LAS ACTUALES LUCHAS FEMINISTAS EN COLOMBIA
Carmen Tarazona y Hernando Martínez
La movilización del 8 de marzo expresa la fortaleza de los movimientos de mujeres; a su vez la insurgencia sigue integrando los derechos de la mujer en su ideario y adecuando su actuar en consecuencia.
En los últimos años las luchas políticas promovidas desde las mujeres han generado avances significativos a su favor, ahora existen derechos constitucionales que hace un siglo eran impensables, pero aún la igualdad y la dignificación de la mujer sigue siendo una meta por lograr; en Colombia la Guerra sigue golpeando a las mujeres, de ahí que las luchas de los movimientos populares priorizan la Solución Política del Conflicto.
Como insurgentes entendemos que derrumbar el patriarcado no se logra en batallas dentro del hogar sino en la batalla cultural y política anticapitalista, pero igual hay que luchar para que cese la violencia y la explotación doméstica en los hogares, nos identificamos en la urgencia de erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, la esclavitud sexual, la desigualdad, la segregación, la exclusión económica y la sobrexplotación laboral.
La solución política desde y para las mujeres
El Registro Único de Víctimas (RUV) del Conflicto Armado reporta 4.192.062 mujeres víctimas de desplazamiento forzado, amenazas, asesinatos y violencia sexual, de ellas 569.040 se reconocen como negras o afrocolombianas, 228.534 indígenas, 4.769 raizales, 4.665 gitanas o Rrom, 3.825 palenqueras y 3.381.229 consideran que no tienen pertenencia étnica [1]; entre ellas están las más de 140 lideresas asesinadas desde 2016 a la fecha, según Indepaz.
Donde hay fuertes intereses mineros, agroindustriales, megaproyectos de infraestructura vial y portuaria se centra la violencia que deja esos millones de mujeres viudas y huérfanas expulsadas a la precariedad en las ciudades; los territorios más afectados están en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Magdalena, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Norte de Santander.
Este es el mayor drama que están viviendo las mujeres colombianas, el programa de reparación de víctimas está estancado, desde 2013 se han entregado unidades de negocio a 7.232 mujeres, así mismo, desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 31 de enero de 2021, 6.168 hogares con jefatura femenina recibieron ayudas humanitarias por valor de 6.021.209.346 de Pesos, según la Unidad de Víctimas del Gobierno 101.863 mujeres recibieron indemnización económica desde el 2018 a la fecha.
No se trata de proveer reparación individual o de reparar simbólicamente a unas pocas organizaciones sociales, lo inaplazable es frenar el despojo a los pueblos étnicos y campesinos, para generar condiciones para el retorno, formalizar nuevos asentamientos y no permitir la persecución a las mujeres de las organizaciones populares en sus territorios asediados.
Feminicidio y violencias que persisten
En 2015 aprobaron la Ley 1761 que penaliza el feminicidio, se esperaba que la aplicación de esta Ley redujera los niveles de violencia contra la mujer por ser mujer, pero esto no ha sido así; según la ONU y el Instituto de Medicina Legal hasta 2018 había 34.600 procesos por feminicidios, de los cuales la Fiscalía solo ha imputado a 348 personas, quedando 90 por ciento de los casos en la impunidad.
Por la pandemia creció la trata de mujeres, niñas y jóvenes para la esclavitud sexual y laboral dentro del país y hacia el exterior; según datos del Gobierno de los 686 casos de 2020 la mayoría mujeres fueron despojadas de sus derechos y de su dignidad [2].
Otros derechos
Con la Ley 1822 de 2017 la lucha de las mujeres trabajadoras ha avanzado en protección del derecho de lactancia para las mujeres con empleos formales, alcanzando licencia laboral de 18 semanas, quedan por fuera de este derecho la mayoría de las mujeres colombianas, como las campesinas y las pobladoras de asentamientos periféricos que por las altas tasas de desempleo e informalidad laboral femenina carecen de ayuda para el parto y la lactancia.
El Congreso aprobó en 2020 la paridad en los diferentes espacios de decisión de los poderes públicos, que empezará a regir a partir del 2022; pero no basta que las mujeres ocupen cargos representativos, ellas deben formarse para ser lideresas de las luchas por los derechos de la mujer y remontar los patrones patriarcales en el ejercicio del poder.
En la agenda de lucha sigue la formalización laboral de las trabajadoras domésticas, establecer la Renta Básica para las mujeres trabajadoras informales y las desempleadas, apoyar la inclusión de la pedagogía de paz con enfoque de género en el currículo escolar del país, entre otras.
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[1] Mujeres Víctimas del Conflicto Armado. Unidad para la atención y la reparación de las víctimas, fecha de corte 31-01-2021.
[2] Más pobreza y violencia para las mujeres, los efectos del Covid-19. El Tiempo, 21-02-2021.