EL PNIS NO SUSTITUYÓ CULTIVOS NI CORRUPCIÓN
Sergio Torres
El presidente Gustavo Petro en una exposición hecha en Tumaco, Nariño, señaló al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) como un foco de corrupción durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Esta afirmación tuvo reacciones del propio Santos y tiene alcance también para el gobierno Duque.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) fue decretado entre 2016 y 2017 como parte de los Acuerdos de Paz con las FARC. Su función estaba proyectada en impulsar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, enfocado en una supuesta gestión de proyectos y programas que derivarían en nuevas condiciones para las familias campesinas cultivadoras.
Así mismo, en su adopción este programa y su garantía de cumplimiento, se plantearon un marco de varios elementos vinculados: Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), acuerdos de sustitución con las comunidades y trato diferencial de tipo penal. Esta fue parte de la estrategia de la política antidrogas del gobierno Santos.
El pasado 4 de octubre, el gobierno presentó desde el Tambo, Cauca, la llamada nueva política antidrogas, de la cual el ministro de justicia y del derecho, Néstor Osuna, dijo que será una oportunidad para vivir. En el marco de promoción de esta nueva política del gobierno, con la cual busca disminuir las hectáreas cultivadas con coca, reducir la oferta del mercado e intervenir las finanzas del narcotráfico; el presidente Gustavo Petro denunció el fracaso de anteriores políticas antidrogas, señalando directamente al PNIS como un “antro de corrupción”.
Una “papa caliente”
Ante los señalamientos del presidente Petro y las acusaciones contra supuestos intermediarios por haberse robado los recursos dirigidos a los campesinos que hacían parte del programa; funcionarios del gobierno Santos reaccionaron. Eduardo Díaz Uribe, quien fue director del PNIS durante ese gobierno, afirmó al diario El Colombiano que: “No hicimos ningún contrato con fiducias ni operadores. La entrega de los recursos a los campesinos se hizo directamente, y sin intermediarios, a través del Banco Agrario”.
En una carta firmada por Rafael Pardo, anterior consejero para el Postconflicto de Santos, este señaló que: “Durante el gobierno Duque la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) fue retirada del programa y sustituida por múltiples operadores y fiducias. Así mismo, las instancias de participación y control de los campesinos dejaron de ser convocadas y fue suspendido el acompañamiento en terreno que hacían los firmantes de paz”.
El efecto dominó de las acusaciones generó que Emilio José Archila, exconsejero de la administración Duque, replicara defendiendo la gestión de su gobierno y devolviendo acusaciones a su antecesor, manifestando que en 2018 el PNIS no tenía sin apoyo financiero y solo eran promesas. “Lleno de promesas” para 100.000 familias de 56 municipios.
Realidades que confirman
Más allá del cruce de acusaciones y aclaraciones entre exfuncionarios y expresidentes, las realidades en materia de política antidrogas confirman el fracaso que estas han significado para el país. Los problemas de fondo continúan, las mafias narcotraficantes siguen dentro del propio establecimiento, el Estado continúa ausente de los territorios y las cifras de cultivos de coca muestran aumento. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reporta un incremento del 13 % en el área sembrada con coca en el país, pasando de 204.000 ha en 2021 a 230.000 ha en 2022.
Un informe de la Revista Cien Días del CINEP en 2021, planteó las realidades de este programa: “Si bien el PNIS tenía problemas presupuestales e institucionales desde el gobierno Santos, la administración de Duque no ha realizado acciones encaminadas a solucionar esta problemática, teniendo en cuenta que no se evidencia interés político en la implementación de este programa. Por el contrario, ha creado Hecho a la Medida, una nueva estrategia para la sustitución de cultivos en la que delega su responsabilidad presupuestal, y la asume sólo como un complemento a la apuesta de erradicación y el regreso a la aspersión con glifosato… Esto, incluso, no aborda las conflictividades en los territorios, no protege los liderazgos sociales en proceso de sustitución, no da alternativas a mujeres cabezas de hogar y no construye confianza entre líderes y lideresas y un Estado que debería garantizar sus derechos”.