EL ESTADO A JUICIO POR CRIMINALIZAR DEFENSORES

Himelda Ascanio

El Narcoestado además de eliminar a sus opositores y a los Defensores de Derechos Humanos (DDH), emprende la criminalización de asociaciones de abogados y juristas que defienden a las víctimas, persecución por la que es llamado a juicio en la Corte Interamericana de DDHH (Cidh).

Son históricas las sentencias de 2021 contra el Estado colombiano, la de junio del Tribunal Permanente de los Pueblos lo condenó por Genocidio Político Continuado y la de octubre de la Cidh por secuestro, tortura y violación sexual contra la periodista Jineth Bedoya; ahora enfrenta otro proceso en esta Corte por persecución continuada contra la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar).

Los días 12 y 13 de mayo se llevó a cabo la Primera Audiencia Pública por el caso ‘Miembros de (Ccajar) vs. Colombia’, que busca esclarecer los responsables de la persecución y vigilancia continuada contra este Colectivo de juristas, que surgió en los años 80 para defender a los Presos Políticos, víctimas de Crímenes de Estado y en 1999 realizaron un proyecto de monitoreo al Plan Colombia en el que evidenciaron que sí hubo violación a los DDHH por parte de militares estadounidenses [1].

El Estado colombiano rechazó el Informe a Fondo de la Cidh de 2019 que lo responsabiliza de la violación del derecho a la vida, las garantías judiciales y la protección de la honra y dignidad de los DDH, además recomendó acciones para resarcir el daño, tales como abstenerse de realizar labores de inteligencia que impliquen limitaciones arbitrarias a los derechos a la vida privada y libertad de expresión [2].

Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) es la primera vez que una organización Defensora llega a esta instancia en calidad de víctima, los miembros de Ccajar han sobrevivido a más de 100 casos de amenazas, atentados, exilios, campañas de desprestigio, estigmatización, torturas y hostigamientos realizados desde organismos del Estado por más de 30 años.

La Presidenta de Ccajar afirma que sufren una política estatal de persecución que caracteriza a los DDH de Enemigos Internos a quienes hay que silenciar, por esto en Colombia asesinan a más de 100 líderes sociales cada año; además buscan obligar al Colectivo a que abandone los casos de litigio donde defienden víctimas del Terror de Estado, muchos de estos casos el Colectivo los ha ganado [3].

DDH son objetivo del Terror de Estado 

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Cspp) presentó el Informe ‘Criminalización de la Defensa de los Derechos Humanos’, que documenta la judicialización de 86 DDH entre el segundo semestre de 2019 y noviembre de 2021, al 62 por ciento los vincularon con los delitos de rebelión, concierto para delinquir, terrorismo o porte y fabricación de armas; una práctica de criminalización haciendo uso ilegal del Derecho Penal, esta tiene un incremento del 165 por ciento entre 2019 y 2021 [4].

Las víctimas de esta práctica ilegal en su mayoría son los liderazgos juveniles con el 35 por ciento, ambiental con 31 por ciento, comunitario con 17 por ciento y los excombatientes con el 17 por ciento; Bogotá es la ciudad que más casos registra seguida por los departamentos de Nariño, Arauca, Valle del Cauca, Boyacá, Meta, Cundinamarca, Putumayo, Cauca, Santander y Antioquia.

El Informe concluye que la política de criminalizar a los DDH está ligada la intencionalidad de deslegitimar, estigmatizar y desincentivar la protesta social y las personas que buscan garantizar los derechos para el ejercicio de la misma, contener los liderazgos que luchan por la distribución equitativa de la tierra, defienden el medioambiente y la permanencia en los territorios.  

Perseguidos y ejecutados por el Narcoestado

Eliécer Villacorte Pascal indígena del pueblo Awá perteneciente a la comunidad Panelero en la vereda La Guacamaya, fue asesinado el 11 de mayo en la vía Pasto – Tumaco, Nariño.

Dídimo Hernán Rodas de 59 años, era integrante de la Asociación de Productores (Asoproamed), fue asesinado el 13 mayo en la vereda Los Remedios de Buga, Valle del Cauca.

Alexander Espinosa Valencia era Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Retiro, fue asesinado el 15 de mayo en la vía que comunica a los corregimientos de Moralia y Naranjal en Tuluá, Valle del Cauca.

La Mesa Indígena del Chocó denunció que el 17 de mayo en el Resguardo Dearade Diakirude en Alto Baudó, perpetraron la masacre de tres indígenas del pueblo Embera Dobida y una persona afro, los hechos produjeron desplazamientos de la comunidad de Peña Alta hacia el Consejo Comunitario de Cachajo y de la comunidad Biakirude hacia el Consejo Comunitario Mojaudó.

Gerardo González Correa de 31 años, era excombatiente articulado al Grupo Territorial ARN Rafael Uribe Uribe, fue asesinado el 19 de mayo en el barrio Mochuelo de Ciudad Bolívar, Bogotá D.C.

En el barrio San José de Barranquilla, Atlántico, el 20 de mayo masacraron a Robinson De Alba Herrera de 37 años, Edwin Sandoval Gamero de 39 años y Juan Mujica Ortiz de 24 años, y Dirseu Miguel Llinás Álvarez de 45 años quedó gravemente herido.