SOLO LES INTERESA CUMPLIRLE AL FMI

Chavela Villamil

En medio de una crisis socioeconómica sin precedentes Duque insiste en imponer una Reforma Tributaria (RT), rechazada mayoritariamente por la sociedad por ser antisocial y cargar el déficit fiscal a las capas medias y bajas, confinándolas al hambre y la miseria.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el 2020 el índice de Pobreza Monetaria aumentó 6,8 puntos porcentuales ubicándose en 42,5 por ciento, lo que significa que 21,2 millones de colombianos no pueden suplir sus necesidades básicas, el índice de Pobreza Monetaria Extrema llegó a 15,1 por ciento y el coeficiente de Gini se incrementó de 0,52 a 0,54; según Fedesarrollo el 15 por ciento de las familias clasificadas como vulnerables descendieron a la condición de pobreza [1]; es decir que 29 millones de colombianos sobreviven en la pobreza y la miseria.

El desbalance de la Regla Fiscal

En Colombia la política económica y los sistemas fiscal y tributario son contrarios a su deber ser, que no es otro que la redistribución de la riqueza a través de un recaudo equitativo y proporcional; en otras palabras, que los que más tengan sean los que más paguen y que lo recaudado se invierta integralmente y con un enfoque social.

El recaudo tributario y el Presupuesto General de la Nación (PGN) tienen un desbalance social, toda vez que le da prelación gasto corriente –sostenimiento del Estado y pago de la Deuda Externa (DE)–, mientras dejan relegado el gasto social, destinan ínfimas cantidades a la atención de la Pandemia del Covid-19 y se niegan a instaurar una Renta Básica Urgente.

El PGN para 2021 tiene una asignación de 338,39 billones de Pesos, 313,9 billones aprobados por el Congreso y 18,49 billones de adición presupuestal a través del Decreto 085 del 26 de enero de 2021 del Ministerio de Hacienda [2]; si se hizo esta adición presupuestal para atender la pandemia, ¿por qué insisten en una RT que supuestamente tiene el mismo fin?

Si bien es cierto que el anteproyecto del PGN para 2022 tiene un decremento de 4,9 billones de Pesos, 1,56 por ciento, sostiene su enfoque belicista y continúa dándole prelación al gasto corriente, mantiene casi constante el presupuesto de la Defensa y aumenta el pago de la DE en 9,1 por ciento, mientras decrementa el presupuesto de inversión y el gasto social.

Colombia requiere una Reforma económica estructural

Las políticas económicas del tercer Gobierno de Uribe están encaminadas a favorecer el Fondo Monetario Internacional (FMI), es lo único que puede explicar que en medio de la insubsistencia alimentaria de millones de colombianos le da prelación al pago de la deuda en vez de renegociarla.

Su Santidad el Papa Francisco en una carta dirigida al FMI y el Banco Mundial (BM) afirma que, “es urgente un Plan Global que pueda crear nuevas instituciones o regenerar las existentes, en particular las de Gobernanza Global (…); un espíritu de solidaridad mundial exige como mínimo una reducción significativa de la carga de la deuda de las naciones más pobres. Reducir la carga de la Deuda de tantos países y comunidades hoy en día, es un gesto profundamente humano que puede ayudar a las personas a desarrollarse, a tener acceso a las vacunas, a la salud, a la educación y al empleo” [3].

Su santidad es enfático al decir que, “el compromiso con la solidaridad económica, financiera y social implica, por tanto, mucho más que comprometerse con actos esporádicos de generosidad. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales”.

Colombia requiere con urgencia una Reforma estructural de su política económica, lo que hace implícito un modelo económico que disminuya considerablemente los beneficios tributarios a las mega empresas, que se declare insubsistente del pago de la DE y que destine el recaudo tributario a la inversión integral con enfoque social y el desarrollo de sistema productivo nacional.