Sergio Torres
La inequidad en la distribución de la tierra y el despojo de millones de campesinos, exige una redistribución más allá de reformas mínimas, mermadas por las tramas de corrupción que aquejan a la Unidad Nacional de Restitución de Tierras (Unrt).
La tierra en Colombia ha sido históricamente el principal foco de desigualdad y fuente del conflicto social. Las grandes extensiones acaparadas en unas cuentas familias generó una oligarquía criminal que también se hizo con el monopolio del Estado para desde allí mantener su poder, con todas las implicaciones sociales que esto ha traído a lo largo de la historia e impidiendo cualquier tipo de transformación que posibilite algún nivel de equidad y bienestar para los empobrecidos y excluidos.
Decir que el uno por ciento de las fincas de mayor tamaño acapara el 81 por ciento de la tierra, pareciera un enunciado de siglos atrás, sin embargo esta es la realidad que demostró el Censo Nacional Agropecuario de 2018. El acaparamiento de tierra sigue siendo descaradamente alto y el Estado ha funcionado para garantizar y aumentar este monopolio.
Durante buena parte del siglo XX, la oligarquía tradicional en colusión con el narcotráfico se encargaron de masacrar y desplazar campesinos para quedarse con su tierra, la que pusieron en función de un modelo extractivista transnacional y del narcotráfico; de ahí surgió una nueva élite terrateniente, mafiosa y criminal. La implementación del paramilitarismo estrechamente vinculado a la Doctrina de Seguridad, les garantiza el funcionamiento por la fuerza con una dinámica de tierra arrasada.
La tierra y el nuevo Gobierno
Por ello, al pensar en un Gobierno de cambios, necesariamente debe pensarse en devolver la tierra a quienes se las han despojado, que implica plantarse frente a un poder económico, mafioso y transnacional, tarea difícil en la que el nuevo Gobierno parece ha elegido la vía de no afectación a ese poder, para recibir a cambio la dádiva de la gobernabilidad.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) en materia de redistribución de la tierra, solo plantea algunas pequeñas medidas para las comunidades, cuando cualquier cambio debe vincular la redistribución de la tierra y esto implica recuperarla no comprarla a los despojadores.
El PND plantea reformas para que los campesinos que habiten Zonas de Reserva y baldíos puedan tener concesiones hasta por 30 años. Busca también la implementación de la llamada Reforma Rural Integral suscrita en el acuerdo con las Farc, propone posibilidades de beneficios para que campesinas tengan alguna facilidad de acceso a tierras.
Corrupción en la restitución, un nuevo despojo
Esta semana se conoció una nueva denuncia de corrupción en la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, que alertó sobre algunas modalidades con las que estarían tratando de apropiarse de las tierras dispuestas para restituir a las víctimas. La denuncia plantea cobros por porcentaje en el valor de contratos y para establecer si un predio es inscrito o no en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (Rtdaf). Además de la manipulación de personas para garantizar el mal funcionamiento dentro de la entidad.
Esta situación evidenciada principalmente en los departamentos de Antioquia, Meta y Putumayo constituyen una forma de legalizar las tierras despojadas a partir de corromper la entidad dispuesta para restituir. Lo que es peor, por ser una manera de revictimizar a quienes han sido despojados de su tierra, ya que siguen viendo imposible retomar su propiedad, el retorno al campo y la actividad agraria.
