Sitio oficial del Ejército de Liberción Nacional de Colombia
El régimen colombiano por tercer año consecutivo (2018-2019-2020) gana el despreciable primer lugar en asesinato de defensores de Derechos Humanos (DDHH), exterminio que coincide con el tercer Gobierno de Uribe, valorado por Estados Unidos (EEUU) como su “aliado clave y líder de la región”.
“Las víctimas persisten la exigencia de sus derechos y denuncian la estrategia de negacionismo estatal impulsada por sectores enemigos de la paz, que han intentado borrar la memoria de los Crímenes de Estado, a través del uso político descarado del Centro Nacional de Memoria Histórica”: Movice [1].
La Doctrina de Seguridad que aplica el régimen caracteriza al liderazgo comunitario y a la oposición como Enemigo Interno, por esto dan trato de Guerra a la protesta social y a sus líderes, en tal persecución y exterminio mantienen la colusión entre Fuerzas Armadas (FFAA) y narcoparamilitares.
El Estado colombiano perpetra un Genocidio secular contra opositores y rebeldes, que encubre con un manto de negacionismo e impunidad, por lo cual 3 Tribunales Internacionales han intervenido para juzgarlo por Crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra.
La política negacionista del Estado colombiano sobre el Genocidio en curso tiene un amplio respaldado de la Fiscalía, lo que consolida y perpetua la impunidad; es urgente esclarecer los intereses económicos y geoestratégicos, determinadores, cómplices y beneficiarios de estos crímenes.
La valiente denuncia contra la colusión entre Fuerzas Armadas (FFAA) y escuadrones narcoparamilitares no la logran sofocar, pese a que no cesa la persecución y exterminio que ejecuta el régimen de la narcorepública comandada por Uribe Vélez.
El sistemático exterminio que sufren los líderes sociales, aunado al discurso negacionista del Conflicto Interno que impone el Gobierno, hacen de Colombia un territorio hostil para quienes ejercen el liderazgo de los procesos sociales.
El Gobierno Duque mientras niega el Conflicto Interno y minimiza sus impactos, a través del contubernio entre narcoparamilitares y Fuerzas Armadas (FFAA) incrementa la violencia para eliminar a opositores, defensores de las comunidades y de los bienes comunes.
Uribe pagó recompensas a las tropas que presentaran más bajas, de ahí nació la práctica genocida de matar civiles y hacerlos pasar por guerrilleros, ahora la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informa que mataron 6.402 en 8 años, un Genocidio mayor que el cometido contra la Unión Patriótica.