LA ACTUAL POLÍTICA ECONÓMICA RETRAE EL DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO
Chavela Villamil
La desaceleración económica global ha afectado las proyecciones económicas de nuestro país; sin embargo, el sostenimiento de políticas económicas neoliberales es el principal reto a superar si en verdad se quiere tener una economía consolidada y en favor de toda la sociedad.
Las elecciones presidenciales de 2022 permitieron un cambio de orden político en nuestro país, sin embargo, la política económica de corte neoliberal que se instauró hace décadas y que dio lugar a la Apertura Económica de la década del 90, continua inamovible y rigiendo el destino socioeconómico, lo que ha significado políticas encaminadas a favorecer a un reducido sector plutocrático, al tiempo que continua viendo a las capas medias y bajas, como masa tributaria para exprimir, por ello continua con una política de recaudación que se basa en captación masiva de capital, y no se centra en captar tributos de los grandes capitales.
La economía del 2024 prosiguió afrontando una de las crisis más duras de las últimas décadas y estuvo marcada por golpes significativos, como el decrecimiento prolongado de la inflación o un leve repunte de la productividad, con estos signos generan un alboroto publicitario de reactivación económica, sin embargo, otros datos como la marcada pérdida poder adquisitivo per cápita, el crecimiento del trabajo informal, el desempleo, la caída abrupta de la demanda, entre otros, dejan claro que la desaceleración económica prosigue y que aún está lejos la reactivación económica.
Nuestra economía continúa en declive
El año anterior el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo leves oscilaciones que marcaron en leve repunte respecto al marcador del 2023 (0,6 por ciento), en el primer semestre el PIB fue de 0,7 por ciento, el segundo trimestre de 2,1 por ciento y en el tercer trimestre se contrajo a 2,0 por ciento; sin conocer los resultados del cuarto trimestre y conforme a las proyecciones del Banco de la República, se espera que el PIB del 2024 no sea superior al 1,6 por ciento.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el mes de noviembre la inflación llegó a 5,2 por ciento -cifra más reciente-, lo que contrasta con una creciente pérdida de poder adquisitivo per cápita, que oscila en 31,3 por ciento, por su parte la pobreza monetaria se ubica en 33,2 por ciento y la pobreza extrema en 11,48 por ciento; además, cerca del 47,7 por ciento de la población colombiana consume alimentos 2 veces al día o menos, y el 31 por ciento de la población se encuentra en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa. Además, nuestra política económica continúa adquiriendo nueva deuda para pagar intereses de la deuda vieja, por esto la Cuenta Corriente o Deuda Externa (DE) cerró el año anterior en 198.034 millones de dólares, que equivale al 48,5 por ciento del PIB.
La disminución de la inflación durante los últimos meses se debe en gran medida, al desplome de la contribución de los alimentos al ritmo de crecimiento de los precios; esta disminución está inferida por la caída brutal de la demanda, que se viene presentando durante los últimos meses, que en sí mismo está ocasionada por la pérdida de poder adquisitivo per cápita, en otras palabras, sino no hay quien compre, el precio del producto baja y si este se reduce, la inflación cede; esta ecuación es volátil y puede variar en cualquier momento y llevar a que la inflación se incremente nuevamente.
El vaivén de la inflación genera un fenómeno inferido del bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que es la pérdida de poder adquisitivo per cápita, entendida como la incapacidad de sufragar los altos costos de los productos básicos, que al ser productos esenciales en la alimentación de las capas medias y bajas, no tienen producto sustituto y lo máximo que puede hacer el consumidor es abstenerse de comprarlo (cae la demanda) o reduflarlo (comprar al mismo precio, menor producto), desde luego esto desacelera el mercado y nos conduce a una caída vertical de la demanda, que no solo sostiene la inflación como una amenaza latente, sino que sumado al desempleo, nos deja en alto riesgo de ingresar a un periodo de estanflación.
Una política nefasta que prioriza el Gasto Corriente
Tal como quedó el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, el gobierno continúa dando prioridad al Gasto Corriente (burocracia, guerra, pago de intereses de la DE); según el PGN, de los 522,9 billones de pesos destinados para este año, destina 327,9 billones al Gasto Corriente -62,71 por ciento-, mientras reduce el rubro de inversión a 17,43 por ciento, lo que limita la atención de la Deuda Social y va en contra de lo planteado en el plan de Gobierno en esa materia.
Incrementar el monto destinado a la DE en 19,5 por ciento, es nefasto para los planes sociales, ya que este tipo de incrementos no finiquitan el pasivo, porque este dinero no cubre la deuda de capital sino que solamente amortiza los intereses; continuar incrementando el monto destinado a la DE, solo puede tener un fin, mostrar ‘solvencia de endeudamiento’, lo que permite seguir pidiendo nuevos empréstitos, a sabiendas de que un incremento constante en este pasivo sin modificar la política de gasto, arriesga las vigencias futuras y nos pone al borde de la insolvencia, mucho más si se tiene en cuenta que en estos momentos gozamos de una economía desacelerada y que el Producto Interno Bruto (PIB) aún se encuentra en recesión y está lejos de alcanzar los niveles prepandémicos.
Cualquier política económica es inocua sino rompe la lógica antifinanciera de incrementar al Gasto Corriente y el pago a pérdidas de la DE. Se hace inaplazable un cambio estructural en el modelo económico, que conlleve una tributación que se centre en la recaudación por capacidad de capital; que implemente una política que formalice el empleo y genere solidez laboral e incremente el poder adquisitivo per cápita.
Nuevos paradigmas económicos
La estabilidad y dinamización de una economía no está inferida únicamente por la ocupación laboral, sino que en sí misma está determinada por la capacidad de poder adquisitivo per cápita, toda vez que el mercado interno cae en una precipitación de la demanda que desacelera la misma; por ende, es un riesgo financiero sostener la productividad con base en una economía informal, aunque esta garantiza fluctuación de masa monetaria, no permite generación sostenida y progresiva de poder adquisitivo per cápita, además de pauperizar las condiciones laborales.
La reactivación y la solidez de la economía se consigue aumentando el flujo de capital circulante y la creación de nuevas plazas laborales, además es necesaria una tributación redistributiva y diferencial acorde al capital neto, esto dinamiza el poder adquisitivo per cápita aumentando la demanda, lo cual se traduce en reducción del desempleo y aumento de la capacidad de producción de las empresas. Superar la actual crisis económica y el déficit de poder adquisitivo, implica instaurar una política económica fundada en la formalización del empleo y la mejoría de las condiciones salariales, además debe generar una tributación redistributiva que permita subsidiar capas bajas de la sociedad, por tanto, se requiere nuevos paradigmas económicos que fomenten el desarrollo integral de la producción nacional.