UNA ACCIÓN POPULAR, REALMENTE POPULAR
Himelda Ascanio
Desde el alto gobierno promueven supuestas acciones populares por las reformas, consiguiendo tender cortinas de humo entre los poderes del país. En las regiones, se logran pequeñas victorias mediante una Acción Popular, como prueba de que se pueden ganar algunas.
La Costa Caribe colombiana ha sido una de las regiones golpeadas por la corrupción en todas las instancias del poder local. Secuestrada por clanes y mafias regionales, que se imponen bajo métodos criminales de toda índole; quienes incluso impulsan candidaturas presidenciales, para mantener su poder mafioso.
De todos estos entramados, obviamente los perjudicados son las comunidades, sectores y pueblos, a quienes les son negados los derechos fundamentales y los servicios básicos. Un botón de muestra de esta situación, es el robo continuado que han padecido, bajo la empresa de servicios públicos.
Una pequeña y significativa victoria
Desde 2019, durante el gobierno de Duque (2018-2022), se creó el Régimen Transitorio Especial que estableció altos cobros en los servicios públicos, para los usuarios de la Costa Caribe. Gracias a esto se implementaron cobros como el del 20 por ciento de los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM).
Ante los altos costos que empezaron a cobrarse en los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena, los personeros de Riohacha, Barranquilla y Santa Marta interpusieron una Acción Popular, argumentada justamente en la vulneración de los derechos colectivos de las comunidades de estos departamentos.
Esta acción judicial fue promovida por los 3 personeros durante el 2022 y recién tuvo una respuesta desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), quien aprobó una reformulación definitiva, eliminando de manera inmediata algunos cobros en la facturación. Con lo que se disminuye el valor que deben pagar los usuarios.
En concreto, los usuarios de la empresa Air-e dejarán de pagar alrededor de 282 mil millones de pesos al año. Y dicha decisión de la CREG, regirá también para los demás departamento de la costa atlántica, Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar, en lo que opera la otra empresa prestadora de servicios públicos, Afinia.
Un esfuerzo colectivo
Si bien quienes interpusieron la Acción Popular, fueron los personeros de las 3 ciudades, detrás de esta gestión estuvo el respaldo de procesos sociales como la Liga de Usuarios de Servicios Públicos. Al que se fueron sumando entidades y espacios como la Asociación Colombiana de Ingenieros seccional Atlántico y el Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte.
Logrado el objetivo de bajar las tarifas y combatir el robo del que son víctimas los usuarios de estas empresas, se puede augurar una posible artimaña de las empresas, en la que planteen la imposibilidad de funcionar por crisis financiera. Pues estas empresas son el mejor ejemplo de la corrupción y el abuso a la población, mientras monopolizan los servicios públicos básicos, prestan pésimos servicios, cobran altas tarifas y siempre están en crisis.
Según han mencionado los responsables de esta decisión. Ahora es necesario que el gobierno nacional garantice que la respuesta de las empresas A-ire y Afinia, no sea cortar los servicios de la gente, como represalia por la determinación, argumentando alguna argucia técnica ficticia.
Lo acontecido con esta medida y con la decisión tomada, es una muestra de las posibilidades que han existido, aun dentro del estrecho margen de la política institucional colombiana, que envía un mensaje al alto gobierno: tomar decisiones e impulsar cambios es un asunto de voluntad política, no de negociar gobernabilidad, manipular acciones populares y acatar órdenes extranjeras.
Asesinados de la semana
Juan Camilo Espinoza Vanega, era un reconocido líder social y político, actual Concejal por el Partido Autoridades Indígenas de Colombia -AICO- en San Andrés de Cuerquia, Antioquia; fue asesinado el 16 de junio en la vereda Agüita, en el corregimiento de Santa Cecilia, Antioquia.
Arley de Jesús Holguín Urrego, era firmante del acuerdo de paz; fue asesinado el 16 de junio en el corregimiento de Santa Cecilia, Pueblo Rico, Risaralda.
Dayiston Correa Meneses, era un líder y promotor cultural, destacado por ser un defensor de la memoria y el patrimonio cultural del municipio; fue asesinado el 12 de junio en Segovia, Antioquia.