“Hay gente que ha ahogado el país en sangre para evitar cualquier cambio y estamos ante esta etapa aguda, pero a su vez ante una respuesta colectiva de simpatía nacional por un proyecto de Pacto Histórico que pareciera suscita mucha esperanza por la vida”: Darío Monsalve, Arzobispo de Cali [1].
Los cuatro años nefastos del Gobierno de Duque se caracterizaron por la exacerbación de la crisis humanitaria, la involución del Estado de Derecho y los mecanismos de la democracia, el incremento de la desigualdad social y la ínfima implementación del Acuerdo de Paz [1].
La Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda declaró que ‘hay bases razonables para creer que los “Falsos Positivos” han sido una política de Estado; estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar podrían considerarse Crímenes de Lesa Humanidad, dichos actos también pueden ser catalogados como Crímenes de Guerra’.
Michel Forst Relator Especial de la ONU en su visita de 2019 informó que “Colombia sigue siendo el país con el mayor índice de asesinatos de personas Defensoras de Derechos Humanos (DDHH) en América Latina, con un alto índice de amenazas, ataques, desplazamientos y otras violaciones” [1].
Monseñor Darío Monsalve desde hace dos años afirmó que hay «una venganza genocida contra los excombatientes para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios donde se enfoca, tenía o tiene influencia subversiva» [1].
El 28 de junio la Comisión de la Verdad presentó su informe al mundo en extensos documentos, sintetizados en la Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
La Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico (Civp) presentó los 5 tomos del Informe sobre la violencia racial y estructural que sufren, como su aporte a la verdad indispensable para construir la paz desde el territorio y su cosmovisión [*].
desigualdad y la pobreza, y una ínfima implementación del Acuerdo de Paz, según el Informe redactado por más de 500 organizaciones sociales y Defensoras de Derechos Humanos (DDHH) [1].
Desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 4 de junio bajo Duque han asesinado 930 líderes sociales de los cuales 126 eran lideresas, 245 excombatientes, y perpetraron 261 masacres, 45 en lo corrido de este año, que dejan 1.144 víctimas fatales.
Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) cerca de 200.000 personas permanecen desaparecidas en Colombia, pero los familiares estiman que existe un subregistro [1], Crímenes de Lesa Humanidad por los que deben responder la élite gobernante.