PARA QUE HAYA ZONAS DE PAZ
Himelda Ascanio
Durante esta semana hubo nuevos llamados, solicitudes y exigencias al Estado para que establezca canales y mecanismos humanitarios, en las regiones donde el conflicto interno se expresa con mayor violencia.
Posibilidades de alivio humanitario que se deben entender articuladas a las realidades del conflicto social, político y armado, para lo cual, hay que recordar una fórmula que se puede intentar.
Hay que partir de que la política de Paz Total fue cuando menos un total fracaso. Porque no fue una bandera estratégica del gobierno del cambio; porque no cumplió con las propuestas fundamentales, como parar el genocidio contra liderazgos sociales y por el contrario el genocidio continuó y se agranda; porque no generó espacios de construcción de paz desde una lógica del diálogo y la solución política, por el contrario cerró espacios y convirtió supuestas negociaciones en verdaderos negocios; porque en lugar de pasar la página de la violencia, la multiplicó al crear nuevas bandas paramilitares, con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FFAA) del Estado y bajo la sombrilla de la Paz Total.
La pócima del negacionismo
La estrategia del negacionismo es un factor fundamental del fracaso de la política de Paz Total. Consiste en negar el conflicto social, político y armado, reduciéndolo a una supuesta guerra por economías ilícitas. Con lo cual se niega la naturaleza política de la insurgencia y se hace una nivelación por lo bajo, al reducir a todos los actores armados a esta denominación.
Negar el conflicto es negar la historia y el papel de las clases dominantes y su Estado como principal victimario, responsable y causante de la violencia contra el pueblo: a la vez que quita el carácter de agredido a las víctimas y les niega el derecho legítimo a defenderse y resistir la agresión. Las guerrillas del pueblo nacieron como respuesta a la agresión de la oligarquía y el imperialismo, cuando mataron al líder popular Jorge Eliécer Gaitán en 1948.
Acabar la relación íntima entre Estado y paramilitarismo
Tomemos por caso la situación del Catatumbo, Arauca y el Chocó. ¿Qué pasaría si el gobierno acaba con los vínculos con los grupos narcoparamilitares, que aterrorizan la población de esas regiones?
Esto significaría que el gobierno acabe con su apoyo, protección, connivencia y colusión a los grupos reciclados del viejo paramilitarismo y de las antiguas Farc. Esto es, en el Chocó con cartel del clan del golfo, con quienes utiliza una mesa de paz y la figura de la ZUT para blanquear la estrecha relación y sociedad, con la que someten territorios del alto y medio San Juan, mientras se apoderan del oro y demás minerales del territorio. Recientemente, se conocieron noticias sobre los negocios y el dinero que recibe el Ejército de manos del clan del golfo. La corrupción está en que una fuerza que debe proteger al pueblo, termina alquilada por bandas y carteles del narcotráfico, para cuidar actividades criminales.
De igual forma, en el Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia, donde se ha comprobado la sociedad criminal entre las FFAA y el clan del golfo, con quienes hasta comparten la explotación ilegal de minas de oro, como en el descarado caso de la mina conocida como La Mandinga, que funciona en predios del Batallón de Infantería N.° 31 Rifles del Ejército estatal.
En el Catatumbo la relación entre el gobierno y el llamado frente 33 es pública ya desde hace rato. Las Fuerzas Militares del Estado protegen, transportan y actúan en conjunto con este grupo proveniente de las extintas Farc; de hecho, la confrontación en la región del Catatumbo se mantiene básicamente por este apoyo del Estado y la contratación de mercenarios. Se ha conocido que la base combatiente que hoy integra el frente 33, el 80 por ciento son personas contratadas, sicarios y mercenarios, entre ellos algunos ex militares.
El 33 no es del Catatumbo, por eso la actual modalidad de guerra en la región es la de incursionar, atentar y asesinar pobladores de las comunidades justo después de los bombardeos de las FFAA contra el ELN. Esta estrecha relación ha sido reconocida por el Comisionado de Paz, Otty Patiño, y el propio presidente Petro.
Igual sucede en Arauca; desde hace años se viene implementando la alianza con el grupo ex farc comandando por alias Pescado y Antonio Medina. Existen pruebas de esa relación y maneras de articulación.
Así entonces, la fórmula para construir la paz podría partir de la decisión del gobierno por romper esos nexos con narcoparamilitares y volcarse a una verdadera búsqueda de soluciones, donde el centro del proceso sean las comunidades, pueblos y sectores. De seguro, sin la mano colaborativa del Estado, esta arma de guerra del narcoparamilitarismo podría ser erradicada, pues sería cortar con su mentor y sustento. Y en lugar de multiplicar los grupos y bandas, que hoy generan terror y arrasamiento en los territorios, estos podrían dejar de existir.
Asesinados de la semana
El pasado 2 de junio hombres armados irrumpieron en varias viviendas del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, y retuvieron a cuatro hombres; horas más tarde, uno de los retenidos fue encontrado sin vida y posteriormente otros dos hombres fueron hallados asesinados en cañaduzales del corregimiento de San Joaquín. El otro hombre retenido continúa desaparecido.
El 4 de junio en la vereda Fusungá, sector El Cielo del municipio de Soacha, Cundinamarca, en límites con la ciudad de Bogotá, fueron encontrados tres cuerpos con señales de tortura e incinerados, configurando este hecho como una masacre. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas por parte de las autoridades.