La Doctrina de Seguridad que aplica el régimen caracteriza al liderazgo comunitario y a la oposición como Enemigo Interno, por esto dan trato de Guerra a la protesta social y a sus líderes, en tal persecución y exterminio mantienen la colusión entre Fuerzas Armadas (FFAA) y narcoparamilitares.
El Estado colombiano perpetra un Genocidio secular contra opositores y rebeldes, que encubre con un manto de negacionismo e impunidad, por lo cual 3 Tribunales Internacionales han intervenido para juzgarlo por Crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra.
La política negacionista del Estado colombiano sobre el Genocidio en curso tiene un amplio respaldado de la Fiscalía, lo que consolida y perpetua la impunidad; es urgente esclarecer los intereses económicos y geoestratégicos, determinadores, cómplices y beneficiarios de estos crímenes.
La valiente denuncia contra la colusión entre Fuerzas Armadas (FFAA) y escuadrones narcoparamilitares no la logran sofocar, pese a que no cesa la persecución y exterminio que ejecuta el régimen de la narcorepública comandada por Uribe Vélez.
El sistemático exterminio que sufren los líderes sociales, aunado al discurso negacionista del Conflicto Interno que impone el Gobierno, hacen de Colombia un territorio hostil para quienes ejercen el liderazgo de los procesos sociales.
El Gobierno Duque mientras niega el Conflicto Interno y minimiza sus impactos, a través del contubernio entre narcoparamilitares y Fuerzas Armadas (FFAA) incrementa la violencia para eliminar a opositores, defensores de las comunidades y de los bienes comunes.
Uribe pagó recompensas a las tropas que presentaran más bajas, de ahí nació la práctica genocida de matar civiles y hacerlos pasar por guerrilleros, ahora la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informa que mataron 6.402 en 8 años, un Genocidio mayor que el cometido contra la Unión Patriótica.
En Colombia asesinan el 54 por ciento de los defensores de Derechos Humanos de todo el mundo, que le otorga el primer puesto en este Genocidio perpetrado por el tercer Gobierno de Uribe, quien acaudilla un régimen de dictadura mafiosa que sostiene al neoliberalismo depredador.
No es coincidencia que desde que llegó a Colombia la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (Sfab, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, las masacres y el exterminio contra los líderes se incrementaron, lo que reafirma que la actual matanza la perpetra el Estado.
El 2020 fue el de mayor violencia política y este 2021 inició con la agudización de la Guerra sucia contra procesos populares y de la oposición, arremetida que hace el régimen para imponer su plan de neoextractivismo, para el que requiere reconfigurar el territorio y desplazar a sus habitantes.