UN CASO DE CONTRAINSURGENCIA, DESTIERRO Y MEGAMINERÍA

Carmen Tarazona

En Ituango, el sur de Córdoba y el Bajo Cauca de Antioquia crece el desplazamiento forzado y el asesinato de líderes perpetrado por medio de bandas conducidas por las Fuerzas Armadas (FFAA), en un exterminio sistemático encargado por multinacionales mineras.

El Bajo Cauca de Antioquia es la subregión ubicada al norte e integrada por los municipios: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza, Briceño, Ituango, Valdivia, Segovia y Anorí, limítrofe con el sur de Córdoba con los municipios: San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano y Tierralta; ambas conforman una región biodiversa de gran riqueza hídrica y mineral (oro, níquel, cobre, carbón, plata, entre otros), territorio estratégico codiciado por los conglomerados económicos nacionales y extranjeros.

En 2018 el Gobierno agrupó 18 municipios del Nordeste, Norte y Bajo Cauca de Antioquia, y del Sur de Córdoba, para constituirlos como una Zona Especial de Intervención Integral (ZEII); donde aplica un plan contrainsurgente integral para atacar la insurgencia, criminalizar a los mineros artesanales, desplazar las comunidades y priorizar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en contra de los Programas de sustitución voluntaria derivados de los Acuerdos de Paz de 2016, de esta manera allanan el terreno para las multinacionales mineras.

Genocidio para desterrar

La ONU define “el Genocidio es un delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, además lo tipifica como un Crimen de Lesa Humanidad sin prescripción y con juzgamiento internacional cuando la justicia local no es diligente. El Genocidio es un delito que puede cometerse tanto en tiempos de Guerra como en tiempos de paz” [1].

La Ley Minera del Gobierno prioriza la adjudicación de títulos sobre suelo y subsuelo a las grandes corporaciones mineras, perjudicando a los mineros y pobladores de la región, llevando a que el conflicto por la propiedad de la tierra se acentué.

La ZEII cada vez son más militarizadas lo que no ha disminuido la violencia y el asesinato de líderes sociales y pobladores, por el contrario, desde 2018 la violencia ejercida por los grupos narcoparamilitares la han incrementado considerablemente lo que escala el desplazamiento forzado; esto tiene como fondo que las corporaciones dueñas de Títulos Mineros quieren apoderarse del territorio.

La minería de enclave empobrece

Según la narrativa del Gobierno la minería extractivista a gran escala es responsable con el ambiente, le aporta desarrollo a las regiones y permite la dinamización económica del país, en cambio la minería artesanal trae grandes repercusiones ambientales y genera un retroceso económico para el país, esta propaganda oculta los prejuicios para la soberanía nacional, los derechos de las comunidades y para el ambiente, mientras achacan a la minería informal y a los cultivadores de coca todo el daño ambiental.

La mega minería al ser de enclave (realizada por capital extranjero constituido como Estado paralelo para saquear bajo tratados leoninos los recursos naturales nacionales, en detrimento de la vida de población), genera un desarrollo volátil y deteriora las características socioeconómicas de las regiones, desaloja de sus predios a los poseedores tradicionales, destruyendo la agrominería, causando destierro, desempleo y miseria.

Las ganancias para esas empresas son gigantescas mientras las regalías son insignificantes, de ahí que los programas de inversión social son débiles y la pobreza de la región esté por encima de la media nacional; a las grandes corporaciones mineras les conviene la erradicación forzada de coca y que haya minería informal depredadora, porque propicia represión estatal y la violencia narcoparamilitar contra las comunidades.

Acabar con la depredación y el despojo

La megaminería provoca la devastación del ecosistema en el cual se instala (deforestación, contaminación y alteración del agua, destrucción de hábitats) y no suele dejar nada más que eso a las comunidades, según un estudio de 1999 de Arborvitae (IUCN, WWF):

Los países del sur “ricos en recursos minerales tienden a tener tasas de crecimiento económico más lentas, niveles más bajos de bienestar social y distribuciones de ingreso mucho más asimétricas que los países en desarrollo no dependientes de minerales” [2].

El Estado colombiano en una actitud vasalla entrega los bienes naturales a las multinacionales, desarrolla una maquinaria de Guerra contra el pueblo para consumar la expoliación y blinda legalmente las utilidades del capital foráneo; la élite dominante actúa como agente de intereses extranjeros en contra de los intereses nacionales, por esta razón se necesita un cambio de Gobierno que aplique un cambio estructural en las políticas económicas y ambientales, lo que será posible con la lucha de la gran mayoría de la sociedad.