LOS PRINCIPALES VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS

Himelda Ascanio

La persecución del régimen contra sus opositores se mide en las estadísticas de violaciones de Derechos Humanos (DDHH), las que en 2021 fueron peores que antes debido al trato de Guerra que propina a la protesta social, por medio de sus Fuerzas Armadas (FFAA) y sus paramilitares.

Ejecutan centenares de líderes comunitarios y excombatientes en un Genocidio político que nadie detiene, mientras la Fiscalía demuestra total negligencia para investigar, sin embargo, una manera de identificar a los victimarios es a través de los intereses que hay detrás de cada crimen, porque eliminan a líderes de base, guardias indígenas y reclamantes de tierras que se oponen al ingreso de una multinacional que arruina el medioambiente, y desplaza a la población con el apoyo de las FFAA y los narcoparamilitares que han aumentado el control y su dominación a nivel nacional, al ser los principales encargados de identificar y eliminar a las personas que estorban a los intereses de las grandes multinacionales.

Documentan las violaciones de DDHH en 2021

El 21 de abril el Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) presentó la Revista Noche y Niebla N°64 que recoge las violaciones de DDHH durante el 2021, año que estuvo marcado por la desenfrenada política de represión y persecución a la protesta social como forma de crear terror y disuasión, para frenar el descontento de millones de colombianos, especialmente jóvenes que proponen verdaderos cambios para el país [1].

Durante y después del Paro Nacional que duró tres meses en 2021 el régimen continúo los montajes judiciales contra los manifestantes, acusándolos de concierto para delinquir, rebelión, terrorismo, obstrucción de vías, perturbación del transporte público, actos vandálicos, ataques a las FFAA, secuestro simple agravado, tortura agravada, homicidio agravado en grado de tentativa, hurto calificado y daño en bien ajeno agravado, procesos que se adelantan sin garantías, pues en Colombia impera la cooptación de todos los poderes estatales por el régimen mafioso.

Para los investigadores del Banco de Datos las directrices venidas desde los Estados Unidos en los años 60 con la Asesoría militar del General Yarbourough, que ordenaron diseñar la Guerra teniendo a la población como blanco de ataque, borraron las fronteras entre luchas civiles y luchas armadas, por tanto las constantes violaciones a los DDHH se tipifican como actos de Guerra del Estado contra la población.

La Revista documenta durante 2021: 2.529 violaciones a los DDHH, de los cuales se encuentran 327 asesinatos por violencia política, 88 ejecuciones sumarias, 644 amenazas de muerte, 41 atentados, 710 lesiones físicas, 549 detenciones arbitrarias, 82 casos de torturas, 23 desapariciones forzadas y 23 casos de violencia sexual; Bogotá con 205 casos se ubica como la ciudad con más violaciones, le siguen los departamentos de Santander con 321, Cauca 191, Valle del Cauca 180, Boyacá 123 y Cundinamarca 111. 

Las fuerzas estatales son las principales violadoras de los DDHH con 1.331 casos, de los cuales la Policía cometió 1.102, las Fuerzas Militares 111, otras entidades como Fiscalía, CTI, Sijin e Inpec 118; mientras que los paramilitares son responsables de 286 y empresas junto a la Agencia Nacional de Tierras cometieron 14 violaciones; 898 casos (36 por ciento) corresponden a agresores no identificados. 

El Director del Banco de Datos el sacerdote Jesuíta Javier Giraldo concluye que en el  Nuevo Ciclo de Guerra, la perpetración de los crímenes políticos cada vez es más difícil identificar al victimario, porque el Gobierno, las empresas y los paramilitares han considerado que es mejor el anonimato para eliminar al que estorba, con esta táctica buscan eludir la presión social nacional e internacional que han señalado a las FFAA y a las empresas como responsables del Genocidio continuado contra la población [2].

Las víctimas de esta semana

Nelson David Mosquera de 23 años, excombatiente que hacía parte de la Aldea Productiva Cultural y Demostrativa de Los Samanes, fue asesinado el 24 de abril en Miranda, Cauca.

Erminson Rivera era Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esperanza y José Obdulio Sánchez dirigente comunal, fueron asesinados el 25 de abril en dicha vereda del municipio de Cantagallo, Bolívar. 

Juan José Chilito de 55 años, excombatiente asesinado el 25 de abril en la vereda José María de Puerto Guzmán, Putumayo.

Aureliano Corral era docente de la institución educativa Santa María Goretti, fue asesinado el 29 de abril en el barrio San Agustín de Mocoa, Putumayo.

José Luis Pushiana Ipuana autoridad de la comunidad Choncama del pueblo indígena Wayuú, el 29 de abril fue herido en un atentado sicarial en el barrio Alto Prado en Maicao, La Guajira.

En la vereda Morales, Bolívar, Cauca, el 30 de abril perpetraron una masacre de tres campesinos identificados José Benito, José Arcadio, Cayo Ruano Rivera.

Yesid Caña autoridad indígena del Resguardo La Aguada, fue asesinado el 30 de abril en dicho Resguardo ubicado en Caldono, Cauca.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca denunció que el Primero de mayo en un procedimiento de liberación de tierra, la Policía capturó ilegalmente a tres comuneros en la finca Las Palmas, la comunidad fue a reclamarlos a la Estación de Policía de Miranda, Cauca, la Policía abrió fuego y asesinó al Guardia Indígena Luis Tombé e hirió a dos comuneros más.