El 6 de agosto las organizaciones populares entregaron al Presidente Petro y a la Vicepresidenta Francia Márquez, un Mandato para la transformación del modelo económico extractivista, la Doctrina de Seguridad y reemplazar la fracasada Guerra contra las drogas [1].
En Colombia continúan aumentando las muertes violentas, en enero se registraron 1.041 homicidios de los cuales 10 correspondían a liderazgos sociales y 38 como resultados de las 12 masacres perpetradas, un incremento de 33 casos más que en el mismo periodo del año anterior [1].
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) emitió el histórico fallo donde condenó al Estado colombiano por el exterminio sistemático de más de 6.000 integrantes de la Unión Patriótica (UP), igualmente la Corte realizó la primera Audiencia por las desapariciones forzadas ocurridas en la Operación Orión en Medellín.
El 27 de enero luego de cinco días del Paro en la región de Los Dos Ríos, el Gobierno reconoció que “existe una crisis humanitaria y una grave violación de derechos humanos debido a la reconfiguración del paramilitarismo, desde el punto de vista militar, político, cultural, económico y social”.
El Bajo Calima y el Medio San Juan están habitadas por pueblos indígenas y afrodescendientes, víctimas del peor genocidio de la historia durante la conquista de África y América, allí estuvo la Caravana Humanitaria acordada por la Mesa de Diálogos.
El contratista de los cementerios de Bogotá denuncia que un General de la Policía Nacional usó los hornos crematorios para desparecer manifestantes asesinados durante el Estallido Social, práctica genocida desprendida de la orden de reprimir la protesta social, que dio Duque.
Impacta la grave denuncia sobre múltiples violaciones a una población doblemente vulnerada, que visibiliza la explotación sexual de menores indígenas en el Guaviare y desnuda la violencia del Estado, a través de victimarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas (FFAA).
A pesar de que en la actualidad existe un Gobierno progresista proteccionista de los Derechos Humanos (DDHH), la política de Enemigo Interno del régimen sostiene el exterminio de líderes sociales como mecanismo para contrarrestar el movimiento popular y la protesta social.
Himelda Ascanio Mientras se celebraban eventos y campañas de conmemoración, continúa el Genocidio contra lideres y lideresas sociales. El Gobierno mantiene el enfoque limitado y militarista para su defensa, enviando ….
El Informe ‘Al filo de la oscuridad’ del Programa Somos Defensores documentó el incremento y continuidad del Genocidio de liderazgos populares y Defensores de Derechos Humanos (DDH) entre enero y septiembre del presente año.