de ellos serán instalados en 2023, estos impactarán a 288 comunidades Wayuú; dichos parques ocuparán cerca de 45.000 hectáreas con torres de hasta de 120 metros de altura y aspas entre 100 y 140 metros de diámetro; lo que impactará negativamente la movilidad de la población y sus costumbres en los territorios invadidos [5].

Las instalaciones de los Parques Eólicos no respetan el espacio esencial de las comunidades del pueblo Wayuú, por ejemplo, la comunidad Kashiworin quedó a menos de 200 metros de un Parque Eólico, las hélices y turbinas alteran rutas de aves migratorias y el sistema de navegación de los murciélagos, lo que altera los ciclos simbióticos del ecosistema.

Aunque estos proyectos cumplieron la fase de Consulta Previa, se podría decir que el consentimiento de las comunidades fue condicionado, ya que las multinacionales dividieron a las comunidades para realizar consultas amañadas; en la que cada comunidad pacta con el inversionista y pasa a comportarse como “propietario privado” diluyendo la relación de cooperación con las  comunidades vecinas; trampas que organiza el Gobierno mafioso para garantizarle energía a los extranjeros, que ahora intensifican el saqueo del carbón.

Resistencias por la vida

En 2012 el pueblo guajiro logró frenar la expansión minera evitando el desvío del río Ranchería para la explotación de carbón; en 2016, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y Corpoguajira autorizaron al Cerrejón desviar 3,6 kilómetros del arroyo Bruno, principal afluente del Rio Ranchería, a lo cual prosiguió una Sentencia de la Corte Constitucional que ordenó frenar el proyecto de Cerrejón, y tuteló los derechos de las comunidades Wayuú [6].

La lucha por El Cerrejón desde 1984 ha dejado claro que este es un pésimo negocio al estilo de la gallina gringa y el marrano colombiano que se asocian para producir huevos con tocino, tras 4 décadas de saqueo lo que recibe Colombia son unas míseras regalías, a cambio del deterioro terrible de la vida de la población y la desertificación del territorio; lo que exige un mínimo de dignidad nacional para ‘parar en seco’ este atropello.