Colombia es el país más desigual en la tenencia de tierra en América Latina, “el 1 por ciento ocupa 81 por ciento de la tierra, mientras el 99 por ciento ocupa tan solo el 19 por ciento” [1], monopolio logrado con base en el despojo y el destierro de comunidades ancestrales y campesinas.
Tras el evidente declive del uribismo cada día son más las fuerzas políticas que se separan de esta corriente de ultraderecha, el más reciente acto de retirada viene de cuenta de los EEUU que ordenó la captura de Luis Carlos Restrepo, uno de los principales alfiles del uribismo.
El indetenible Genocidio de líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos (DDH) ocurre porque se oponen al saqueo de sus territorios desde tejidos comunitarios fuertes, que el régimen neoliberal dictatorial imperante busca destruir para asegurar los megaproyectos de las transnacionales.
a el Subsidio de Transporte, lo que ha producido múltiples protestas ciudadanas, como colarse masivamente en los autobuses, convocatoria hecha por organizaciones juveniles en un potente acto de desobediencia y resistencia a la opresión del régimen.
naron el aumento del 10 por ciento del salario mínimo, sin embargo, la inflación, la incontenible devaluación del Peso y el aumento global de los combustibles destrozaron el famoso aumento, y los colombianos quedamos con menos poder adquisitivo que en años anteriores.
Uribe en medio del desprestigio cuestiona la Comisión de la Verdad, mientras el Fiscal derrocha el presupuesto, el Gobierno acelera la extradición de Otoniel, súper militariza a Arauca y sube el precio de los combustibles, que empeora el costo de la vida.
El 4 de enero el Ministro de Defensa ordenó la militarización de parte de la capital del país en el Portal de Las Américas, el Portal de Suba y la Ye de Yomasa en Usme, además amenazó con judicializar a quien preste ayuda a los manifestantes.
El 2021 fue otro año de Genocidio contra el pueblo, pero recrudecido contra las organizaciones sociales y políticas de la costa Pacífica, que en el reordenamiento territorial imperialista están destinadas a megaproyectos, por lo que necesitan desplazar su población.
El régimen a través del Congreso donde es mayoría crea leyes para restringir derechos civiles y constitucionales, a la vez que legaliza el paramilitarismo urbano, lo que demuestra cómo el Gobierno de Duque encabeza una Narcodictadura.
Algunos miembros de la Fuerzas Armadas (FFAA) a regañadientes han confesado que miles de ellos son responsables por ejecutar a millares de inocentes, Práctica Genocida que intentan justificar como “conducta omisiva”, cuando la realidad demuestra que se trata de una política de terror de Estado.