LA PACIFICACIÓN PETRISTA DE NARIÑO
Himelda Ascanio
Las denuncias sobre las trampas a la paz hechas en Nariño, ocasionaron el congelamiento de la Mesa de Diálogos con el ELN, ahora se conocen mejor debido a diversas publicaciones, hechas por organizaciones sociales y de la prensa nacional.
Desde que Petro inició su giro hacia la derecha y se empezó a develar su continuismo con el régimen mafioso orientado desde Estados Unidos, encabezó una serie de negaciones y señalamientos, contra quienes criticaran las acciones de su gobierno. En cuanto a la política de paz, desarrolló una agenda paralela y pérfida encabezada por su consejero comisionado de paz, Otty Patiño, dedicada a adelantar simulaciones de procesos de pacificación fragmentados, en que ‘lavan la cara’ a bandas y carteles de todo tipo, como en Nariño, Putumayo, Sierra Nevada, Catatumbo, entre otras.
En una entrevista a El País de España en abril de 2024, el Comandante Pablo Beltrán decía: “Cada cosa que decimos ahí (en la Mesa de Diálogos) tenemos 12 testigos… tuvimos ocho meses de paciencia y que si ellos persisten en eso pasamos del congelamiento en el que estamos hoy, a la amenaza de existencia de la Mesa (con el ELN). Esta delegación no tiene mandato para seguir en ella… Dije una cosa en la Mesa y se ofendieron: esto no nos lo habían hecho ni Uribe, ni Santos, ni Duque. Estamos peor con Petro que con esos presidentes. Estamos muy ofendidos. Nunca un Gobierno había estirado tanto la cuerda como esta vez”.
Estigmatizan y amenazan a quien los critique
Contrario a algún tipo de reflexión crítica y en una especie de pleonasmo de soberbia, el presidente y sus ministros más cercanos, iniciaron una andanada de señalamientos peligrosos contra todo quien se atreviera a criticar, exponer o denunciar las falsedades de su política de paz. Entre 2024 y 2025, el gobierno aceleró la continuación de sus dobles agendas con la promoción de bandas narco paramilitares en versión progre. Ante lo insostenible de estas acciones y lo evidentes que resultaron, las repuestas del gobierno fueron la descalificación, el señalamiento y el intento de deslegitimar, esto aplicado a comunidades, liderazgos sociales, entidades gubernamentales y al ELN.
De esto hay varios ejemplos aterradores. El 3 de marzo de 2025, en uno de los Consejos de Ministros televisados, ante las críticas que las organizaciones sociales y comunidades del Catatumbo hacían por la militarización e implementación del Estado de Conmoción en la región, del cual anunciaban traería más violencia y más guerra; el presidente Petro dijo: “sabemos que muchas de las organizaciones que presentó Alexander están permeadas por las armas, subordinadas a las armas. Aun así, hay que quitarle la población a las armas. No se trata de llevarle recursos a las armas que hay allá”. Un señalamiento directo y amenazante que las organizaciones sociales rechazaron. 3 meses después, el tiempo y la realidad han concedido la razón a las comunidades, el Estado de Conmoción pasó y de nada sirvió.
En abril de 2025, en pleno desarrollo del estado de conmoción en el Catatumbo, el personero de Ocaña, Jorge Bohórquez, denunciaba en su cuenta de X: “El Ejército bombardea la vereda El Pino sin importar la presencia de campesinos, niños, niñas, de seguir, se presentará desplazamiento masivo, ojo con población civil”. Ante esta voz de alerta, la respuesta del ya entonces ministro del interior, Armando Benedetti, amigo y protegido del presidente, fue: “Señor Personero de Ocaña, negar la efectividad del decreto de Conmoción Interior en el Catatumbo es desconocer el enorme esfuerzo de nuestras Fuerzas Militares. Quien diga lo contrario es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país”. Señalamiento que el propio Petro ratificó en el Consejo de Ministros. Hoy es claro que se presentaron y se siguen presentando desplazamientos masivos, pues la alianza entre el Ejército estatal y la banda Exfarc, frente 33, es cada vez más evidente y se hizo prácticamente pública.
De hecho, frente a estas acciones fue la propia ONG Human Rigth Wacth quien también hizo pública dicha denuncia: el gobierno tomó partido por la banda del 33, los protege amparado en un supuesto cese al fuego unilateral, que el gobierno les concedió. Ante estas nuevas evidencias, el gobierno se descaró aún más y prácticamente asumió pública y unilateralmente la sociedad de auspicio, protección y legalización de la banda, con todo y que esta continúa en el narcotráfico y asesinando pobladores.
Resultó podrido el pollo, del ‘arroz con pollo’
Lo último que se hizo público esta semana, fueron las denuncias hechas por las comunidades indígenas de Nariño, y publicadas en una investigación del diario El Espectador:
“Las víctimas estaban denunciando lo que ya es un secreto a voces en el territorio. Según líderes indígenas, los combatientes desmovilizados son, en su mayoría, hombres mayores, ya agotados por la guerra. Mientras tanto, los más jóvenes y operativos simplemente han cambiado de brazalete: ahora se identifican como Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), como “Los Cuyes” o como cualquier otra sigla que convenga al momento. Las autoridades indígenas estaban denunciando esta farsa y, por hacerlo, fueron asesinadas” [*].
Silencios cómplices
Todas estas evidencias y denuncias fueron hechas por el ELN en su justo momento. La soberbia del gobierno, desde el presidente, sus ministros, funcionarios y delegados, va más allá de traición al pueblo colombiano. Pues han seguido adelante con planes criminales que cuestan vidas y niegan la posibilidad de la paz.
Muchos de los burócratas gubernamentales, aun conociendo la realidad la negaron, ‘miraron hacia un lado’ y guardaron un silencio cómplice, que los hace corresponsables de estos delitos. Petro escogió el camino de la muerte, aun cuando en las plazas públicas habla de vida y paz, esa es la esencia de su gobierno. Una mentira que no pudo repetir y que se le cae encima.
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[*] La única tabla de salvación en el naufragio de paz total se está rompiendo: Comuneros del Sur. El Espectador, 10-06-2025