Sitio oficial del Ejército de Liberación Nacional de Colombia
Uribe pagó recompensas a las tropas que presentaran más bajas, de ahí nació la práctica genocida de matar civiles y hacerlos pasar por guerrilleros, ahora la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informa que mataron 6.402 en 8 años, un Genocidio mayor que el cometido contra la Unión Patriótica.
En Colombia asesinan el 54 por ciento de los defensores de Derechos Humanos de todo el mundo, que le otorga el primer puesto en este Genocidio perpetrado por el tercer Gobierno de Uribe, quien acaudilla un régimen de dictadura mafiosa que sostiene al neoliberalismo depredador.
No es coincidencia que desde que llegó a Colombia la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (Sfab, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, las masacres y el exterminio contra los líderes se incrementaron, lo que reafirma que la actual matanza la perpetra el Estado.
El 2020 fue el de mayor violencia política y este 2021 inició con la agudización de la Guerra sucia contra procesos populares y de la oposición, arremetida que hace el régimen para imponer su plan de neoextractivismo, para el que requiere reconfigurar el territorio y desplazar a sus habitantes.
El uso de la violencia para mantenerse en el poder la usa el régimen para enriquecerse y para eliminar a sus opositores, terror de Estado que dirigen contra dirigentes populares y defensores de Derechos Humanos y del medio ambiente.
El asesinato sistemático de dirigentes populares y ex combatientes por medio de las Fuerzas Armadas (FFAA) y bandas narcoparamilitares apunta a “matar en la cuna” a todo el cuerpo social organizado que se oponga al régimen de dictadura mafiosa que rige en Colombia.
El terrorismo de Estado y el exterminio del contradictor político desde las altas esferas del poder en Colombia, está en los genes de las clases dominantes y es una de las características del régimen imperante.
Las bandas mafiosas operan como brazo sicarial al servicio del terror de Estado, mientras su brazo legal a través de la Policía les otorga licencia para seguir dando trato de Guerra a la protesta social, por medio del nuevo Estatuto contra las movilizaciones.
El exterminio de opositores que perpetra el régimen persigue “asesinar en la cuna” a fuerzas alternativas que pueden sacar del poder a la dictadura mafiosa dominante; pero este Genocidio político se demuestra incapaz de contener las crecientes luchas por paz y transformaciones en Colombia.