GUERRA SUBSIDIADA, NARCOTRÁFICO, BANDAS Y MERCENARIOS
Comandante Antonio García
En la doctrina y en la práctica de las Agencias de seguridad norteamericanas (CIA, DEA y FBI), así como en las Fuerzas Armadas colombianas se volvió medular trabajar articuladamente con las bandas en todo el continente, sean grandes bandas delincuenciales.
Bandas como lo son el Tren de Aragua y el Tren de los Llanos, o los grupos paramilitares llámense Clan del Golfo, los Conquistadores de la Sierra Nevada o los Pachenca; así como también los grupos de las Ex-Farc sean de Mordisco o la 2 Marquetalia; y desde luego con los grandes carteles sean mexicanos o mafias internacionales como la Albanesa.
En la estrategia de «guerra subsidiada» que se viene implementado en Colombia y otras latitudes, se busca que son otros los que libran las guerras y colocan el «cuero», buscando que los integrantes de dichas bandas sean tropa de operaciones, en los planes desestabilización en el continente contra los gobiernos que no comulgan con los intereses gringos.
Es así como ya aparece registrada en diferentes medios nacionales e internacionales la presencia de varias mafias internacionales en América Latina, lo cual no tendría nada de raro si precisamente en el continente no se contara con la presencia en cada país de manera legal y en otras clandestina de la DEA (Drug Enforcement Administration) o en español la “Administración para el Control de Drogas” de los Estados Unidos que cuenta con una cantidad de recursos y poder ilimitados con el objetivo presunto, de evitar el tráfico de drogas.
Lo más notorio que se conoció y que tal vez llevo a la inquietud de poner la lupa sobre ese tema, fue el reporte de la existencia de información acerca de un informe policial del año 2001 en contra del cuñado del presidente Lasso, de Ecuador, el señor Danilo Carrera y su entrañable amigo Rubén Chérres, de su relación con miembros reconocidos por las autoridades como integrantes de la mafia albanesa. E incluso, con registro audiovisual fue posible observar las reuniones entre estas personas y el mafioso Dritan Gjika de nacionalidad albanesa y señalado de utilizar una empresa fachada en Guayaquil para exportar bananos a Europa pero que en realidad utilizaba para transportar droga y con dicho dinero, se dice, se financio parte de la campaña de Lasso, el cual, adelantándose a posible juicio político, decidió retirarse, en términos más exactos, huir antes de ser procesado y encarcelado por sus nexos con el narcotráfico.
La presencia de la mafia Albanesa también se registra en países como Perú, Colombia, Venezuela, México, Bolivia, Argentina y Panamá. La mafia albanesa no es una estructura monolítica, comprende a su vez varias redes de organizaciones. Son conocidas sus alianzas con el Cartel de Sinaloa en México, con el reducto del Mayo Zambada, así mismo se sabe que gran parte de su operación de lavado de dinero se hace en paraísos fiscales norteamericanos y canadienses.
Manejan no solo el tráfico de droga sino también el lavado de dinero y conocido es que, uno de sus negocios más lucrativos es la trata de personas en Europa del este. Su presencia es reconocida por las mismas autoridades en Reino Unido, Bélgica, Francia, España y sobre todo Países Bajos. En Europa juega con un socio estratégico, la mafia italiana, la conocida “Ndrangheta” de Calabria.
El continente americano también es usado por sus capos, para esconderse y pasar desapercibidos como empresarios, crean emporios económicos que sirven de fachada para el narcotráfico y que a su vez utilizan redes de mafias locales para garantizar su seguridad, mercenarios, sin olvidar sobornar las autoridades.
Lo llamativo de todo este entramado es que las operaciones de narcotráfico no se dan por rutas clandestinas o embarcaciones artesanales, se dan principalmente “contaminando” containers que van de los puertos oficiales a Europa. Si esto es así, es apenas lógico que deben contar sin duda, con la anuencia de las autoridades del país del que sale la mercancía y del país al que ingresa.
En este contexto, ¿por qué la responsabilidad de dicho fenómeno es adjudicada solo a los países Latinoamericanos? En este escenario es tan responsable la autoridad que deja salir las drogas, como aquella que de manera corrupta las deja ingresar.
Y es que además, se obedece a una regla básica del mercado: existe una oferta de narcóticos, porque claramente hay una gran demanda de narcóticos.
Decir que la famosa estrategia de lucha contra las drogas lanzada desde los años 70’s por los EEUU a nivel global es un fracaso, ya es una obviedad.
Hoy la pregunta es ¿por qué se sigue insistiendo en una política en cabeza de EEUU?, o es que ¿sus razones reales van más allá de una frontal lucha contra las drogas?
La respuesta es que, dicha política garantiza tener presencia en terreno, de múltiples oficinas de la DEA, que a su vez tiene agentes en dichas agencia y con autorización para tener contactos con informantes de carteles o incluso personas activas al interior de la misma mafia con la excusa de hacer acercamientos y establecer contactos, claro, sin control del país donde tienen actividad.
Su principal forma de operar es por medio de lo que llaman “entrampamientos” que no es más que la utilización del llamado agente provocador, cuya característica distintiva es que hace nacer en alguien la voluntad de delinquir; un asunto entre otras, prohibido por las leyes colombianas pero, utilizado sin problema por estos agentes que cuentan con status diplomático.
¿Es acaso esta, en realidad una efectiva forma de control regional?
La DEA dispone en América de 40 oficinas, de las cuales cuatro tienen mando regional en la Ciudad de México (que incluye a Centroamérica), San Juan, Puerto Rico (para el Caribe), Bogotá (para Colombia, Ecuador y Venezuela); y Lima (para Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).
Dicha agencia cuenta con 15 oficinas residentes en México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Bahamas, además de 21 «oficinas país» en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, República Dominicana, Haití, Jamaica, Guyana, Bahamas, Barbados, Trinidad y Tobago y Curazao.
Cuenta con un presupuesto que supera los 3.000 millones de dólares y en solo EEUU su planta asciende a 10.169 personas, incluidos 4.924 agentes especiales y 800 analistas de inteligencia. Como puede verse, es un ente gigantesco que ofrece “precarios resultados” en términos de costo-beneficio, un asunto que ya debía haberse replanteado.
La utilización del narcotráfico, como forma de adquirir fácilmente una «fortuna», es el atractivo para los integrantes de estas bandas, por eso las Agencias gringas les dan «patente de corso», y así pueden contar con el personal a discreción para realizar sus «fechorías».
Así como la DEA, las otras agencias gringas también están activas en este tipo de prácticas donde aplican «los principios» de la guerra subsidiada, y Colombia es un epicentro donde estamos viendo crecer todo tipo de bandas con impacto internacional y desde donde están saliendo a realizar operaciones de desestabilización como la que aconteció en Haití; pues en Colombia existe disponible una gran cantidad de ex-militares que están listos para enrolarse en este mercado de mercenarios. El mejor disfraz para beneficiarse del narcotráfico es vestirse de luchador contra él.
Es evidente que si no acabamos la relación entre narcotráfico, paramilitares y fuerzas armadas, no será posible cambiar las cosas y tener una fuerza pública que cuide a los ciudadanos.
Demasiado evidente la relación entre paramilitares y fuerza pública
Tenemos un narcoejército y mientras no quiten a los cabecillas (generales y coroneles) será imposible sanear las fuerzas militares