Iglesias y organizaciones de Defensoras de Derechos Humanos (DDH) documentan las prácticas genocidas de agentes estatales y narcoparamilitares, contra las comunidades para abrir campo a megaproyectos mineros, de infraestructura y agronegocios, castigo que también aplican a los manifestantes del Paro Nacional.
La Doctrina de Seguridad categoriza el liderazgo social como Enemigo Interno, de esta manera el régimen justifica el ataque sistemático a las comunidades en colusión con los paramilitares para favorecer que las multinacionales se apropien de los territorios.
La Primera Línea surge como mecanismo de autoprotección integrada por jóvenes para defender las protestas de la agresión policial, no son agrupamientos para la acción destructiva, ni grupos de terroristas, como los presentan el Gobierno y las grandes empresas de comunicación.
ado el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, que deja la desmovilización guerrillera, la eliminación de 300 excombatientes, centenares continúan en las cárceles, y miles han debido resguardarse para esquivar el exterminio y la reducción que les aplica el régimen.
El 4 de noviembre los secuaces de Uribe Vélez que mandan en la Unidad Nacional de Víctimas reconocieron como víctima y le concedieron una indemnización al convicto narcopolítico Jorge Visbal Martelo, maniobra perversa con la que blanquean la imagen de uno de los mayores victimarios de comunidades campesinas.
Los ataques a los Defensores de Derechos Humanos (DDH), ambientalistas, periodistas, líderes sociales, manifestantes y opositores, hacen parte de las prácticas Genocidas del régimen de dictadura mafiosa con las que pretende sofocar el reclamo de la gente que lucha por justicia y libertad.
Bogotá es una jungla de cemento donde vivimos 12 millones de personas, pero en realidad son más los que sobreviven, los que a diario se juegan la vida para conseguir unas pocas monedas para hacer una aguadepanela y embolatar el hambre.
Un Fiscal británico de la CPI acaba de conceder impunidad total al régimen colombiano cebado en prácticas Genocidas contra el pueblo durante de décadas de Conflicto Interno, que ignora la ausencia de justicia existente en el país y el oprobioso manto de impunidad con que la élite dominante tapa sus crímenes.
El paramilitarismo colombiano creado hace 60 años bajo asesoría de Estados Unidos (EEUU), ha ejecutado diversas fases del Genocidio contra el pueblo, en la actual crece públicamente en las grandes ciudades de la mano de los seguidores de Uribe.
La Misión internacional de Observación emitió su Informe sobre violaciones de DDHH durante el Paro Nacional iniciado el 28 de abril, allí denuncia que los manifestantes reciben un trato de Guerra y son víctimas de una cacería retaliatoria por parte del Gobierno.