Sitio oficial del Ejército de Liberación Nacional de Colombia
En medio de una crisis socioeconómica sin precedentes Duque insiste en imponer una Reforma Tributaria (RT), rechazada mayoritariamente por la sociedad por ser antisocial y cargar el déficit fiscal a las capas medias y bajas, confinándolas al hambre y la miseria.
El Acuerdo de Escazú busca proteger la Madre Tierra y los defensores de ella, propósitos ajenos a este tercer Gobierno de Uribe y por ello no lo suscribe, así prolonga la venta de territorio colombiano a corporaciones extranjeras y la depredación de nuestra biodiversidad.
Estuve tentado a escribir sobre el proceso de conversaciones realizado con el Gobierno de Santos; pero, por el cuidado con el que deben tratarse estos asuntos de importancia del país, no lo había hecho, sólo había redactado unas narraciones en borrador de lo acontecido en la Mesa, no tenía intención de publicarlas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) afirma que existe un estado de cosas inconstitucional frente al Proceso de Paz, del que el Gobierno es responsable por acción y omisión, que deja un extermino de líderes sociales y opositores, que hunde al país en una nueva fase de Guerra.
Rechazo a la Canciller por afirmar que las FARC incumplen Acuerdo de Paz y no el Gobierno, abucheos al Ministro de Hacienda que no sabe el precio de los huevos, repudio al uso del Glifosato, denuncian agresión policial a la Universidad del Valle y debate por clases de religión.
El problema económico del país no radica en la captación de recursos sino en la prelación y la destinación del gasto; no basta con recaudar recursos debe cambiar la prioridad en el gasto para que el país pueda salir de la actual crisis socioeconómica.
El 21 de marzo aviones K8 venezolanos bombardearon 6 campamentos de alias Jerónimo, antiguo integrante de las desmovilizadas FARC, localizados en el Alto Apure de Venezuela, lo que produjo que cientos de pobladores de las orillas del río Arauca se desplazaran hasta Arauquita en Colombia.
Las Mujeres lideresas son tejedoras de esperanzas, defensoras del territorio como bien común, del diálogo y la paz, las asesinan por ser la voz de los intereses populares.
El régimen colombiano por tercer año consecutivo (2018-2019-2020) gana el despreciable primer lugar en asesinato de defensores de Derechos Humanos (DDHH), exterminio que coincide con el tercer Gobierno de Uribe, valorado por Estados Unidos (EEUU) como su “aliado clave y líder de la región”.
Rechazo generalizado a nuevos impuestos y a la fumigación con Glifosato como prácticas de exterminio del Gobierno contra la gente, agresiones resistidas con lucha y protesta social convocada al Paro Nacional del 28 de abril, que pretenden acallar con represión, censura y compra de conciencias.
A todas luces la Ley de Solidaridad Sostenible es todo menos solidaria con los colombianos, mientras continúa favoreciendo fiscalmente a las mega empresas, atenta contra la capacidad de pago y ahorro de la clase media, y sume en la miseria a las clases bajas.
Una Comisión bicameral del Congreso de Estados Unidos (EEUU) concluyó que la fumigación aérea con Glifosato es ineficiente y dañina, pero el Departamento de Estado se la impuso al Gobierno de Colombia, ¿por qué un brazo hace lo contrario del otro?