COLOMBIA, SUBCAMPEÓN MUNDIAL DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
Himelda Ascanio
Mientras los gobiernos se esfuerzan por negar la existencia del conflicto social, político y armado, la realidad de los territorios y comunidades la miden en estadísticas y rankings a nivel mundial, en donde el Estado colombiano ocupa los penosos primeros lugares.
Esta semana dos organizaciones internacionales publicaron dos verdades que contradicen la narrativa oficial del Estado frente al conflicto. Tanto la saliente coordinadora de la ONU en Colombia, como el Consejo Noruego de Refugiados han manifestado dichas contradicciones. Ambas apuntaron hacia las nefastas consecuencias de las políticas de gobierno, en cuanto a la paz y las realidades de los territorios y comunidades.
Segundo país con más desplazados internos en el mundo
El Informe anual del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), vinculado al Consejo Noruego de Refugiados (NRC), publicado el pasado martes 12 de mayo, plantea análisis y cifras sobre el desplazamiento de personas por causas de conflicto y factores de violencia correspondientes al 2025, basado en fuentes y registros oficiales que provienen de organismos del Estado, por ejemplo, el Registro Único de Víctimas y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
En el comparativo a nivel mundial, Colombia logró el lamentable segundo lugar en países con más desplazados internos en el mundo, con un registro de 7,2 millones de personas. Superado solamente por Sudán, que tiene 9,1 millones.
Aunque en el Informe plantea la existencia de diversos actores implicados en el conflicto armado interno, que es la principal causa del desplazamiento, cabe señalar que las acciones de connivencia y colusión de las Fuerzas Armadas estatales con grupos narcotraficantes y bandas armadas, relacionan directamente al Estado como principal responsable del desplazamiento forzado interno.
La misma negación del conflicto, a la vez que protege y alimenta el narcoparamilitarismo, es la mayor prueba de esta responsabilidad estatal. Sumado a las décadas de abandono, exclusión y profunda desigualdad, que son las causas del conflicto.
Un Estado que no ataca las causas estructurales de la violencia y, por el contrario, niega su existencia, no solo somete a las comunidades afectadas por la exclusión y el empobrecimiento, sino que impulsa la violencia de respuesta y, por tanto, actúa hacia la perpetuidad del conflicto. Doble responsabilidad que siguen cuantificado en las frías y dramáticas estadísticas.
Las comunidades víctimas, esta misma semana recibieron otra nueva amenaza desde el gobierno, la ratificación de la alianza con el narcoparamilitarismo expresada en las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), que inaugurarían el próximo 25 de junio, que no son otra cosa que pactos de entrega territorial a bandas mercenarias al servicio del narcotráfico y de la guerra sucia contra el Enemigo Interno. Los niveles de desprecio de los gobiernos por la mayoría excluida y empobrecida siguen expresándose, pues siguen sometiendo las comunidades al despojo y criminalidad de estos grupos.
De ahí que sea pertinente la declaración hecha por Mareia Villar, Coordinadora Residente de la ONU en Colombia: “Es paradójico que se implemente el Acuerdo de Paz, pero muchas comunidades están peor”. Sin embargo, la explicación está en que lo que llaman Acuerdo de Paz, al igual que los Diálogos de Paz, han sido realmente intenciones de pacificación, el llamado DDR (desmovilización, desarme y reinserción), y no cambios estructurales con participación protagónica de la sociedad.
Si las políticas de paz de los gobiernos siguen sosteniendo y utilizándose para asociarse con el narcotráfico y el paramilitarismo, estaremos lejos de superar estos y otros males asociados con el conflicto armado.
Asesinados de la semana
Claribel Moreno Castillo, era reconocida por la búsqueda incansable de su hija, Natalia Buitrago Moreno, desaparecida en Cartagena el 18 de agosto de 2021. Durante casi cinco años sostuvo una búsqueda permanente para encontrarla, llevando su denuncia a distintas instituciones y espacios públicos del país. Claribel fue encontrada sin vida el 13 de mayo, en zona rural de Jamundí, en cercanías al río Claro, en el corregimiento de Robles, luego de que, al parecer, hombres armados le dispararan mientras se movilizaba en motocicleta junto a un acompañante, quien también murió en el lugar.