F. Morris
El proyecto de ley que busca la reforma a la política criminal y penitenciara ha suscitado un debate al que hasta ahora no se invitado pública y protagónicamente a la población privada de la libertad, que en últimas son quienes sufren los vejámenes del sistema carcelario.
Aunque varios sectores han sido convocados por el Gobierno para presentar sus aportes al borrador del Proyecto de Ley de Reforma a la política criminal y penitenciaria, este debe ser mucho más amplio y de carácter vinculante.
Transformar la visión del sistema carcelario
El abolicionismo de la privación de la libertad como forma de castigo a la comisión de delitos [1], es un primer principio para comparar este borrador, que la ubica como una reforma demasiado moderada; si bien su intención es ser un giro en la política criminal colombiana hacia un enfoque restaurativo, solo tímidamente implementa algunas medidas de dicho enfoque, resultando ser insuficiente.
¿Cómo profundizar aún más el enfoque restaurativo en el borrador de la reforma?, ¿por qué no coinciden la exposición de motivos, las buenas intenciones que dice tener el Gobierno con las propuestas concretas que se hacen allí?, ¿cómo contrarrestar la Doctrina del Enemigo Interno y la de Seguridad Nacional?
El borrador presentado por el Gobierno no es tan restaurativo como anuncian en los medios, con el agravante que puede ser recortado aún más en el proceso legislativo. Si bien no se espera que toque los cimientos clasistas propios del capitalismo disciplinario [2].
El enfoque restaurativo debe ser aplicado con toda la población privada de la libertad sin exclusión de delitos, para resarcirse y compensar a todas las víctimas del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) que se sufre en las cárceles, que produce muertes violentas y naturales ocurridas al su interior, las que entre 2013 y 2018 ascendieron a 4.075; a los que se agregan los graves Crímenes de Estado aún impunes, como las masacres en la Modelo en el 2020 y en la de Tuluá el año pasado, entre tantas otras violaciones sistemáticas a la dignidad humana, las torturas, negligencias médicas y diversos abusos por parte de quien se supone está para resguardar nuestra seguridad y vida por estar en condición de relación especial de sujeción con el Estado y ser población vulnerable.
En cumplimento al principio de favorabilidad y el derecho de igualdad, más allá de la agenda política y de los delitos que no gozan de la favorabilidad de ciertos sectores de la sociedad colombiana y que se reproducen en el sentido común de la población, todos tenemos los mismos derechos, no pueden seguir existiendo prisioneros y prisioneras por categorías estratificadas y discriminatorias, como si la resocialización que tanto promulgan solo aplicara para cierto tipo de delitos.
Cambiar el modelo es inaplazable
Los cambios propuestos por el Gobierno amplían el alcance de ciertos beneficios y subrogados a delitos que antes no gozaban de este acceso, pero sigue siendo limitado y restringido, en otras palabras, proponen un cambio muy superficial a lo que venía de antes con los delitos propios de la justicia especializada (que no toca esta reforma) y los considerados graves.
Debería abrirse el debate sobre el acceso a beneficios para este tipo de delitos, crear un ambiente político que permita transformar con más ahínco el imaginario colectivo alrededor del castigo, la justicia y la comisión de delitos considerados graves.
Son más las observaciones y propuestas que se debaten y se espera sean tenidas en cuenta, para al menos fortalecer el enfoque restaurativo que el actual Gobierno pretende materializar y no hacer de esta reforma un giro insuficiente. Basta con recordar la consigna “los derechos no se mendigan, se arrancan al calor de la lucha organizada”.
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[1] Conferencia en el 2010 en la Universidad Nacional de Colombia sobre la historia y los antecedentes del llamado “Black Feminism”, la perspectiva de la interseccionalidad, el racismo de Estado y el complejo industrial de las prisiones.
[2] Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión. Siglo XXI editores, Buenos Aires, Argentina, 2002.
