Sergio Torres
Con el inicio del nuevo año y el cierre de la temporada vacacional, se incrementó la movilidad por las vías del país y con ello las quejas por su pésimo estado. Carreteras como la Ruta del Sol son ejemplos fehacientes de la corrupción que pulula en las obras públicas.
Entre el 8 y el 9 de enero en las veredas Santa Clara, La Soledad, Párraga Viejo y Chontaduro del municipio de Rosas en el Cauca, un gran deslizamiento de tierra destruyó varias viviendas y un tramo de la Panamericana, la vía principal que comunica el sur del país. El presidente Petro hizo presencia en la zona anunció la construcción de una carretera doble calzada entre los municipios de Rosas en el Cauca e Ipiales en Nariño, es decir, una vía de aproximadamente 190 kilómetros que reemplace la actual, alejándose de las fallas geológicas que originan los derrumbes.
Que no sea como la Trocha del Sol
La idea de construir una carretera de esas magnitudes e importancia, inmediatamente trae a colación las múltiples quejas por el pésimo estado de la vía llamada Ruta del Sol, que arrastra con historia de grandes e interminables tramas de corrupción, que justamente siguen apareciendo y vinculando funcionarios.
Cabe recordar que este proyecto vial inició hace 26 años. Se adjudicó en tres tramos y tres concesiones, de las cuales todas han estado inmersas en escándalos de corrupción, el más grande el llamado Ruta del Sol 2, adjudicado en 2009 y donde se pagaron sobornos por 6,5 millones de dólares. Escándalo que aún no termina y que vincula a la firma brasilera Odebrecht entre varios personajes poderosos como Luis Carlos Sarmiento Ángulo y el exfiscal Néstor Humberto Martínez.
Para el tercer tramo de esta vía, hace algunas semanas se conocieron nuevas imputaciones e investigaciones sobre los funcionarios que adjudicaron esta concesión. Antiguos funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) son investigados y deben responder por los contratos de la Ruta del Sol III, por delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares.
El resultado del robo en los contratos y las prorrogas, son los múltiples incumplimientos y que esta carretera sea un desastre. Por diversas plataformas digitales se puede observar el lamentable estado en el que, entre huecos de gran tamaño y fragmentos sin pavimento, se movilizan los usuarios. Lo que confirma que ni el dinero de los contratos, ni el dinero de los peajes se destinan al mantenimiento de la vía.
¿Y la plata de los peajes?
Esta es la pregunta que se hacen un sin número de personas que se movilizan por las carreteras colombianas. Según el Ministerio de Transporte existen 178 peajes en el país. Esa cifra pone a Colombia en el podio de los países con mayor número. Además de ese registro, lo más cuestionable es que según el mapa interactivo del Ministerio, existen peajes en tramos de menos de 100 kilometros, incluso de 50 y hasta en tramos de 20 kilometros como en el caso de la carretera de Cartago (Valle) a Pereira (Risaralda).
Ante las quejas de transportadores y usuarios por el elevado precio y la cantidad de peajes, la semana pasada el Ministerio de Transporte emitió un Decreto en el que se congelaban estas tarifas. Dos problemas se identifican frente al Decreto, uno es que solo cobija a aquellos operados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invía), y dos que varios peajes ya habían incrementado precios y los no operados por estas entidades siguen aumentando las tarifas.
En las ciudades es peor
En Bogotá varios manifestantes volvieron a las calles en protesta por el incremento en el sistema de transporte Transmilenio, que para el 2023 tuvo un aumento de 300 pesos en su tarifa, con la excusa de que la empresa sufre déficit financiero. Alzas que no se compadecen con el mal servicio que presta.
En Cali, finalizando el año el Sistema de Transporte Masivo de Occidente (MIO) volvió a declararse en crisis, esto hizo que el Alcalde lanzara como medida de salvamento un Proyecto de Acuerdo en el que se direccionan recursos de movilidad y sobretasa a la gasolina para salvar financieramente al MIO. También aquí las quejas por mal servicio son la principal característica.
Así las cosas, el panorama en materia de transporte a nivel general no evidencia cambios. Vías, peajes y transporte masivo urbano del que se lucran privados con recursos públicos y pésimos servicios. Tanto usuarios urbanos e intermunincipales que son los principales afectados, han iniciado campañas y jornadas de protesta que seguirán si las cosas no cambian en esta materia. Un modelo diferente de movilidad y transporte se hace necesario y urgente, pero este no se hará con Ministros pertenecientes a las mafias políticas tradicionales.
